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El Poder Ejecutivo dio pautas para la décima ronda de los Consejos de Salarios que se está iniciando —convenios a dos años de plazo que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, en tres cuotas semestrales empezando este julio o en enero de 2024—, a la vez que incorporó un lineamiento de cara a futuras instancias de negociación colectiva: un agrupamiento de sectores según su “coeficiente de apertura” al comercio internacional.
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Esta nueva dimensión, basada en una consultoría financiada por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, fue sugerida como un aspecto de “modernización” de los Consejos de Salarios contemplando una negociación en “momentos diferentes”, según se trate de actividades cuya producción tenga comercio internacional —transables— o solo sean para el mercado interno.
“Los lineamientos salariales no pueden ser ajenos al contexto global que, muchas veces, condiciona los precios de venta de los sectores transables, ya sea al alza o a la baja”, alegó el Ejecutivo en las pautas presentadas el 29 de junio ante el Consejo Superior Tripartito. Propuso considerar en futuras negociaciones colectivas a los “sectores transables y no transables”, una clasificación que “debe recoger el peso de las exportaciones y de las importaciones” respecto al valor agregado de la producción de cada actividad. Esto es lo que se denomina el coeficiente de apertura; para calcularlo, el gobierno, a pedido de las diferentes mesas, aportará los datos oficiales disponibles para contribuir con esta clasificación.
Para algunos analistas consultados por Búsqueda, la propuesta tiene aspectos positivos, si bien todavía quedan puntos relevantes por clarificar.
“La negociación secuencial supone la sincronización de la negociación colectiva entre ramas o sectores, en donde algunos acuerdan primero, y luego el resto actúa como seguidor. Estos esquemas buscan evitar que incrementos salariales que puedan tener fundamento en un sector puedan arrastrar a otros en los que los aumentos no estén justificados, afectando su competitividad. En el caso de Uruguay, el gobierno pretende evitar que aumentos de salarios en el sector no transable, sustentados en la demanda interna, provoquen cambios en la misma dirección en el sector transable” y terminen afectando la competitividad exportadora, explicó Nicolás Cichevski, gerente de Análisis Económico de la consultora CPA/Ferrere.
Opinó que se trata de una innovación “bienvenida”. Sin perjuicio de eso, aclaró, estos mecanismos “tienen una dificultad: requieren definir con cuidado al sector líder, es decir, aquel que negocia primero y termina poniendo un techo a los aumentos de los otros sectores. En países como Alemania, las actividades líderes están relacionadas con la industria manufacturera exportadora. En el caso de Uruguay, los sectores exportadores o son tomadores de precios (comercializan productos escasamente diferenciados); o están expuestos a mercados regionales con sistemas de precios complejos (ramas industriales como medicamentos, químicos, autopartes, etc.); o participan en mercados internos relativamente concentrados (como la industria frigorífica o láctea). A su vez, bajo ciertas circunstancias, la volatilidad en los precios de los commodities exportables puede provocar que aumentos transitorios de precios (“boom”) provoquen incrementos permanentes de salarios en el sector no transable (“seguidor”)”, advirtió el economista. Por eso, para Cichevski, todo esto hace que implementar un sistema de coordinación horizontal “no sea algo sencillo”.
Para Exante, la diferenciación sectorial propuesta por el Ejecutivo “es una buena cosa para el futuro. Hay algunos casos en el mundo en los que la negociación colectiva justamente arranca por los transables, generando señalización para el resto”, dijo la socia Tamara Schandy. Aclaró que la suya es una opinión provisoria, ya que habría que ver detalles de implementación y saber, por ejemplo, si el resultado de la negociación de los transables operaría como tope para el resto o solo como señal.
Impacto en la inflación.
Para Adrián Fernández, del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), “en principio, es razonable que la exposición de un sector a la competencia exterior (tanto exportadores como de producción interna que enfrentan competencia de importados)” sea considerado por las partes. “Mi impresión es que el mensaje que se intenta pasar es que los asalariados de sectores transables deben ser cuidadosos con incrementos salariales que puedan comprometer la posición competitiva de las empresas”, analizó.
Fernández dijo que no resulta claro cómo responderán los sindicatos a esta propuesta para futuras rondas. “La experiencia de los últimos años es que algunos sectores transables negociaron aumentos salariales muy por encima del promedio, como los frigoríficos. Los precios de exportación han bajado, pero mi impresión es que esto no es general” y el Índice de Excedente Bruto Unitario de la industria exportadora elaborado por el Banco Central “está en terreno positivo, y las caídas se dan en productos con bajo contenido de salarios”, como la soja, mencionó como ejemplo.
También visualizó posibles dificultades para caracterizar ciertos sectores. Actividades que se desarrollan en la frontera, que normalmente se considerarían como no transables —como el comercio minorista—, “van a reivindicar esa definición. No sé cómo responderán los sindicatos”, conjeturó.
Desde la perspectiva de la inflación, para el analista del Cinve, la diferenciación de sectores según su apertura comercial no produciría impactos. “Si efectivamente lo que se busca es moderar los aumentos salariales en sectores transables con problemas de competitividad, ello no tendría ningún efecto sustantivo sobre los precios de los bienes o servicios. Justamente, desde una mirada exclusivamente de impacto inflacionario, es mucho más relevante para el IPC la presión de costos (salariales y de otro tipo) en sectores no transables”, alegó.
