Ancap pondrá a la Justicia en el centro del debate político

Para el fiscal de Crimen Organizado, Gilberto Rodríguez —uno de los dos fiscales especializados en esa área— la decisión de trasladar casos de “gran sensibilidad social” a la Justicia es casi una reacción natural. “La percepción que tengo es que estos casos de gran sensibilidad social que se trasladan o se vuelcan al ámbito del sistema judicial, han ocurrido siempre, en mayor o menor medida, porque se recurre a un sistema que se supone que va a ser más objetivo o menos comprometido y que tiene independencia para poder juzgar una situación”, evaluó.

Para Rodríguez esto ocurre en buena medida porque la Justicia uruguaya es “confiable y goza de credibilidad”. No obstante, aunque se apela a la Justicia por su “independencia”, luego cualquiera sea su decisión “siempre va a existir una lectura política”. “La parte que la decisión favorece a sus intereses, va a estar de acuerdo, la otra parte va a decir que el fiscal o el juez respondió a una ideología”, señaló.

“Si el fiscal pide el archivo dirán ‘¿Vieron? ¡Teníamos razón!’. Si el juez procesó, también habrá una lectura conspirativa. Son ideas que se tiran que tratan de parcializar la decisión que uno trata de tomar con carácter técnico”, señaló.

Sin embargo, aclaró, no siempre que se pida el archivo de una causa quiere decir que no existieron irregularidades. Es que no siempre las faltas administrativas implican responsabilidades penales. Y eso a veces puede ser difícil de comprender para los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de casos muy sonados, que involucran pérdidas millonarias para la sociedad.

“En el ámbito de lo administrativo y lo judicial hay una suerte de conexión. Esa conexión a veces se confunde, o se establece una línea muy fina, entre lo que es la frontera de lo políticamente inconveniente —las responsabilidades políticas que pueden tener determinados gobernantes, que son designados con carácter político, pero que desempeñen una función administrativa— y lo que pueden ser las responsabilidades penales”.

“Muchas veces la administración denuncia hechos que pueden no ser necesariamente delictivos. ¿Por qué? Porque en la parte penal, además de toda la irregularidad administrativa, tiene que confluir un elemento esencial que es el subjetivo: el dolo”, explicó. “¿Eso que significa? Que tiene que haber intención de causar algo”.

En el ámbito de la administración pública “generalmente no hay delitos que se castiguen a título de culpa, todos los delitos requieren dolo. Tiene que probarse la intención. O al menos que el funcionario tuvo un actuar egoísta, es decir que previó que realizando tal cosa iba a salir mal, e igualmente actuó, lo que se castiga como dolo eventual”, dijo.

Esto “muchas veces es un elemento de difícil constatación”, explicó.

El fiscal —que aclaró que no se refiere al caso concreto de Ancap ya que todavía no ingresó a la Justicia para su estudio— explicó que la dificultad está en que “a veces uno termina comprobando en lo penal la existencia de la irregularidad administrativa, pero no puede llegar a completar el elemento subjetivo del delito, que es el dolo”.

Por eso “muchas veces puede caer en lo que es una mala gestión, un mal gerenciamiento que no necesariamente se traduce en una mala intención”.

“La persona puede ser una inepta, y se lo puede destituir por ineptitud para desempeñar una función pública, pero para ser delincuente tiene que probarse algo más. Tiene que probarse que no lo hizo por inepto, sino que lo hizo aun a pesar de saber que era posible que el resultado generara un perjuicio a la administración y procurando un beneficio propio o para un tercero”, explicó.

“Muchas veces en el ámbito judicial ese es un elemento difícil. En el ámbito administrativo, si yo pruebo objetivamente que alguien se equivocó, ya presumo que lo hizo con intención o por ineptitud. Eso es un tema de culpa, que en el ámbito administrativo vale, pero en el penal no alcanza”, concluyó.