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    Argentina 2024: ¿gradualidad o shock?

    Nº 2249 - 2 al 8 de Noviembre de 2023

    Independientemente de quién gane el balotaje en Argentina, el presidente que asuma el 10 de diciembre enfrentará en 2024 una prueba dura: implementar un plan para recuperar una economía que hace más de una década está estancada, que tiene una tasa de inflación anual de tres dígitos y en la que la mitad de la población es pobre o indigente. Como si fuera poco, Argentina no tiene reservas internacionales ni acceso a financiamiento debido a la falta de credibilidad de sus políticas y a su mala reputación como deudor.

    Para tener éxito, el plan deberá ser económicamente creíble y políticamente factible. El problema es que si es creíble, será impopular; pero si no es políticamente viable, de nada servirá que esté bien diseñado. Por eso, el desafío planteado es esencialmente político: hacer que lo que es necesario desde el punto de vista económico, efectivamente ocurra. Algo muy fácil de decir y nada fácil de lograr.

    Llevar adelante una consolidación fiscal, (1) adoptar un esquema monetario que permita reducir la inflación y unificar el mercado de cambios deben ser las prioridades. El problema es que lo anterior requiere tiempo, paciencia y financiamiento, tres cosas que no abundan en estos días en Argentina.

    Hace falta tiempo, porque la mejora del resultado fiscal demandará medidas sobre el gasto y los ingresos públicos, algo que requiere apoyo político y mayorías parlamentarias. Se precisa paciencia, porque un programa como el descrito provocará alteraciones de precios relativos, incrementos de tarifas de algunos servicios públicos, eliminación de subsidios y recortes de transferencias de variado tipo. Y la mayoría de esas cosas ocurrirán antes de que la población pueda percibir progresos económicos claros. Finalmente, se necesita financiamiento para hacer viable el plan y para amortiguar sus efectos sobre la economía y sobre la población.

    Siendo esquemáticos, es posible identificar dos tipos de caminos alternativos para un programa de este tipo: uno gradual y uno de shock. El primero requiere hacer creíble que, cualquiera sea el escenario, el financiamiento monetario del déficit fiscal se interrumpirá en algún momento. Para ello es necesario además de la consolidación fiscal, asegurar la independencia del banco central y acceder a financiamiento externo.

    Los fracasos de experiencias similares como la del gobierno de Mauricio Macri, en 2015, erosionan la credibilidad de esta opción. Es que, para poder adoptarla, hace falta financiar el déficit mientras la corrección fiscal madura, algo que demandará al menos nueve meses. Mientras tanto, la emisión seguirá siendo la única fuente disponible, lo que aumenta la probabilidad de una hiperinflación.

    A pesar de lo anterior, es probable que un gobierno de Sergio Massa decida empezar gradualmente. Y eso por dos motivos. Primero, mayores rendimientos agrícolas (no habrá sequía) y el inicio de la producción de gas (Vaca Muerta) aportarán divisas y recaudación en 2024, lo que permitirá comprar tiempo. Segundo, una reducción gradual de la inflación permitiría licuar parcialmente el gasto público. Si la suerte no acompañara al gobierno, la inestabilidad nominal aumentaría dando lugar a un escenario hiperinflacionario. Solo ante una situación de ese tipo un gobierno de Massa actuaría con mayor rigor.

    El camino alternativo a la gradualidad es un shock. Ante períodos prolongados de tasas de inflación elevadas como actualmente tiene Argentina, el uso de reglas para limitar la discrecionalidad de la política monetaria es habitual. Asumir compromisos sobre la inflación y el tipo de cambio o dolarizar la economía son ejemplos de diferente intensidad de este tipo de reglas.

    La teoría económica y la evidencia comparada sugieren que programas basados en reglas monetarias suelen ser eficaces para reducir la inflación en economías en las que las políticas son poco creíbles. Ello porque atan de manos a los gobernantes que ya no pueden estimular la demanda agregada a través de la política monetaria (financiando déficits presupuestales o abaratando el crédito). Al postular la dolarización de la economía, es evidente que Javier Milei se inclinará por un shock si es electo presidente.

    Además de la inflexibilidad que un camino de este tipo tiene asociado, (2) existen razones por las cuales su adopción puede ser desaconsejable. Especialmente en un contexto como el de Argentina hoy. Primero, la interrupción abrupta de la monetización del déficit fiscal obligaría a realizar un ajuste del presupuesto rápido, lo que, sumado a la restricción monetaria inherente al plan, agudizaría la recesión en curso. Ello afectaría la recaudación impositiva, lo que podría impedir la mejora del resultado fiscal, algo que erosionaría su credibilidad. Segundo, las versiones más extremas de este camino, como la dolarización, requieren niveles de reservas internacionales que el Banco Central no tiene y que difícilmente obtenga en un escenario como el que prevalecerá en la primera mitad de 2024. Tercero, y muy importante, un plan de shock provocaría inicialmente una fuerte contracción de la actividad en una economía que ya está en recesión y que exhibe un nivel de pobreza alarmante.

    En otras palabras, un plan basado en un shock no parece ser factible sin acceso a financiamiento, al tiempo que arriesga a deteriorar aún más la situación fiscal, lo que, precisamente, impediría acceder a recursos externos. Como si fuera poco, la viabilidad política de este camino es muy incierta por los efectos que tendría sobre la actividad económica, el empleo y la pobreza.

    La fragilidad económica de Argentina exige contar con un plan técnicamente consistente y políticamente viable. Implementarlo con éxito requiere, además de algo de suerte, un liderazgo capaz de articular intereses diversos, gestionar tensiones sociales y políticas profundas, construir y mantener mayorías parlamentarias, así como obtener recursos para financiar el ajuste y amortiguar sus efectos.

    Un camino gradual tiene menos probabilidad de ser resistido (al menos inicialmente), pero arriesga a desatar una hiperinflación. Alternativamente, un plan de shock podría ser más eficaz para evitar que la inflación se espiralice, pero probablemente provoque una recesión con efectos sociales y políticos muy complejos de gestionar. Esto es especialmente crítico en un escenario de alta fragmentación y polarización política como el que prevalece en Argentina hoy. No hay caminos fáciles, razón por la cual 2024 será un año muy duro para Argentina.

    Por todo lo anterior, en Uruguay debemos asumir que no habrá noticias económicas positivas provenientes de la vecina orilla el año que viene. Afortunadamente, los canales de contagio hoy son mucho menos intensos que en el pasado. Gracias a ello, nuestra estabilidad macroeconómica no está amenazada incluso ante un deterioro adicional en Argentina. A pesar de ello, en nuestro país muchas actividades seguirán enfrentando condiciones adversas en 2024.

    (1) El último dato conocido del déficit fiscal global es de 4,4% del PIB (junio) y de la tasa de inflación anual 139% (setiembre).

    (2) Las reglas restan flexibilidad a la política monetaria para amortiguar shocks externos y gestionar el ciclo económico. Por eso, bajo su vigencia durante las fases contractivas suelen registrarse efectos más pronunciados sobre la actividad y el empleo. La experiencia de la última etapa de la Convertibilidad en Argentina a comienzos de este siglo es elocuente en ese sentido.

    * El autor es economista y doctor en Historia Económica.