El presidente de la Cámara de Industria Minera del Uruguay (CIMU) y director de la minera Orosur, el español Ignacio Salazar, recordó a Búsqueda que Aratirí “tomó un perfil muy alto, contrario a lo que hacen las demás mineras del mundo”. “Llegaron anunciando ‘la gran riqueza’ que dejarían al país creyendo que con eso alcanzaba y basta ver dónde está ahora”, dijo.
Se habló una y otra vez de que el hierro se convertiría en el principal rubro exportador, superando a la carne. Las 18 millones de toneladas de hierro que pretendía exportar a un “precio conservador”, como se decía en 2011, de U$S 100 por tonelada, dejaría U$S 1.800 millones cada año, según la empresa. El gobierno calculaba unos U$S 400 millones para sus arcas (Búsqueda Nº 1.619).
Las etapas de prospección y exploración fueron meteóricas. Entre 2007 y 2011 Cerro Chato tuvo el mayor movimiento de su historia: decenas de camionetas 4x4 y cientos de trabajadores, entre geólogos, técnicos y administrativos, tanto uruguayos como extranjeros, acudieron a la zona. El restaurante La Lata y el hotel Lain no daban abasto, y la estación de servicio Ancap que tenía cuatro empleados pasó a tener 14.
Los empresarios locales proyectaron un Cerro Chato nuevo. Mauricio Ifrán, hermano de Diego Ifrán, el futbolista de Peñarol, planeaba invertir U$S 2 millones para un hotel cuatro estrellas. El supermercado Casi Todo amplió sus instalaciones, llegaron constructoras para edificar las viviendas de los futuros mineros y la estación de servicio hizo obras para poder almacenar los 200.000 litros de combustible diarios que demandaría la minera cuando estuviera activa. Aratirí se expandía a lo largo y ancho de la zona organizando talleres sobre violencia doméstica y cursos de manejo, otorgando donaciones a escuelas y destinando personal a obras edilicias de hospitales. Formó su propio equipo de fútbol femenino integrado exclusivamente por sus empleadas. Pero al mismo tiempo, dividió al pueblo en dos: había quienes veían a la minera como una salvación y quienes defendían el estilo de vida ya conocido.
Mientras el gobierno y la empresa destacaban los beneficios del proyecto, la sociedad civil comenzó a movilizarse en su contra. En mayo de 2011 fue la primera marcha en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, liderada por 130 productores cuyos terrenos comprendían el emprendimiento minero. Desde entonces, cada año hubo una marcha por la avenida 18 de Julio en Montevideo y otras tantas en el interior.
El interés de Agarwal por concretar el proyecto llevó a que él mismo viajara en junio de 2011 a Uruguay exclusivamente para reunirse con Luis Lacalle Pou, entonces diputado por el Partido Nacional, y persuadirlo de que cambiara su oposición a la minera, sin tener éxito.
Blancos y colorados tomaron un rol activo en el rechazo a la minera, que implicó reiteradas interpelaciones a los ministros. En agosto de 2011, Aratirí, anunció que postergaría la inversión alegando lentitud en el tratamiento del tema. Los plazos se acotaban. La tonelada de hierro comenzaba a bajar de valor y el proyecto no se concretaba. El propio Mujica volvió a tomar la bandera por sentirse “un poco frustrado” y pidió al sistema político que dejara de “bobear” y tratara el tema “como una cuestión de Estado”.
La solución fue crear una comisión multipartidaria que tratara el tema para que una vez resuelto contara con el apoyo de todo el sistema político y avanzara sin inconvenientes. Pero lejos de acelerarlo, fue un freno más. El entonces diputado blanco José Carlos Cardoso planteó su idea del “fifty - fifty” (50% de las ganancias para el Estado) que derivó en la aprobación de la Ley de Minería de Gran Porte, que regularía el proyecto de Aratirí.
La discusión parlamentaria llevó casi dos años hasta que la ley se aprobó en setiembre de 2013 solo con los votos del Frente Amplio, pese a la búsqueda de consenso. Mientras, en Cerro Chato había incertidumbre y preocupación. La empresa, que no tenía más tareas, envió en enero de 2012 a 110 trabajadores al seguro de paro, y quedaron apenas 17. El precio del hierro seguía bajando y estaba en U$S 140 la tonelada.
La ansiedad en Agarwal aumentaba tan rápido como caía el valor del mineral y en febrero de 2012 se reunió con Mujica en la residencia presidencial de Suárez y Reyes para plantearle su “preocupación” porque la “rentabilidad” del negocio se comprometía si el precio continuaba en caída. Analizando lo sucedido, fuentes vinculadas a la negociación dijeron a Búsqueda que este fue el primer indicio de que el proyecto “podía complicarse”.
Sin embargo, en aquel entonces el gerente general de la minera, Fernando Puntigliano, insistía en que el puerto de aguas profundas y Aratirí serían “los dos proyectos esenciales para los próximos años del país”. Ninguno de los dos se concretó y Puntigliano abandonó la minera en febrero de este año.
Los plazos se dilataban cada vez más. Aratirí preveía construir su terminal portuaria en la zona de La Angostura y los estudios de impacto ambiental los hizo para esa zona, pero en diciembre de 2012 el gobierno le comunicó que el hierro se embarcaría en El Palenque, dentro del proyectado puerto de aguas profundas. Aratirí debía hacer otra vez sus estudios, lo que insumiría dos años más.
