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Finalmente, la Cámara de Representantes dejará sin efecto la congelación de dos partidas que recibían los jueces y que integran su salario. Esa pretensión del oficialismo había ingresado al proyecto de ley de Presupuesto como “peludo de regalo”, una acción que muchos jueces consideran una “traición” porque hacía un mes que venían conversando con los legisladores.
Sin embargo, aunque ahora se deje sin efecto, lo sucedido colocó a los jueces en un estado de alerta permanente. “Desnudó la ignorancia o desaprensión de algunos políticos”, a quienes “el Poder Judicial les importa poco, salvo para obtener algún rédito cuando judicializan sus conflictos”. Entonces pretenden que los jueces les saquen las castañas del fuego y los utilizan “como material descartable”, me comentaron dos ministros de tribunales con la jubilación cercana.
Vale la pena revisar los antecedentes. En la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda apareció de sopetón la congelación de las partidas de perfeccionamiento académico y el pago del alquiler de viviendas. Ocurrió pese a las conversaciones que venían desarrollando jueces y políticos. Las imputaciones de “traición” y de “puñalada trapera” no son gratuitas.
Ningún juez quiso poner la cara para esas adjetivaciones porque hacerlo públicamente se consideraría políticamente incorrecto y complicaría cualquier otra negociación. Sin embargo, es lo que sienten y piensan decenas de jueces con el peso del resultado de las recientes elecciones de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU). La votación cambió la estructura de la comisión directiva. Una nueva lista tuvo una alta votación y muchos de sus integrantes, jueces jóvenes, no están dispuestos a ceder sus “derechos y necesidades para evitar confrontar con el poder”, comentaron algunos de sus integrantes.
Advirtieron que tampoco especulan sobre cómo pueden hacerlo ministros de los tribunales con la expectativa de recibir apoyo político para ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
¿A qué corresponden las partidas que se pretendían congelar? La de perfeccionamiento académico (alrededor de $ 1.080 mensuales en el caso de ministros de los tribunales) tiene como fin la compra de libros jurídicos o el pago de cursos de perfeccionamiento. La de vivienda (15% de las retribuciones permanentes) la destina la Corte a los jueces cuando son trasladados a destinos en los que el Poder Judicial no tiene vivienda y deben alquilar. Ni en un caso ni en el otro el dinero de esas partidas es suficiente para enfrentar esas necesidades por lo que deben complementarlas con sus ingresos mensuales. En suma, pagan para capacitarse y para tener un techo.
¿Por qué razón durante las conversaciones con AMU los políticos ocultaron que consideraban congelar esas partidas? Los jueces tampoco recibieron información del Poder Ejecutivo sobre esa intención.
¿Cómo se pergeñó ese sorpresivo artículo y quienes fueron sus promotores? ¿Hay quiénes tienen interés en perjudicar los ingresos de los jueces? Algunos, aunque sin demasiado fundamento, suponen que se pretendió darles “un tirón de orejas por algunos fallos contrarios a intereses políticos, especialmente en el área penal o en delitos de lesa humanidad. Según ese razonamiento, como en la escuela: “Te portás mal y te pongo en penitencia”. En este caso la penitencia es al bolsillo.
De lo que no hay dudas —“salvo la ignorancia zopenca de algunos”— es que ambas partidas integran desde hace muchos años el salario, la remuneración habitual de los jueces. Por eso los afectados advirtieron que si se insistía con asestarles ese mazazo presentarían acciones de inconstitucionalidad con una alta certeza de que la congelación fuera declarada inconstitucional. Al frente de esas acciones estaría AMU, dijo la semana pasada a la diaria su presidenta, Cristina Cabrera.
Como en el Presupuesto tampoco hay proyectados aumentos, a la puerta de los jueces estaba golpeando una rebaja salarial y el salario es intangible. Se añade el agravante de que para los ingresos tampoco se aliviará la presión fiscal.
Para dar macha atrás los diputados argumentan que estaban mal informados. Que creían que esas dos partidas se pagaban bajo el rubro gastos de funcionamiento y que por ello no eran unas partidas salariales, dijeron legisladores oficialistas a El Observador. ¡Pavada de error de información! “¿Zopenco, dijo?” Un juez, parado en la cuchilla, reflexionó: “Si tomaran decisiones similares con el Sunca, los metalúrgicos, los maestros, los empleados municipales o los bancarios tendrían un lío monumental. Se abusan porque los jueces no hacemos escraches, no desfilamos por 18 de Julio, no militamos en partidos, ni sacudimos pancartas. ¡Pero atención! Hacer huelga ante situaciones de este tipo habrá que analizarlo si llega el momento”.
Cabrera había destacado en El Observador que a la congelación se añadía que desde hace varios períodos el Poder Judicial no ha recibido aumentos. “No sé si el espectro político llega a comprender la importancia (de la tarea judicial). En definitiva, somos los garantes de los derechos individuales de las personas. Una Justicia que no tiene los medios suficientes va a ser lenta o inadecuada”.
Es evidente que no existe ninguna preocupación política por la situación económica judicial. “Podemos hablar del deterioro de sus condiciones socioeconómicas y eso puede ser perjudicial para una futura independencia (...). Estamos hablando de captar a los mejores para las funciones importantes. Si seguimos retaceando los salarios, no vamos a conseguir a los mejores”, sentenció Cabrera.
