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El Ministerio de Defensa Nacional acordó la colaboración de Ancap para mejorar el control y el uso del combustible en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con un contrato firmado en octubre que prevé que el ente ponga a disposición determinados bienes y servicios en dependencias militares.
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La decisión se produjo tras un estudio técnico elaborado por Ancap que advirtió sobre varias debilidades en las Fuerzas Armadas y dentro del propio ministerio relacionadas con la gestión del combustible. Históricamente, las fuerzas han sufrido pérdidas económicas en este tema y algunos de sus integrantes fueron procesados por la Justicia por delitos vinculados con el robo y la comercialización ilegal de nafta.
A partir de ahora Ancap ofrecerá apoyo en las condiciones de seguridad en instalaciones de combustibles; diagnóstico, asesorías y auditorías sobre las adquisiciones, administración, almacenaje y distribución de combustibles, y pondrá a disposición cisternas con tractor, tanques, surtidores, servicios de calibración de instrumentos, servicios de inspección y mantenimiento de instalaciones. Además, sus técnicos brindarán cursos de capacitación en buenas prácticas en la gestión y almacenamiento de combustibles y en normas ambientales para almacenaje de combustibles.
“Ancap nos orientó sobre cómo se debe manejar el combustible, porque tenemos 80 puntos de distribución en todo el país y contamos con atrasos en materia tecnológica”, afirmó en conferencia de prensa el ministro Javier García. El objetivo es que el asesoramiento sea realizado a través del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), encargado de la gestión de inventarios, del despacho de combustibles y de dar a las tres fuerzas recomendaciones operativas, de seguridad y preservación ambiental.
Dos meses antes de que el ministro asumiera el cargo, tres miembros de la Armada habían sido imputados por Fiscalía por asociación para delinquir y delito continuado de peculado tras comprobarse que usaban nafta destinada a la aviación naval para vendérsela a narcotraficantes. El informe de Ancap fue solicitado a fines del año pasado por García. Un equipo de la empresa estatal relevó entonces determinados puntos de almacenamiento y suministro de combustible para analizar cinco niveles: ambiente, seguridad, calidad de los productos, políticas de almacenamiento y registro y control de inventarios. El reporte —con la firma del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic— concluyó que en las Fuerzas Armadas existe un “notorio alejamiento” de las mejores prácticas de la industria, “riesgos elevados” de clausura de instalaciones, accidentes graves y conmoción pública y que la mayoría de las instalaciones militares se encuentran en “condiciones fuera de normativas nacionales e internacionales” para el almacenamiento y expendio de combustible.
Los bienes y servicios que brindará Ancap tendrán como contrapartida el “aprovechamiento de capacidades” del Ministerio de Defensa. “Las Fuerzas Armadas están facultadas para prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública les sean solicitadas”, sostiene el acuerdo firmado entre las partes. En esa línea, Ancap solicitó utilizar equipos pesados de bombeo neumático y trabajos del Grupo de Buceo y Salvamento y del Servicio de Construcciones y Reparaciones, ambos de la Armada Nacional. También el alojamiento de funcionarios de Ancap de la Terminal del Este —ubicada en José Ignacio— en instalaciones del ministerio en el puerto de Punta del Este. Por último, el convenio establece traslados aéreos para personal jerárquico del ente a distintos destinos, la vigilancia y relevamientos aéreos en edificios, plantas y predios de Ancap y el cuidado de sus activos estratégicos.
Fuentes consultadas por Búsqueda afirmaron que estos últimos puntos sobre seguridad no implican por el momento la presencia física de militares en sedes de Ancap, a cargo de la Policía y empresas privadas, sino un monitoreo y asesorías que aprovechen el conocimiento en la materia, los expertos de las Fuerzas Armadas y algunas herramientas técnicas como drones. En la mañana del lunes 21, dos delincuentes se llevaron $ 3,5 millones de la refinería de Ancap en el barrio de La Teja, en Montevideo, tras ingresar al predio y reducir al guardia de seguridad y a la encargada de la tesorería.
