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En cada campaña electoral, las encuestas que dan a conocer mes a mes las principales empresas del país ponen nervioso a más de un precandidato y a sus militantes. Por cada encuesta publicada, los responsables de opinión pública reciben llamadas de candidatos o integrantes de comandos de campaña para quejarse porque entienden que no se refleja lo que los dirigentes palpan en sus recorridas.
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Para “transparentar” y proteger la “información veraz” el senador y precandidato colorado José Amorín presentará un proyecto de ley que regula la actuación de las encuestadoras cuando traten temas vinculados a la proyección de intención de voto en períodos electorales y no electorales. En la propuesta se habla de “sanciones” cuando se constate una “inconsistencia” o “falta de veracidad” entre la proyección y el resultado de la elección.
Las principales encuestadoras ubican hoy en un lejano segundo lugar a Amorín por detrás de Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay). En el sector Batllistas de Ley, que lidera Amorín, tienen confianza en el trabajo que realizan y aseguran que la interna será más competitiva de lo que se prevé.
La última encuesta de Factum da 79% de intención de voto a Bordaberry y 21% a Amorín. En tanto, Cifra otorgó en su última encuesta 88% a Bordaberry y 7% a Amorín. En su informe, Cifra advierte que en ese estudio “el margen de error es alto, porque los votantes en la interna colorada son menos numerosos que en las de los otros partidos”. Pese a eso, añade que “salvo acontecimientos imprevisibles, Bordaberry será el candidato presidencial colorado”. La encuesta de Equipos otorga 94% a Bordaberry y 3% a Amorín. En este caso, el estudio de Equipos aclara que es una “incógnita” saber “cuál puede ser la diferencia entre estos candidatos”. “Si uno considera la estructura de los sectores que apoyan a Amorín Batlle, y el peso que tienen en algunos departamentos (como en Rivera por ejemplo), la diferencia que muestra le encuesta puede sonar exagerada. De hecho, no es posible descartar que la diferencia sea efectivamente menor a la que muestran las encuestas hoy”, explicaron en Equipos.
“Errores graves”.
“No pensamos en mala fe de nadie, pero sí hablamos de errores graves en las encuestas”, sostuvo Amorín cuando informó a fines de febrero sobre el proyecto de ley. “Una encuestadora de primer nivel señaló que íbamos a tener nada más que 1.600 votos y tuvimos 150.000 en octubre. Un mes antes de la elección la misma firma decía que iba a tener nueve veces menos que mi amigo Luis Hierro López y votamos mejor que él, quedando segundos”.
La intención del proyecto, dijo, es “transparentar” la información.
Amorín aún no presentó la propuesta ya que resta elaborar la parte de las “sanciones” por incumplimiento a la norma que se busca crear, aunque tiene redactados casi una decena de artículos.
El proyecto plantea establecer un “Registro Electoral de Encuestadoras” y busca “regular la publicación y difusión de las encuestas electorales y proyecciones sobre intención de voto en períodos electorales y no electorales”. La inscripción en el Registro, que deberá renovarse cada tres años, permite a las encuestadoras difundir y publicar los resultados de sus trabajos en cualquier medio de comunicación, indica el proyecto de ley.
Si se aprueba sin cambios, la iniciativa establece que las encuestadoras deberán remitir un informe detallado a la Corte Electoral de cada encuesta realizada. Entre la información que deberían incluir, figura el marco muestral, etapas de muestreo, distribución poblacional, la base de datos, cuestionario íntegro, el trabajo de campo, procedimiento de selección del encuestado, factores de ponderación, entre otros. Además, se deberá informar el nombre de la persona natural o jurídica, institución u organización política que contrató o financió la encuesta y cuánto costó.
En el proyecto establece que la Corte Electoral o quien ella defina, “fiscalizará que los datos de los resultados y la ficha técnica de las encuestas o proyecciones sobre intención de voto que sean publicados y difundidos por los medios de comunicación, correspondan a los datos de los resultados y la ficha técnica remitida por la encuestadora”.
Agrega que los “medios de comunicación deben incluir de manera visible la ficha técnica y colocar el tenor exacto de las preguntas aplicadas por la encuestadora”. Asimismo, de considerarlo pertinente, la Corte Electoral puede “disponer las diligencias conducentes a constatar la veracidad y consistencia de los resultados de las encuestas o proyecciones sobre intención de voto elaborados por las encuestadoras para su publicación o difusión a través de los medios de comunicación”.
“Si se constata la inconsistencia o la falta de veracidad de los resultados de una encuesta o proyección sobre intención de voto”, la Corte Electoral deberá realizar un comunicado informando sobre dicho error. Además, podría aplicar sanciones. Este último punto es el que el grupo de Amorín aún está estudiando para incorporar en el proyecto.
En tanto, los medios de comunicación “en uso de sus derechos fundamentales de libertad de expresión e información pueden analizar los resultados de las encuestas como consideren conveniente; y, en aras de la transparencia y de la veracidad de la información, tienen la obligación de publicar el contenido completo de la ficha técnica y precisar el portal o página web en el que esta se encuentra alojada”, dice el articulado. Además, establece que la difusión de las encuestas se podrá realizar hasta siete días antes de las elecciones.
Amorín recordó que países como Bulgaria, Croacia, República Checa, México, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Eslovaquia, Francia, Israel, Italia, Perú, Portugal, establecieron marcos regulatorios.
No es la primera vez que se plantea regular a las encuestadoras. En setiembre de 2011, el diputado de Vamos Uruguay José Amy anunció que presentaría un proyecto de ley sobre el tema. El legislador planteó en su momento que el proyecto sería para saber quién contrata la encuesta y cuál es el número de casos que se utilizan como muestra. Finalmente el proyecto no fue presentado.
Según fuentes de varias encuestadoras consultadas por Búsqueda, la idea de regular el trabajo de este tipo de empresas no es mal visto. No obstante, señalaron que esta discusión debe ser técnica y luego que pase el período electoral. Además rechazaron que se dé la base de datos de los encuestados porque eso significaría violar la confidencialidad que requiere este tipo de información.
