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Ante el “ultimátum” oficial por parte de la Cancilleria de Argentina para que Uruguay revierta su decisión de aumentar la producción de la planta de celulosa UPM sobre el Río Uruguay, el canciller uruguayo, Luis Almagro, respondió ayer miércoles 16 de forma oficial con una larga carta donde destaca que el país ha cumplido “en todo momento con sus obligaciones internacionales” y señala que las autoridades argentinas han demostrado una actitud “obstaculizadora”.
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En el comunicado, Almagro destaca que Uruguay “no ha roto unilateralmente el diálogo, sino que se ha pronunciado a favor de la continuación del mismo y ha hecho propuestas en tal sentido”. A su vez remarcó que la planta de celulosa no contamina de acuerdo a la información técnica que manejan y tienen en poder ambos gobiernos.
“Es necesario señalar de manera enfática que los resultados de los análisis del monitoreo conjunto, que son los mismos con los que cuentan ambos países, demuestran, sin ambigüedades, que la Planta Orión de UPM no contamina”, escribió Almagro.
El canciller relató de forma detallada los pasos que siguió Uruguay para analizar el aval para que UPM aumente su producción. En ese sentido opinó que se constituyó “una base documental más que razonable para que el Estado argentino pueda evaluar los probables efectos del proyecto”.
En ese sentido dejó en claro que los contenidos de la información “satisfacen” los requerimientos, y por eso opinó que la República Argentina “estaba en condiciones de comunicar al Estado uruguayo cuáles eran los aspectos del proyecto que podrían causar un perjuicio sensible a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas, las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones sugeridas al mismo”.
Por eso destacó los sucesivos rechazos de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que a su entender no tuvo otro “efecto que el de obstaculizar el transcurso de los plazos previstos en las mencionadas normas, los que resultan de imperativo cumplimiento”.
Almagro criticó la actitud de Argentina por entender que su accionar “desnaturaliza” el ámbito de consulta e intercambio de información. En esa linea el canciller uruguayo endureció sus críticas y acusó a los argentinos que trabajan en el tema de “prejuzgar”.
“Es notorio que la posición de la delegación argentina ante la CARU, al rechazar sin más la solicitud uruguaya en la Sesión Extraordinaria de la CARU realizada el día 16 de abril del pasado año, prejuzgaba ya sobre la misma, anticipaba su rechazo y vaciaba de utilidad el posterior intercambio informativo a través un mecanismo que, tal como lo afirma la Corte Internacional de Justicia en el párrafo 113 de su Sentencia, tiene como finalidad la de crear —a partir de la notificación del proyecto— las condiciones para una cooperación fructífera entre las partes, permitiéndoles evaluar los impactos del proyecto en el río y negociar, si fuera necesario, los ajustes requeridos para evitar los eventuales perjuicios que pudieran causar”, escribió en la carta que envió a su par Héctor Timerman.
Almagro continuó relatando los sucesivos pedidos de información que a su entender no perseguían otro fin que el de “obstaculizar” ya que no plantearon objeciones al proyecto. Incluso remarcó que es “inaceptable” que esa práctica se trasforme en un “veto implícito” sobre el proyecto en cuestión, ya que de ser así “constituiría una flagrante violación” a lo establecido en la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de abril de 2010 “y contrario a la naturaleza, el objeto y el espíritu del Estatuto del Río Uruguay”.
En la carta, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo destaca que lo autorizado a UPM es inferior al solicitado por la empresa ante la CARU en marzo de 2012. Además destacó que el aumento de la producción está “sujeto” a “mejoras medioambientales” para que pueda hacerse efectivo.
Por todo lo actuado el gobierno uruguayo defiende su decisión como una medida “respetuosa, no solo de la legislación nacional, sino también de las obligaciones emanadas del Estatuto del Río Uruguay, de los acuerdos presidenciales y ministeriales celebrados entre ambos países y de los términos de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril del 2010”.
Ayer miércoles 16, el ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, la subsecretaria Raquel Lejtreger y el director de Medio Ambiente, Jorge Rucks, informaron a la Comisión de Medio Ambiente del Senado sobre lo actuado respecto a UPM. “No contamina la planta, los monitoreos que venimos realizando están acorde a estos lineamientos”, dijo el ministro.
En tanto, el senador colorado Tabaré Viera —que convocó a los jerarcas a comisión— dijo que quedó “conforme” y “satisfecho” con las explicaciones dadas. “Se hizo un trabajo serio de control y la planta no contamina. Por eso, esto es una causa nacional”, dijo el legislador.
Amenaza.
En el último tramo de la nota argentina, entregada el martes 15, la Cancillería de ese país advierte que si “la controversia que ha surgido no puede resolverse por la vía de negociaciones”, el gobierno “se verá obligado a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia” de La Haya.
El vicecanciller uruguayo Luis Porto dijo en rueda de prensa que “si alguien decide recurrir al derecho internacional, nosotros estamos tranquilos porque hemos actuado conforme a las normas”.
