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    Alimentos, fármacos, limpieza, vigilancia y la factura de UTE fueron los mayores gastos no salariales de la administración

    Gordo, grande. Así opinan algunos que es el Estado uruguayo y le ponen la talla habitualmente refiriéndose a una plantilla que ronda los 295.000 funcionarios. Más allá de la discusión política acerca de su tamaño, lo cierto es que el sector público es uno de los principales consumidores de bienes y servicios que requiere para funcionar.

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    Algunas dependencias de la administración central son, por ejemplo, los mayores clientes de UTE o Ancap. Otras compran grandes cantidades de alimentos, productos farmacéuticos, prendas de vestir, así como servicios de vigilancia o limpieza.

    El gasto de funcionamiento sumó unos U$S 10.450 millones el año pasado, lo que engloba retribuciones personales (U$S 4.270 millones), suministros (U$S 170 millones) y otros rubros (U$S 6.018 millones), calculó Búsqueda a partir de datos de la Contaduría General de la Nación (CGN). La información disponible detalla algunos conceptos de gasto para la administración central que están abarcados por el Presupuesto Nacional: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar), el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Fiscalía General de la Nación, entre otros.

    Dejando de lado el pago de salarios y aportes previsionales por la plantilla pública, los alimentos para personas y los productos medicinales o farmacéuticos, figuran entre los principales rubros: se gastaron en torno a U$S 104 millones en esas dos categorías de bienes el año pasado. Un monto algo menor (U$S 96,2 millones) fue para servicios médicos, sanitarios y sociales. En limpieza, aseo y fumigación se pagaron U$S 63,6 millones, mientras que a servicios de vigilancia y custodia se destinaron U$S 54,2 millones. Casi U$S 46 millones fueron viáticos dentro del país y hubo U$S 17,2 millones de “gastos en el exterior”. Además, la administración central también abonó indemnizaciones por U$S 2,3 millones.

    El gasto de funcionamiento, incluido el salarial, es un núcleo poco flexible que quita margen para el manejo presupuestal.

    Suministros

    Los gastos de suministro el año pasado en toda la administración central fueron 21,7% más que en 2015, medidos en términos reales o constantes (descontada la inflación de precios).

    La contabilidad presupuestal computa como gastos de suministro las compras de bienes de consumo y los servicios no personales. Dentro de esta categoría, la factura de UTE fue la más abultada: en 2016 la administración central pagó unos U$S 58,8 millones. En términos reales, eso fue un aumento de 24,4% respecto a 2015.

    La ANEP —bajo cuyo paraguas hay unos 17.000 maestros, profesores y personal administrativo, además de unas 1.100 escuelas, unos 300 establecimientos de educación técnica y la misma cantidad de liceos— gastó U$S 18,3 millones en electricidad el año pasado. Defensa —con unos 28.700 funcionarios, muchos desplegados en una quincena de batallones y algunos regimientos en varios puntos del territorio nacional— siguió en importancia en este rubro con pagos a UTE por U$S 8,5 millones, y luego el Ministerio del Interior con U$S 5,2 millones. Una cifra apenas inferior destinó a la factura eléctrica el INAU.

    Combustibles continuó en orden de importancia dentro de los gastos en suministro del conjunto de la administración central: sumaron U$S 37,5 millones el año pasado. Respecto a 2015, eso significó 31,3% real más.

    Defensa, con una flota que incluye vehículos terrestres, barcos y aviones para uso de sus tres fuerzas, fue el que más gastó en combustibles en 2016 (unos U$S 10,5 millones). Las patrullas y otros vehículos del Ministerio del Interior tuvieron un consumo que costó U$S 9,2 millones.

    El Ministerio de Transporte y Obras Públicas gastó U$S 5,8 millones en combustibles para su flota, que es más pequeña que la de Defensa e Interior, pero algunas de sus unidades recorren distancias largas en el circuito de rutas y caminos de todo el territorio. A este rubro la Universidad Tecnológica destinó U$S 4,1 millones en 2016.

    En el servicio de agua potable toda la administración central gastó casi U$S 27 millones el año pasado, un incremento de 22,4% real frente al anterior. La Universidad de la República fue el inciso que más recursos destinó a este rubro (U$S 10,3 millones), seguido por Defensa (U$S 4,9 millones) e Interior (U$S 3,3 millones).

    En telefonía y transmisión de datos la administración erogó casi U$S 28 millones. El Ministerio del Interior fue el que más dinero destinó a este rubro (U$S 5,2 millones), pese a que —según los registros de la CGN— ejecutó poco más de la mitad del crédito asignado.

    Unos U$S 2 millones fue la factura total de gas a nivel de la administración central —casi 30% más que en 2015—, aunque no todos los incisos emplean ese energético. La cuarta parte de dicho gasto lo ejecutó ASSE.

    El gasto en alquileres bajó cerca de 3,8% real el año pasado frente al anterior y totalizó el equivalente a U$S 17,4 millones. El Ministerio de Vivienda y el Poder Judicial fueron los que más pagaron en arrendamientos inmobiliarios (unos U$S 4 millones en ambos casos).

    Economía
    2017-05-11T00:00:00