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Luego de la ocupación de las oficinas del edificio central de Ancap que el jueves 5 llevó adelante la confederación de sindicatos del ente, y de su rápida desocupación, la pulseada entre las partes escaló con el anuncio del endurecimiento de las medidas de parte de los trabajadores y de la petrolera estatal de no renovar el convenio colectivo marco. Ese paso fue dado con el visto bueno del presidente, Luis Lacalle Pou, con quien sus autoridades se reunieron el viernes 6.
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“Estamos preparados para que haya una conflictividad mucho mayor y estamos bien plantados para esa posibilidad, tomando medidas, evaluando importar combustibles para tener inventarios y analizando toda la legislación aplicable para desalentar” las acciones sindicales, declaró a Búsqueda el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic. “La gran batalla es por volver a restablecer el orden y volver a restablecer el rol que tiene cada cual en este juego”, alegó, y señaló que el deterioro en la relación se incrementó en el último año llegando al “hartazgo”.
El jerarca afirmó que desde el 2008 el sindicato viene confundiendo “participación con cogestión”. Agregó que la “relación está tan deteriorada no por el desgaste de la pelea, sino por un cambio en lo que son los roles. Una cosa es negociar las consecuencias de una decisión que la empresa podrá tomar o no y otra es negociar las decisiones que tiene que tomar la empresa”, indicó.
Y añadió: “Se empieza a confundir el rol y eso es muy peligroso; no podemos enfrentar los desafíos que tiene Ancap sin cambiar eso”. En esa lógica, dijo, se “vive en un conflicto permanente”, por lo que la decisión de no renovar el convenio que el directorio tomó el martes 10 es un “llamado de atención al sindicato para que se siente a negociar en serio”; y si no se llega a un acuerdo, que cada parte esté libre de resolver lo que quiera. Indicó que tiene expectativas de que la situación se resuelva de forma razonable, aunque “puede escalar mucho y no se sabe cuál puede ser el desenlace”.
El miércoles 11 la Federación Ancap reivindicó, en un comunicado y en una conferencia de prensa, la herramienta de la negociación colectiva para resolver los conflictos. Decidió “comprometer el mayor esfuerzo militante, propagandístico, logístico y económico para ganar el referéndum” contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, entre los que están varios referidos al nuevo esquema de ajuste de los precios de los combustibles (ver nota aparte). Además, decidió reafirmar las medidas de paralización en el área de mantenimiento administración y logística de Ancap para el resto de agosto; convocar a realizar una asamblea general en la primera semana de setiembre; y organizar un “gran paro nacional” junto con la confederación de sindicatos de la industria, la coordinadora de sindicatos de Ancap y el PIT-CNT, con fecha a confirmar, entre otras acciones.
Sin convenio.
El Acuerdo Marco para un Convenio Colectivo del año 2000, que se basa en uno firmado en 1993, se venía renovando automáticamente cada año. Técnicamente, Ancap no lo denunció sino que resolvió no renovarlo a partir del 1º de enero 2022 para forzar, en los meses que faltan, a una negociación de un nuevo marco.
En la resolución de Directorio el ente señala que esa nueva negociación propenderá a la consecución de las metas que se establecían en el convenio de 1993, entre ellas “institucionalizar la negociación, emplear criterios de flexibilidad y polivalencia (…), introducir criterios de productividad en la gestión de la empresa, lograr mejores niveles de remuneración al personal en función del cumplimiento de objetivos”.
Además, según la resolución, decidió “dejar sin efecto la reglamentación de la carrera horizontal y denunciar el convenio” de diciembre de 2012 relativo a ese asunto. Encomendó a la Gerencia General de Ancap aplicar la normativa vigente “en cuanto a medidas gremiales típicas o atípicas que afecten la producción o entrega de productos”.
Stipanicic señaló que al ente le interesa avanzar en un convenio que permita la “flexibilidad y polivalencia” de los trabajadores porque ello no sucede en la actualidad, aunque el texto del acuerdo marco lo contenga. “Siempre uso el ejemplo de lo que pasa para pintar una oficina de Ancap: se contrata al que pone el diario en el piso, después al que pone la escalera, después al que rasquetea (la pared), después al que pone enduido, después al que pinta. Y luego los llamás de nuevo para que saquen todo lo que pusieron”, ilustró.
“En eso queremos avanzar. Ancap ya está en el límite de personal; menos de lo que tenemos ahora no se puede, salvo que introduzcamos tecnología”, indicó. Dijo que la plantilla del ente tiene unos 2.100 funcionarios, un mínimo en 25 años, porque la “reducción de personal” fue “muy drástica”.
Pero alegó que en la actualidad el problema es el costo de la ineficiencia, porque la descripción de tareas no permite que se cumpla con los objetivos que se necesitan ya que “las personas no hacen todas las tareas que podrían hacer”.
Por otra parte, Stipanicic señaló la necesidad de regular los mecanismos de negociación y resolución de conflictos porque, de lo contrario, se seguirá “eternamente en esta mecánica en la cual el sindicato se opone por cuestiones ideológicas y lucha de clases a todo lo que dice la patronal y se vive en un conflicto permanente”.
Opinó que hasta 2008 los mecanismos que existen en el acuerdo marco funcionaban, con un ámbito de negociación. Pero en la medida que el sindicato recibía una compensación por cada medida que Ancap tomaba y afectaba los intereses de los trabajadores, Fancap “se dio cuenta de que en esa cogestión empezaba a torcer las decisiones”. “Cuando empiezan a discutir las decisiones de fondo que tiene que tomar la empresa nunca hay acuerdo, entonces siempre vas al conflicto”, afirmó. Y concluyó: “Lo que queremos ahora es, si hay conflicto, que se vaya desde el primer momento y que cada parte esté libre de hacer lo que quiera”.
Stipanicic señaló que el convenio marco habilita a que hoy Ancap tenga que pagar 2.840 horas por mes a delegados sindicales, lo que equivale al costo del salario de un empleado al año. Ese nivel de horas pagas al sindicato estaba, dijo, en función de que Ancap tenía 6.000 funcionarios en 1993.
“Desmantelamiento”.
Además de no renovar el convenio, el Directorio de Ancap resolvió finalizar a partir del 31 de agosto el contrato de alquiler del barco Malva H con el que abastece de combustibles las plantas de Paysandú y Juan Lacaze, y por lo que proyecta un ahorro mayor a US$ 2 millones al año. Ese suministro lo realizará mediante la reorganización de la operativa logística, informó.
Y decidió negociar la salida de Ancap de Talobras, una sociedad con el operador del aeropuerto de Carrasco y la distribuidora Petrobras, hoy DISA.
En un comunicado, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT alertó que esas medidas se “enmarcan en la estrategia del gobierno del desmantelamiento del ente” y “aumentar el grado de conflictividad para que el sindicato tome medidas de lucha que produzcan desabastecimiento e instalar un discurso de desprestigio hacia el sindicato y el rol de Ancap”.
