Al presentar el legado de los últimos 15 años al gobierno electo, Presidencia no incluyó logros en la seguridad

De ser un tema prioritario, la seguridad se transformó en un problema para el gobierno actual. Antes de asumir el cargo, el presidente anunció que disminuiría las rapiñas en 30%, pero 2018 dejó cifras récord en rapiñas, homicidios y hurtos. En el primer semestre de este año los homicidios y los hurtos disminuyeron en comparación al mismo período de 2018, mientras las rapiñas —aunque con desaceleración— siguieron en crecimiento.

Fonasa, maternidad y marihuana

Los cuatro capítulos en los que se divide son macroeconomía, distribución, protección social y perspectivas a futuro. En el tercero, protección social, señala subcapítulos y logros obtenidos en educación, salud, seguridad social y sistema de cuidados. “En la actualidad hay más niños y jóvenes estudiando, y una mayor proporción de estos culminan los ciclos educativos”, dice sobre la enseñanza. En cuanto a salud, sostiene que el panorama actual difiere “sustancialmente del que había 15 años atrás” gracias al Fonasa, a ASSE y al Fondo Nacional de Recursos.

Los restantes capítulos y subcapítulos también comparan la situación entre 2005 y 2019 con ejemplos en numerosas áreas. “La deuda neta del gobierno central descendió como proporción del PIB”, afirma sobre “el período de crecimiento más largo de la historia económica del país”, en el cual incluye el aumento del Producto Interno Bruto per cápita, la inserción internacional, una inversión vial que alcanzó “su máximo valor patrimonial”, la fibra óptica de Antel, la planta desulfurizadora de Ancap, las políticas de inversiones de UTE y el porcentaje de hogares conectados a OSE.

Al hablar de distribución, el documento hace hincapié en la reducción de la desigualdad y la pobreza, el mercado de trabajo, el complejo proceso de desmontar la “opacidad” tributaria y la nueva agenda de derechos. “Uruguay recorrió aproximadamente un tercio de la distancia que lo separaba de los países más igualitarios del mundo”, afirma respecto a la desigualdad con base en el índice de Gini y con alusiones al Plan Nacional de Emergencia Social y al Plan de Equidad.

Negociación colectiva, leyes de libertad sindical, de tercerizaciones y subcontratación, de empleo juvenil, de responsabilidad penal empresarial, de regulación del trabajo doméstico y de los peones rurales, y de licencia por maternidad y paternidad en la actividad privada son las razones esgrimidas para que a partir de 2005 se marcara “un punto de quiebre con respecto a las reglas de juego que imperaban hasta entonces” en las relaciones laborales.

Sobre la agenda de derechos, la explicación también es amplia. “Como a principios del siglo XX, Uruguay volvió en las primeras dos décadas de siglo XXI a ubicarse en una posición de vanguardia en cuanto a derechos sociales. En las últimas décadas el país ha asumido una serie de compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos y ha promulgado una serie de leyes de avanzada referidas a la diversidad sexual, la salud sexual y reproductiva, la institucionalidad con perspectiva e´tnico-racial y las políticas públicas sobre drogas”, expresa el documento, que menciona el matrimonio igualitario, el derecho a la educación de los colectivos minoritarios, la adopción por parejas homosexuales en unión concubinaria, el cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios, la reproducción asistida, la ley de violencia de género, la ley integral para personas trans, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la regulación legal del mercado de cannabis.