Según Leibner, más que armas y conocimientos contrainsurgentes, Israel les ofrecía a los militares encaramados en el poder legitimidad y relaciones públicas. “Esa estrategia —sostiene el libro— iba a plantear a los representantes de Israel contradicciones y problemas difíciles de sortear relacionados con las víctimas de las dictaduras y el antisemitismo frecuentemente manifiesto en sus aparatos represivos”.
Durante la presentación en Montevideo, el autor contó que una de las sorpresas que experimentó en la investigación fue comprobar cómo Israel explotó que “tenía una imagen exitosa y envidiable a pesar de las flagrantes violaciones de los derechos humanos de los palestinos, de las operaciones extraterritoriales contrarias al derecho internacional y a pesar de las condenas acumuladas en organismos internacionales”.
A su vez, el académico concluyó que, al jactarse ante gobernantes uruguayos, argentinos o chilenos de su capacidad de influir en la opinión pública internacional, “los diplomáticos israelíes reafirmaban la imagen de los judíos como una poderosa red de influencia mediática, política y financiera” y, más aún, “reforzaban otro prejuicio antisemita, que consideraba a instituciones y personalidades judías en distintos países como operadores de Israel”.
Un coronel fuera de libreto
Una de las constataciones de Leibner fue que, en 1977, los diplomáticos israelíes “no solo negaban el tratamiento antisemita hacia presos, sino que también minimizaban las amenazas de bombas que habían recibido escuelas e instituciones judías”.
Una delegación internacional de juristas que llegó al país presentó luego un informe en el cual resaltaba la entrevista mantenida con el presidente del Supremo Tribunal Militar, el coronel Federico Silva Ledesma. “En un extraño sinceramiento, este había admitido el uso de tortura en los centros de detención. Ante las preguntas, negó que agentes uruguayos hubieran participado en asesinatos y desapariciones en Argentina, argumentando que los militares uruguayos no asesinaban, como sí lo hacían los chilenos y argentinos. Sintiéndose en confianza, Silva Ledesma comentó que a los abogados judíos les importaba solo extraer dinero de sus clientes, por lo que había que limpiar el sistema judicial uruguayo”.
El libro consigna que el gobierno uruguayo reaccionó indignado ante la acusación de antisemitismo contenida en el informe, aunque parecía importar menos la admisión del uso sistemático de la tortura o el eventual enojo de sus socios argentinos o chilenos que la calificación de antisemita a Silva Ledesma. La embajada en Montevideo y el Comité Central Israelita, explica el académico, mantuvieron un significativo silencio. Según el autor “la alianza con el régimen requería precisamente eso: negar, minimizar, cerrar ojos, oídos y bocas”.
El Mossad
Mientras tanto, en Buenos Aires, donde cuentan unos 1.500 judíos entre los desaparecidos, prosiguiendo con el esfuerzo de demostrar cercanía con el gobierno, el embajador Ram Nirgad gestionó una autorización excepcional del rabinato supremo en Israel para que el rabino Salomon Ben Hamou pudiera concurrir a la boda del hijo del presidente Jorge Rafael Videla en una iglesia.
El tema de los desaparecidos ya estaba muy presente en Argentina, donde un informe del embajador Ram Nirgad fue enviado con copia a la agencia de inteligencia exterior Mossad. Eso propició —explica el libro—, un intercambio que quedó registrado en un telegrama del embajador que escapó a la censura en el archivo: “Me preguntan del Mossad si un planteo del jefe del Mossad al jefe de la SIDE (la agencia de inteligencia del Estado argentino) puede ayudar en el asunto de los desaparecidos y detenidos judíos. Respondí que tal vez sea útil”. El telegrama, para el historiador israelí, es doblemente revelador: “La relación entre el Mossad y la SIDE permitía gestiones directas a máximo nivel”.
En momentos en que Israel estaba aislado a nivel internacional por la represión a los palestinos, la prioridad de la acción diplomática en América Latina era preventiva: evitar que países del continente fueran arrastrados por la creciente hostilidad del bloque de los no alineados, que reconocieran a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y permitieran la instalación de una legación palestina o de la Liga Árabe que le diera cobertura diplomática. El Ministerio de Exterior de Israel consideraba que “en el sur del continente los regímenes militares autoritarios funcionan como la mejor valla para la penetración de la OLP”.
En ese tiempo, Israel alentaba la paranoia de los militares uruguayos sobre una supuesta colaboración entre tupamaros y palestinos. En el caso argentino, efectivamente se descubrió, a fines de los años 70, una colaboración práctica entre Montoneros y Fatah (integrante de la OLP). Sin embargo, sostiene el autor, el posicionamiento internacional de la dictadura militar argentina no respondía a su propia identificación como “occidental”, sino a sus intereses en el movimiento de países no alineados debido al conflicto con Gran Bretaña por las islas Malvinas.
