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    Ancap vs. estacioneros

    Sr. Director:

    Una falsedad. Tengo la impresión de que nos estamos acostumbrando en Uruguay a tomar cosas falsas por ciertas, o en el mejor de los casos ser complacientes o contemplativos cuando sabemos que la verdad se deforma o no se nos dice completa (uno de los últimos ejemplos de esto es la interpretación del resultado de la pruebas PISA).

    Entiendo que este es el caso de las declaraciones de la señora ministra Cosse, respecto de los motivos del cambio de distribución de Ancap.

    No es correcto por parte de la señora ministra afirmar —como lo hace en sus declaraciones del día 8 de diciembre, recogidas por el diario “El País” y del 12 de diciembre registradas en “El Observador”—, que el descuento que obtienen los grandes consumidores son subsidios financiados por Ancap o que recae en sus espaldas.

    No es así en forma alguna.

    Es un acuerdo entre privados, tomados con reglas del juego establecidas, claras y definidas, en el que uno resigna una parte de sus beneficios y el otro le asegura al primero un mínimo de consumo.

    Así subsisten y se sostienen las empresas serias: trabajando para ser eficientes e intentando lograr condiciones que les permitan sobrevivir y hacer frente a las dificultades.

    Pero parece que hay en muchos casos un componente ideológico contra los empresarios constituidos que se manifiesta en una pretensión de desvirtuar con un nombre inconveniente o “políticamente incorrecto” un acuerdo entre privados, como si estos tuvieran un trasfondo perverso que fuera la causa que le provocara a Ancap un daño casi irremediable.

    Pretende justificar de esa manera las medidas tomadas unilateralmente que recortan las comisiones de los demás actores, dando a entender que el propósito es hacer más eficiente a Ancap y poder bajar los precios de los combustibles, loables intenciones con clarísimo trasfondo político.

    Se yergue así entonces, en una suerte de Robin Hood que ha de redistribuir los beneficios, sacándoles una parte a los grandes estacioneros para darles poco más a los pequeños.

    Pero olvida o no tiene en cuenta la señora ministra —y creo que muy a propósito— que el ruinoso estado en que se encuentra Ancap no se debe al sistema de distribución y las comisiones de las petroleras y estacioneros, que llevan años funcionando correctamente y sin objeciones por parte de ninguno de los actores, sino que se debe a los desaguisados administrativos —por el momento y hasta que se expida la Justicia, es solo esto— que ha sufrido la empresa estatal durante los sucesivos gobiernos del partido que hoy detenta el poder.

    El paupérrimo estado de Ancap y que pagamos todos los uruguayos —en mayor o menor medida— con precios exorbitantes del combustible, y que no bajan ni siquiera cuando el precio internacional del petróleo cae estrepitosamente, se debe en esencia a la mala administración, a la construcción de plantas que salen 3 o 4 veces más caras que el presupuesto original (p.ej. la desulfurizadora), a los subsidios otorgados a Alur a través de precios de compra de combustibles renovables diseñados para encubrir sus ineficiencias y pérdidas, así como a otras irregularidades relacionadas con las plantas de cemento Portland y más subsidiarias perdidosas.

    Así que, señores, ni las petroleras ni los estacioneros ni los transportistas tienen culpa de que Ancap se encuentre fundida, y si quieren hacer creer esto a la opinión pública, es una falsedad, de allí lo del título.

    No soy de la idea de que Ancap deje de existir pero sí de que sea eficiente y esté bien dirigida.

    No quiero que las autoridades nos digan las verdades a medias, ni deformadas, ni “como te digo una cosa te digo la otra”, ni que encubran con trapisondas sus errores.

    Tampoco que nos impongan las cosas con la prepotencia autoritaria y abusiva de quienes tienen la sartén por el mango y la soberbia de creer saberlo todo.

    Trátennos con respeto intelectual, que no somos tontos.

    Francois-Marie Arouet

    Artículos de prensa referidos

    1) Fuente: diario “El Observador”, 12 de diciembre de 2016.

    La ministra Cosse recogió el guante. Si bien indicó que veía con buenos ojos que los clientes que demandan más litros de combustible “puedan conseguir condiciones más competitivas”, añadió que “la espalda para esas condiciones (...) hoy no puede ser Ancap “. La jerarca comentó que son “subsidios” que, a su juicio, no los tienen que administrar los sellos o los estacioneros. “En todo caso, deberán conseguir otras fuentes de financiación si quieren mantener esos descuentos”, apuntó.

    A su turno, la presidenta de Ancap, Marta Jara, expresó que la “evidencia más grande” que la renta de las estaciones de servicio es “excesiva” es, justamente, “la magnitud de los descuentos que se pueden dar”. Según Jara, “en muchos casos, la estación (...) da un descuento del 80% de su ingreso, es decir, que renuncia al 80% de su ingreso por litro”. “Nuestro interés es reducir ese escape de renta (...) porque, al final, lo está pagando el Estado o el consumidor. Y, ¿por qué hay que dárselo a 500 estaciones y tres distribuidoras?”, se preguntó la presidenta de Ancap.

    2) Fuente: diario “El País”, 08 de diciembre de 2016.

    También señaló que los cambios previstos al reducir los márgenes de las estaciones y distribuidores impedirán que empresas forestales, mineras, de transporte de carga y pasajeros obtengan descuentos en el gasoil (algo que ya fue comunicado por la Unión de Vendedores de Nafta). Cosse replicó que se trataba de subsidios cuyo destino era definido por actores privados pero que eran financiados por Ancap y que eso es algo que se pretende modificar.