El negocio se complicaba, pero el gobierno y la empresa querían concretarlo. Durante otro encuentro entre Mujica y Agarwal, en febrero de 2013, el mandatario le planteó la posibilidad de incorporar al Estado como socio para explotar el hierro. Agarwal respondió que estaba “muy contento de gestionarlo con el Estado”, pero que debía definirse en qué condiciones. Finalmente, esto tampoco sucedió.
La estructura del financiamiento que presentó Aratirí en marzo de 2013 consistía en un tercio de capital propio y el resto de bancos de China e India y empresas asiáticas, sujeto a que el proyecto se concretara en un año. El precio del hierro seguía cayendo, la rentabilidad del negocio era cada vez más frágil y aún faltaban condiciones para que Aratirí pudiera empezar a trabajar: la autorización ambiental, el contrato de inversión y la ley seguían en discusión.
El gobierno intentó acelerar los pasos sin éxito. Mujica ordenó que se estudiara por separado al complejo minero de la terminal portuaria, pero la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) afirmó que el proyecto solo se podía analizar en su conjunto. Se aprobó la Ley de Minería de Gran Porte —que subió la carga impositiva— e inmediatamente Aratirí denunció que ese cambio de reglas ponía en peligro su ecuación financiera. Pese a todo, el entonces ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, tenía “expectativas positivas” de que el proyecto se concretara.
Días atrás, fuentes del gobierno de Mujica relataron que en aquel momento la suba impositiva de la ley fue analizada en conjunto con Aratirí y que ambos sabían que “si el hierro estaba a U$S 100 era rentable”.
La caída.
En diciembre de 2013 la tonelada de hierro valía U$S 135; superaba en U$S 35 los U$S 100 necesarios para que el proyecto fuera viable. En ese momento, el Poder Ejecutivo declaró al proyecto de Aratirí de “gran porte” y a partir de allí empezó a correr el plazo de un año para firmar el contrato de inversión.
Los borradores del contrato fueron y vinieron con la intención de concretar el acuerdo a fines de 2013, pero se postergó para enero de 2014. Llegó la fecha prevista para el acuerdo, pero se aplazó para febrero por “temas burocráticos”. En febrero tampoco se firmó y el valor del hierro estaba en U$S 120.
A mediados de 2014 la minera presentó los nuevos estudios de su terminal portuaria para El Palenque. Recién entonces la Dinama pudo estudiar el proyecto completo. En ese momento, la campaña electoral para las elecciones nacionales de octubre ocupó el centro del debate público y el tema minería desapareció.
Con el triunfo de Tabaré Vázquez, el proyecto minero tenía el aval político, pero las condiciones no eran las mismas: Aratirí sin la autorización ambiental y el precio del hierro desplomado en U$S 68, por debajo de los U$S 100 necesarios para viabilizar el negocio.
En diciembre de 2014 vencía el plazo para firmar el contrato, pero la ley permitía una prórroga de 90 días, que extendió la fecha límite hasta el 28 de febrero de 2015. Mujica ya no era tan optimista y en diciembre le transmitió a Vázquez que no había “nada seguro” con Aratirí.
Llegó febrero y el precio del mineral rozaba los U$S 60. El proyecto era cada vez menos viable y los plazos apretaban. Agarwal propuso un proyecto más chico donde el hierro se exportaría por el puerto de Montevideo. En lugar de 18 millones de toneladas por año serían dos y no tendría los gastos de un puerto propio. El Poder Ejecutivo optó por modificar la ley de Minería y otorgar más plazo para negociar.
El intercambio de borradores continuó, pero la última propuesta del gobierno enviada dos semanas atrás exigió el permiso ambiental. “El Estado no firmará un contrato hasta que esté la autorización ambiental”, dijo a Búsqueda la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. El martes venció el plazo y el acuerdo quedó descartado, ya que Dinama aún estudia el proyecto. El precio del hierro, en tanto, cayó a U$S 50.
De acuerdo con la ley, Aratirí tiene 90 días para presentar un nuevo interesado, antes de que los permisos pasen al Estado. Pero Aratirí y su proyecto pasaron al olvido. Ahora la minera, según dijeron fuentes de la empresa, apuesta a que Aurum Ventures se haga cargo. Se trata de otra empresa india que está negociando con Zamin Ferrous la compra del proyecto. Incluso, sus directivos fueron quienes mantuvieron las últimas negociaciones con el Poder Ejecutivo en nombre de Aratirí.
Para Salazar, el presidente de la CIMU, hubo “un cúmulo de despropósitos que termina en la nada” y el gobierno debería aprender. “Antes de repartir partes hay que asegurarse que exista una torta. La empresa dio por hecho que se llevaba a todos por delante y el gobierno se obsesionó con el proyecto. Pero si no hay torta no hay fiesta”, agregó.
Cerro Chato cada día se parece más a lo que era antes de 2007. El hotel cuatro estrellas no se construyó, la estación de servicio cambió de dueños porque el anterior se fundió, y los supermercados y restaurantes pasan los días con los 4.000 habitantes locales. De Aratirí solo quedan las oficinas, ocupadas por los ex trabajadores en reclamo de que les paguen sus despidos.
Información Nacional
2015-11-26T00:00:00
2015-11-26T00:00:00