Por su parte, Uruguay también se encontraba en una posición defensiva ante la opinión pública internacional debido a las denuncias de organizaciones de derechos humanos. Al considerarse agredidos por una campaña originada en “el comunismo internacional”, que aprovechaba la inocencia del liberalismo occidental, los dirigentes de la dictadura uruguaya se identificaban con Israel, que afrontaba dificultades similares.
El proceso de paz entre Egipto e Israel fue visto de manera positiva por Uruguay, tanto porque confirmaba el paso de El Cairo a la esfera de influencia occidental, marginando a la Unión Soviética y a la OLP, como porque conciliaba a los dos socios comerciales de Uruguay en Medio Oriente.
En esa época, el embajador israelí Aharon Ofri tenía un trato directo con los comandantes. En vísperas de finalizar su misión en Montevideo, se reunió con el teniente general Luis Queirolo, comandante en jefe del Ejército, quien le transmitió que en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) no se había adoptado un cambio de posición respecto a Israel, aunque le advirtió que, por la falta de petróleo, iban “a dialogar con los árabes”.
Después —afirma el libro—, Uruguay cambió su embajada de Jerusalén a Tel Aviv para estar acorde a las decisiones de Naciones Unidas y a pesar de reiterados esfuerzos israelíes por convencer al Palacio Santos de sostener la histórica actitud de oponerse a mociones contra Israel, Uruguay se abstuvo en la inmensa mayoría de las votaciones.
La dictadura uruguaya, que en el pasado había expresado su oposición a un Estado palestino, reconocía en 1980 el derecho de autodeterminación, incluido un eventual Estado independiente.
En enero de 1981, sin embargo, el general Hugo Medina, quien estaba en pleno ascenso en la interna militar, expresó ante el embajador Shlomo Cohen y el coronel Yair Ron, agregado militar israelí con sede en Buenos Aires, su preocupación por la legitimidad internacional que la OLP estaba logrando. El futuro ministro de Defensa de Julio María Sanguinetti agregó que personalmente aprobaba la negativa israelí a “un Estado palestino adicional a Jordania”, ya que se convertiría en “una base soviética”.
Remanente de izquierda sionista
En 1975, el nuevo embajador de Israel en Uruguay —sostiene Leibner en su libro— “reanudó los esfuerzos por erradicar al molesto remanente de izquierda sionista”. Tras un brusco allanamiento policial en la sede de la organización Hashomer Hatzair en la calle Andes, el embajador invitó al funcionario israelí de la organización a la embajada, “dentro de la cual fue amenazado por un policía uruguayo de civil, el cual le advirtió que en cualquier momento podría ser detenido, encapuchado y desaparecido”.
Las quejas que el funcionario elevó a Jerusalén “por la conducta del embajador cómplice del apriete”, da cuenta Leibner, derivaron en una especie de “compromiso”: para preservar la existencia de Hashomer Hatzair en Uruguay, se disolvió la brigada Anilevich, el grupo más identificado con la izquierda, y la sede fue trasladada de Barrio Sur a Pocitos.
Muy poco tiempo después, el recién llegado embajador de Estados Unidos en Montevideo, Lawrence Pezzulo, expresaba su fastidio ante la manifiesta falta de interés del embajador de Israel por sumarse a presiones contra las graves violaciones de derechos humanos A sus ojos, según Leibner, la complicidad israelí con la dictadura se desprendía claramente del persistente encubrimiento de eventos antisemitas.
Una “vieja canción” nazi
Entre los oficiales uruguayos con simpatías hacia el nazismo, el general Alberto Ballestrino llevaba el estandarte. A fines de 1979, el exjefe de la Policía de Montevideo y entonces director de la Escuela de Armas y Servicios del Ejército pronunció un llamativo discurso en la ceremonia de graduación de los oficiales. Oponiéndose a cualquier apertura política, el general exigía vigilancia ante un enemigo que no estaba totalmente derrotado y acechaba. Para finalizar su arenga, citó versos de una “vieja canción de guerra alemana”, en realidad una popular marcha militar durante el nazismo.
El diario La Mañana reprodujo el discurso, que pasó desapercibido para la Embajada de Israel hasta que, por comentarios de particulares, se suscitaron preguntas por parte del Ministerio de Exterior. El entonces embajador, Shlomo Cohen, respondió confirmando la reputación nazi de Ballestrino y agregó: “Hay conjeturas de que es él quien está detrás de las actividades antisemitas en Uruguay”. Un tiempo después, por otras razones, el general fue desplazado. “El retiro de Ballestrino nos parece positivo por ser reputado fascista y lo mismo respecto al jefe de Policía despedido”, sostuvo entonces un informe de la embajada.
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