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Independencia es una localidad de Florida sobre la Ruta 77, bañada por el Santa Lucía y el arroyo La Virgen, con unos 400 habitantes. En Artigas, bien al norte del país, sobre la cuchilla Itacumbú, Cainsa tiene tres almacenes, unos 350 pobladores, y a Bella Unión como el centro urbano más cercano, a unos 15 kilómetros. El Ombú es una colonia agrícola menonita, de orígenes alemán y polaco, que tiene como vecinos a unas 70 familias en Río Negro, separados unos 25 kilómetros por carretera de Young.
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A estos tres pueblos rurales, cuya población sumada rondará los 1.000 habitantes, llegó la conectividad LTE e Internet fija de Antel en una semana, entre el 19 y el 26 de marzo. Así lo anunció el presidente del ente, Gabriel Gurméndez, en sucesivos tuits que incluían como etiqueta: “Nuevas radiobases en el interior”. En los mensajes se indicaba que para este año se llegará a unas 40 localidades de estas características buscando “igualar oportunidades”, ir “saldando esta vieja deuda de Antel con el interior” y llevar conectividad “para estos compatriotas del interior olvidado”.
Estas conexiones forman parte de uno de los proyectos más relevantes del plan estratégico de Antel, recordó Gurméndez a Búsqueda. El año pasado comprendió a unas 50 localidades del Interior profundo y para 2022 se espera llegar a unas cuarenta más. “Era un proyecto fijado como prioridad estratégica para subsanar la falta de conectividad en el interior del país, algo muy relevante para sus pobladores, para las escuelas rurales”.
En los días posteriores a la Semana de Turismo se planificará la continuación de la operativa. Para seleccionar las 90 localidades de hasta 500 pobladores se cruzó información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las necesidades de cobertura planteadas por los clientes de Antel y los requerimientos de los distintos sectores productivos, dijo por su parte el vicepresidente del ente telefónico, Robert Bouvier.
Bouvier señaló que “sin lugar a dudas” el llamado “interior profundo” ha sido “el gran olvidado” de las “gestiones anteriores”, en obvia alusión a las administraciones frenteamplistas, entre 2005 y 2020. “A las pruebas nos remitimos: hemos tenido que ir a lugares donde no había absolutamente nada de cobertura, lo que se notó particularmente en la pandemia. Existía una inequidad notoria”, subrayó el jerarca a Búsqueda.
Como ejemplo de lo palpable de los cambios, mencionó a la policlínica de Estación Solís, una localidad de Lavalleja de poco más de medio centenar de pobladores al norte del arroyo Solís Grande: “La conectividad le significó al médico que iba poder tener acceso a la historia clínica de sus pacientes”.
A nivel de cobertura LTE (4G), Antel llega ahora al 92,7% del territorio nacional y al 99,9% de la población, según su vicepresidente. Con esta operativa se pretende alcanzar al 95% de la superficie del país para fines de 2022.
Nada nuevo.
Lo que desde el oficialismo se señala como un rescate al “interior olvidado”, es retrucado desde la oposición, que sostiene que la operativa es “solo una continuación” de lo hecho por las administraciones que la precedieron.
Por su parte, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), que ya ha tenido varios cruces con la actual dirección del ente, afirma que lo que están haciendo las actuales autoridades es “vender humo”.
El representante del Frente Amplio en el Directorio de Antel, Daniel Larrosa, consideró positivo “que la conectividad se extienda a todo el país y llegue bien a la mayor cantidad de lugares posible”. Sin embargo, señaló que esta conexión en pueblos rurales “no es más que una continuación” de lo hecho por la empresa estatal durante los gobiernos frenteamplistas.
“No se puede ir al punto más lejano del país sin llegar primero a los centros urbanos más grandes. Ese discurso político (el del interior olvidado) no lo compartimos porque no es real”, dijo Larrosa a Búsqueda. “Incluso el volumen mayor de inversiones que Antel hizo (durante los gobiernos del FA) fue en el interior”, agregó.
En su oficina, los datos que se manejan hablan de que durante los tres quinquenios del FA, en Montevideo se instaló una radiobase cada 1.000 habitantes mientras que en el interior se promedian 2,3 cada 1.000 vecinos.
Larrosa precisó además que lo que se está instalando desde 2021 no son radiobases sino repetidoras. Estas —denominadas relays— tienen menor altura (entre 18 y 25 metros, mientras que las primeras pueden llegar a los cien), son más baratas (“aproximadamente cuestan la mitad”) y tienen menor alcance, siendo útiles solo en poblaciones pequeñas. “Está bien que las instalen porque dan acceso a internet. Pero no son radiobases: lo que hacen es tomar la señal de radiobases cercanas, que sí dan cobertura a centros urbanos más grandes; además, no se pueden replicar con otra repetidora”, indicó Larrosa. Desde la oposición se indica que esa tecnología está presente desde 2018.
Bouvier señaló que tomando en cuenta los parámetros que se cruzan en cada localidad se escoge qué antena instalar, si una repetidora o una radiobase. El costo de cada instalación va de 90.000 a 250.000 US$, agregó.
“No es que nosotros (el FA) no nos acordamos del interior, ¡estábamos llegando de poco! Además, colocar antenas es una tarea habitual en Antel, nosotros no íbamos a festejar públicamente que lo hacíamos, ¡es como publicitar que solucionamos reclamos! Sobre todo esto se monta un discurso político sin bases reales”, indicó el representante de la oposición en la empresa, que ha expresado su molestia por lo que consideran una excesiva difusión pública de esta operativa. “En vez de gobernar, están haciendo campaña”, resumió.
Con esto último, Larrosa aludió a versiones sobre eventuales intenciones electorales de Gurméndez, colorado de la Lista 15.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, se expresó en la misma sintonía. “Nadie dice que no está bien que hagan estas instalaciones, lo vemos perfecto”, dijo, en diálogo con Búsqueda. “Pero que digan las cosas tal como son y que no hagan marketing. Lo que están haciendo es vender humo, favorecer la imagen del presidente de Antel”.
Para Bouvier, los anuncios de estas instalaciones responden “a una estrategia de este directorio” sobre “dar cuenta de lo que se está haciendo”, sobre todo en el interior. “Es mostrar que si decimos que vamos a hacer algo, realmente lo hacemos. Que la gente perciba que estamos en el territorio y que seguimos haciendo políticas sociales como empresas públicas, sobre todo para aventar los ‘fantasmas’ que decían que las veníamos a desmantelar”, cerró.
