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El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, estimó que el proyecto Valentines de la minera Aratirí tendrá “tres o cuatro años de construcción y después 18 o 20 años de explotación”.
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El ministro participó el martes 25 en el seminario internacional “Minería de Gran Porte y Desarrollo Industrial”, organizado por el PIT-CNT, donde expusieron también el presidente José Mujica, el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, el representante de Uruguay Libre —movimiento contrario a la megaminería metalífera a cielo abierto— Raúl Viñas, el dirigente metalúrgico Francisco Da Silva y representes sindicales de España y Chile.
Kreimerman indicó que “lo normal en los proyectos mineros es que se presente la explotación minera en base a las reservas probadas, se haga el programa, y que a medida que se va explotando se siguen haciendo explotaciones que permiten continuar la actividad minera”.
En este sentido, Aratirí indicó en su Evaluación de Impacto Ambiental que el proyecto tendrá un mínimo de 12 años, en base a las reservas de hierro que comprobó la empresa.
A su vez, el ministro dijo que desde el gobierno se visualiza “más de una mina, dos o tres más que van a ser puestas en marcha después”.
En sus manos.
Rucks informó que para completar el estudio del proyecto minero la empresa debe presentar la información del nuevo trayecto del mineroducto —el gobierno modificó la zona del puerto de aguas profundas y Aratirí debe rediseñar el recorrido hacia la terminal portuaria—, el plan de cierre de acuerdo a las exigencias de la ley de Minería de Gran Porte y los estudios de ordenamiento territorial acordados con las intendencias.
“No hemos recibido hasta ahora el proyecto ajustado. No está en nuestras manos avanzar más, sino en la empresa”, afirmó el director de Medio Ambiente, quien agregó que solicitó a la compañía una “mayor claridad” en torno a la posibilidad de drenaje ácido.
Consultado sobre la posibilidad de que se firme el contrato de inversión antes de que se expida la Dinama, Rucks planteó su posición favorable a que se coloque una cláusula que pueda invalidar el contrato en caso de que el proyecto Valentines no obtenga la autorización ambiental.
En caso de que el gobierno decida esperar por la autorización ambiental para la firma del contrato, para el jerarca se generaría una situación “compleja” por tener que responder “en un marco temporal sin antes solidificar los estudios”.
La ley de Minería de Gran Porte establece un plazo de 360 días para que el Poder Ejecutivo y la empresa firmen un contrato de inversión a partir de la clasificación del proyecto minero en la categoría de gran porte. En el caso de Aratirí esto ocurrió el 6 de diciembre de 2013.
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