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Ante el “bloqueo político”, el gobierno busca “mecanismos alternativos” para reconocer títulos universitarios de docentes
“Hay que poner el acento en los programas de formación antes que en la creación de instituciones como la Universidad de la Educación”, dice el director nacional de Educación
La idea de que debe haber una formación en educación de nivel universitario en Uruguay cuenta con el consenso del arco político: todos los partidos están a favor de ella. El problema es que no logran ponerse de acuerdo en el modo de llevarla a la práctica. Un escollo central es la forma de gobernanza que tendría una eventual Universidad de la Educación. Eso explica el “bloqueo político” que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) pretende destrabar con “mecanismos alternativos” para el reconocimiento de carreras y títulos universitarios de maestros y profesores.
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“Si hoy o mañana el actual gobierno intentara crear una universidad de la educación con un modelo de gobierno alternativo, que no incluyera el cogobierno, seguramente, también fracasaría, porque el Frente Amplio no le daría los votos”, graficó el ministro de Educación, Pablo da Silveira, el 15 de junio en la comisión especial que trató el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC). “Estamos en una situación de bloqueo político”.
Por ese motivo, el gobierno de la educación apunta a trabajar sobre los programas de formación, explicó a Búsqueda el director nacional de Educación del MEC, Gonzalo Baroni. “Hay que poner el acento en los programas de formación antes que en la creación de nuevas instituciones como la Universidad de la Educación, porque no se trata de un simple cambio de chapa”, afirmó el jerarca. Implica “un proceso institucional, por lo que no se puede pasar de un día para otro de institutos terciarios no universitarios —como el Instituto de Formación Docente o el Instituto de Profesores Artigas— a algo nuevo de rango universitario”.
Para Baroni, “primero hay que dar rango universitario a programas de formación, aunque sean impartidos por instituciones no universitarias”, y para eso previamente hay que “desarrollar institucionalidad”.
Eso es lo que se propone el MEC a través de varios artículos contenidos en la LUC y también en el proyecto de Ley de Presupuesto, ya aprobado en Diputados y que ingresó el lunes 19 al Senado, vinculados a la formación docente y al reconocimiento del nivel universitario de los títulos y carreras.
Bloqueo
En 2008, por la Ley General de Educación (Nº 18.437), se creó un instituto universitario de educación. Pero el artículo no fue aplicado por los gobiernos del Frente Amplio. Según Da Silveira, esto obedece a que su redacción es “inconstitucional”, ya que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no puede crear instituciones de carácter universitario, y este instituto tampoco puede funcionar con independencia de la ANEP. De allí es que, según el ministro, las administraciones frentistas “cambiaron de estrategia” y buscaron “ir por el camino de crear una nueva universidad”.
A fines de 2017, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para crear la Universidad de la Educación. Con él aspiraba a dejar aprobada la norma antes de que finalizara esa administración. Da Silveira consideró entonces “llamativo” que el otrora oficialismo decidiera que la nueva universidad sea cogobernada “sin haberse dado un minuto para evaluar los resultados de ese mecanismo exótico en el mundo”, según expresó en una columna publicada en El País en marzo de 2018.
Sin embargo, “lo intentaron dos veces, y las dos veces fracasaron”, remarcó Da Silveira en junio pasado, ya como ministro, en el Parlamento, al explicar “la situación de bloqueo político” en que está enlodada la discusión.
El Frente Amplio impulsaba un modelo de universidad de la educación cogobernada al estilo de la Universidad de la República, lo que, según Da Silveira, era “básicamente una réplica trasnochada” de la Ley Orgánica de 1958.
La falta de acuerdo para desarrollar una formación en educación de carácter universitario es lo que llevó al actual gobierno a buscar “mecanismos alternativos”, contó Da Silveira: “Si ANEP no puede crear instituciones universitarias y si el Parlamento está políticamente bloqueado para lograrlo, ¿hay alguna otra institución que puede otorgar reconocimientos de carácter universitario? Sí, el Ministerio de Educación y Cultura”.
Mecanismo
Desde hace años el MEC reconoce el carácter universitario de las instituciones universitarias privadas y de las carreras impartidas por esas instituciones. Asimismo, el ministerio reconoce el carácter universitario de los programas de formación de grado y posgrado de la enseñanza policial y militar. Según el MEC, esto significa que ya hay un “mecanismo” para reconocer el carácter universitario de programas de formación impartidos por instituciones públicas que no son universidades.
Baroni hizo referencia a la llamada Ley de Educación Policial y Militar (Nº 19.188) de 2014, que dice: “Las carreras de los Sistemas de Educación Policial y Militar que otorgan títulos terciarios y universitarios de grado y postgrado deberán ser reconocidas por el MEC o el organismo que la ley determine en su momento”. Agregó que esa “base legal” sirve para buscar “mecanismos alternativos” y “superar el bloqueo político”.
El método propuesto por el gobierno es “la doble titulación”. La idea es que un título pueda tener el reconocimiento de la ANEP y otro universitario, por la vía de los mecanismos que habitualmente usa el MEC. Así, por ejemplo, después de estudiar cuatro años en el IPA, el profesional saldría con un título de profesor de historia otorgado por ese instituto y con un diploma del MEC que reconozca ese título como una licenciatura en docencia en historia. Por esa vía, el docente se convertirá en universitario.
Para eso, en el proyecto de Ley de Presupuesto y en la LUC, se prevé la creación de un Consejo Consultivo de Formación en Educación Universitaria, que funcionará en la órbita del MEC y lo asesorará en los procesos de reconocimiento del nivel universitario.
En paralelo, el proyecto de Ley de Presupuesto posterga para 2022 la instalación del consejo directivo del recientemente creado Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (Inaeet), prevista para fines de 2020, por razones presupuestales.
