Apuntalar la competitividad sin comprometer la desinflación

¿Es importante consolidar este logro? Sí, sin duda. ¿Qué implicancias tiene eso para la política económica de los próximos años? Veamos.

La inflación es también un impuesto que grava fundamentalmente a las personas más vulnerables. Son ellas las que están más expuestas a la inflación porque carecen de mecanismos para proteger sus ingresos de los aumentos generalizados de los precios. Por eso consolidar la caída de la inflación de los últimos años es importante.

Ahora bien, la desinflación reciente ha estado acompañada de cambios de precios relativos que han afectado la competitividad del sector transable de la economía. Al respecto, el propio BCU reconoce que el tipo de cambio real tiene un desvío del orden del 12% respecto de su nivel de fundamentos. En ese marco, diversos agentes privados y miembros del sistema político reclaman que la política monetaria contribuya a recomponer la competitividad.

La discusión sobre si la política económica debe priorizar la consolidación de la rebaja de la inflación o la mejora de la competitividad vía el tipo de cambio está latente, pero postergada porque este es un año electoral. Debido a ello, salvo que haya un evento exógeno (poco probable, por cierto), la resolución de este aparente dilema no tendrá lugar este año. Por eso, qué hará el próximo gobierno con este tema se ha vuelto una pregunta frecuente en Uruguay y en el exterior.

Para reflexionar al respecto, es necesario conjeturar sobre el escenario de inflación que heredará el próximo gobierno. Los expertos y los agentes económicos prevén que la inflación tenderá a ubicarse en el techo del rango meta en la primera mitad de 2025 (2). Si están en lo cierto, la siguiente administración deberá decidir entre consolidar la tasa de inflación que efectivamente legará el gobierno actual (en torno al 6% anual), priorizar la recomposición de la competitividad mediante un manejo más laxo de la política monetaria, tolerando una tasa de inflación como la del promedio de los últimos 20 años (en torno al 8% anual), o redoblar la apuesta y aspirar a una reducción adicional de la inflación para ubicarla por debajo del 4% anual (3).

En mi opinión, sería un error que el próximo gobierno no buscara consolidar la desinflación lograda durante los últimos dos años. En primer lugar, por los efectos positivos de una inflación más baja que mencioné. En segundo lugar, porque el sacrificio en términos de competitividad que ha tenido lugar entre 2022 y 2024, en parte atribuible a una política monetaria concentrada en la desinflación, habría sido en vano.

Como consecuencia de lo anterior, el debate relevante para la política económica en esta materia en 2025 debería girar en torno a dos puntos. Por un lado, qué hacer para que el sector transable de la economía mejore su competitividad sin comprometer la menor inflación alcanzada. Por el otro, qué rango meta de inflación sería deseable establecer: 3%-6% o 2%-5%.

Para abordar el primero de los puntos es necesario reconocer que, dado que es poco factible e inconveniente apostar a que el tipo de cambio facilite la mejora de la competitividad, se requieren reformas y políticas para promover la competencia en varias actividades del sector no transable, así como desplegar una agenda ambiciosa en materia de desindexación y desdolarización de precios. Precisamente, la desinflación que ha tenido lugar favorece que iniciativas de este tipo sean menos difíciles de acometer.

La discusión sobre si es necesario establecer una meta de inflación más exigente no es independiente de la planteada en el punto anterior. En otras palabras, si se quiere avanzar hacia una menor tasa de inflación es clave que, a diferencia de lo que ocurrió en este período de gobierno (4), se despliegue una agenda ambiciosa para eliminar rigideces que dificultan la desinflación y que tienen efectos indeseados sobre el tipo de cambio real. Precisamente, la estructura de precios relativos de la economía y la situación fiscal que heredará la próxima administración, así como el escenario externo que probablemente enfrentará Uruguay en 2025, recomiendan ser prudentes a la hora de definir una meta menor de inflación, al menos con la información que disponemos hoy.

Apuntalar la competitividad sin comprometer la desinflación registrada es un desafío clave para la política económica del próximo gobierno. Ello demandará un manejo fiscal prudente y una política monetaria dinámicamente consistente, pero, sobre todo, requerirá eliminar rigidices y aumentar la eficiencia del sector no transable. La economía política de estos desafíos no es sencilla. Por eso, como para varios otros capítulos de la agenda de gobierno, la capacidad de liderazgo y de articulación para trazar el rumbo y lograr los acuerdos necesarios es una cualidad indispensable que deberá tener el próximo gobierno.

(1) En 2017 también hubo 11 meses consecutivos en los que la inflación se ubicó dentro del rango meta. Sin embargo, en ese momento el techo del rango era 7% anual, no 6% como ahora.

(2) El descenso de la inflación ha estado influido por fenómenos transitorios como son la evolución de los precios internacionales y la apreciación del tipo de cambio en Uruguay. Debido a ello, la variación de los precios transables en el año móvil cerrado en abril fue de 1,8%, mientras que la de los precios no transables sigue ubicándose levemente por encima del techo del rango meta (6,1%).

(3) Un interesante y sugerente trabajo reciente sostiene que una tasa de inflación objetivo de largo plazo de 3,5% anual (rango 2% a 5%) podría ser apropiada para Uruguay. Arnabal, L. R. y García-Cicco, J. (2024); Optimal inflation target in small open economies: the role of asymmetric nominal rigidities; documento de trabajo del Banco Central del Uruguay 2002-2024.

(4) Por ejemplo, las pautas salariales “se quedaron cortas” en 2021, lo que obligó al gobierno a adelantar el correctivo salarial en 2022, una señal confusa. A su vez, en 2023 las pautas “se quedaron largas”, lo que le ha puesto un piso a la inflación no transable en la actualidad.

 El autor es economista, doctor en Historia Económica e integrante del centro de análisis Ágora.