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El seminario era sobre “El empleo en la economía digital”. Uno de los cuatro panelistas era el viceministro de Trabajo, Nelson Loustaunau. En primera fila, su superior, Ernesto Murro, lo escuchaba atentamente señalar los “peligros” de ese tipo de economías, en particular por la falta de regulación que hay en muchos casos y cómo ahora la nueva normativa deberá ser de nivel regional y no solo para un país, ya que muchos trabajadores hoy son empleados por empresas que no tienen sede local y que no están aportando en ningún lugar.
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En el auditorio de Antel de la Torre de las Telecomunicaciones, una pantalla gigante informaba quiénes auspiciaban el evento: las estatales Antel y República AFAP y Uber, la empresa de transporte que es considerada ilegal por no tributar ni adaptarse a la normativa vigente de transporte público.
La charla, organizada por la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU) y la Facultad de Ciencias Económicas, se realizó el martes 26 y, además de Loustaunau, contó con las exposiciones del abogado y docente Fernando Vargas, el economista Ignacio Munyo y la coordinadora de servicios globales de Uruguay XXI, Viviana Martínez.
Desde que el 29 de octubre del año pasado Uber anunciara su llegada a Uruguay, las complicaciones y encontronazos se repitieron. La empresa funciona mediante una aplicación y tiene su sede fuera del país. No aporta ni se regula mediante normativa alguna, por lo que la Intendencia de Montevideo (IMM) la considera “ilegal”.
Los jerarcas de la IMM basan su posición en la reglamentación municipal. Principalmente en el artículo 1º del decreto Nº 25.858, que “prohíbe efectuar transporte de pasajeros mediante pago de retribución en vehículos no autorizados por la división Tránsito y Transporte”. El decreto prevé la retención de las matrículas mientras no se paguen las multas previstas.
En febrero, y basándose en la ilegalidad de la empresa, inspectores de la IMM retiraron a varias comparsas, entre ellas Mi Morena, Cuareim 1080 y Yambo Kenia, banderas con el nombre de Uber con las que pensaban desfilar y hacer publicidad a la compañía.
En mayo, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, aumentó el monto de la multa por prestar servicios de transporte fuera del marco regulatorio de 35 a 70 unidades reajustables (unos $ 63.000), para frenar el crecimiento de Uber.
Uber argumenta que es una empresa de software y no de transporte. La compañía incrementó sus choferes y usuarios y se hace cargo de las multas de la IMM, que no pagan sus empleados.
Pero ademas de la IMM, Uber debe enfrentar a la poderosa gremial del taxi, que son los que mayor oposición han hecho a la instalación de esta compañía de transporte argumentando que les quita el trabajo, que es competencia desleal y que no aporta ni paga impuestos.
Además de realizar decenas de movilizaciones y paros —el último lo hicieron ayer miércoles “por un transporte popular”— y de presionar a la IMM para que tome medidas más severas en contra de Uber, los taxistas llegaron a “emboscar” a un chofer de Uber y llamaron a inspectores de la Intendencia, quienes le retiraron las chapas al auto.
El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para regular este tipo de empresas, que sigue a estudio en el Parlamento.
