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La Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) se expidió sobre la auditoría que una empresa internacional hizo sobre la obra del Antel Arena, concluyendo que se habían violentado varios principios básicos que rigen la gestión y las contrataciones públicas: principio de transparencia (declararon reservadas y ocultas las actuaciones por 10 años), eficiencia (gastaron US$ 63MM más de lo previsto), publicidad, buena administración o el principio de legalidad. En resumen: un verdadero desastre en la gestión.
Para muestra estos pequeños botones: la obra se proyectó con un presupuesto inicial de unos 40 millones de dólares (que es lo que dicen costó el Movistar Arena en Argentina), pero terminó costando tres veces más: casi 120 millones de dólares. Y la valuación que hizo Price Waterhouse Coopers (PwC) es de tan solo 36 millones. ¿A dónde se fue el resto?
Prácticamente todos las compras se hicieron por el procedimiento de compra directa, no siguiendo la regla de la licitación pública, lo que motivó decenas de observaciones del Tribunal de Cuentas, las cuales fueron ignoradas. La primera y gran observación del Tribunal es que el Antel jamás debió haber construido este edificio ya que escapa al artículo 190 de la Constitución de la República que reza: “Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.
La auditoría internacional y la Jutep señalan que semejante proyecto se inició sin un presupuesto claro, ni un cronograma de avance de obras y ni siquiera un plan de negocios que demostrara la viabilidad de semejante inversión con dineros de los ciudadanos. De hecho, desde su inauguración hasta la llegada del Covid, “el proyecto perdió US$ 3.748.408” (esto son unas 150.000 vacunas Pfizer compradas a US$ 25 cada una).
Ante estos y otros desmanes, dos reflexiones. La primera es: ¿qué responsabilidad les cabe a las decenas de gerentes, jefes, asesores y empresas privadas que participaron de este despilfarro de recursos públicos? ¿Cómo puede ser que ni el gerente general (que declara no conocer la existencia de un plan de negocios), ni el gerente financiero (que liberó fondos sin un control de avance de obras ni apego al presupuesto) o los responsables de controlar las obras no hayan alertado o no hayan sido evaluados y suspendidos en sus cargos por tal mala praxis? ¿Qué creen que sucede en una empresa privada si a cualquier gerente un proyecto le termina costando tres veces más de lo previsto?
Además, una vez constatada esta mala praxis y el daño causado a las arcas públicas, el Estado debería iniciar juicio civil a todos los funcionarios involucrados en una acción de repetición, prevista en la Constitución. Es interesante destacar la postura del juez Edgardo Ettlin1 sobre la responsabilidad civil de los empleados públicos: dice que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados “no son solamente pasibles de responsabilidad patrimonial por las decisiones que tomen fuera del marco de la Constitución, Leyes y los reglamentos, sino por toda decisión —que aun cuando fuere adecuada a Derecho— trasuntara en daños económicos consecuenciales a su organismo”.
La segunda reflexión es sobre la renuncia a la Jutep del representante del Frente Amplio, quien firmó la resolución aprobada por unanimidad, sin objeciones de ningún tipo, pero lo hizo sin consultar a su partido, el Partido Comunista. El partido entendió que el vocal Jorge Castro no había considerado las consecuencias “políticas” de tal decisión y por lo tanto le pidieron la renuncia. Es decir: no importan las contundentes pruebas, ni la legislación vigente, ni los informes de auditoría y ni siquiera la independencia técnica y moral de su representante. Lo que importa es “salvar a los compañeros”, hagan lo que hagan.
Siendo así, el gobierno nacional debería considerar seriamente si mantiene o no a representantes de la oposición en diferentes organismos del Estado, sobre todo aquellos que son de contralor y ofrecen una garantía a todos los ciudadanos, como lo son la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas o la propia Jutep. Si van a poner militantes en esos cargos, mejor ocuparlos con gente allegada al gobierno de turno y no hacernos trampas al solitario.
Es muy malo que todo el Frente Amplio salga a defender tan mala gestión y lo haga priorizando lo político por encima de lo jurídico. Están caminando por un angosto pretil de la República, con riesgo de caer en la intolerancia, la demagogia y el abuso de poder. Estemos atentos.
(1) Edgardo Ettlin es ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y autor de varios artículos y libros de Derecho.
