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El gobierno argentino transmitió que acepta el pedido uruguayo de hacer públicas las actas que documentan la negociación que las delegaciones de ambos países llevaron a cabo en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), con el objetivo de concretar una licitación para profundizar el canal Martín García, anunciaron a Búsqueda fuentes del gobierno.
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La comunicación de la administración de Cristina Fernández de Kirchner llegó por escrito a la Cancillería en los últimos días, luego de una solicitud que el ministro Luis Almagro realizó a su colega Héctor Timerman para —entre otras cosas— divulgar el contenido de esas reuniones. En una primera respuesta que el jerarca argentino remitió la semana pasada, había evitado definirse.
En el gobierno uruguayo calificaron como positiva la respuesta, en la medida de que la divulgación del material puede ayudar a “transparentar” una licitación relevante pero muy cuestionada y a evitar futuras impugnaciones, agregaron las fuentes.
Uruguay ya tiene aprobadas las actas, pero Argentina debe hacer lo mismo para que luego puedan ser publicadas. Todavía no está definido cuándo ni cómo se llevará a cabo la divulgación.
Las actas son importantes, además, porque la lectura del material en su totalidad “evidencia” que “Uruguay siempre quiso avanzar con el dragado, mientras que Argentina no”, y hasta se podría llegar a inferir una eventual conexión entre la delegación argentina y la empresa Riovia, actual concesionaria del mantenimiento del canal, informaron diversas fuentes políticas cercanas a la negociación (Búsqueda Nº1.662).
La respuesta de Argentina surge en un complejo escenario, una semana después de que el embajador itinerante Julio Baraibar declarara en Radio Uruguay que hubo un “intento de soborno” al presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo.
En los últimos días hubo contactos diarios entre los dos gobiernos, con el objetivo de “reencauzar” la negociación y enfocarla en la definición del pliego de licitación que permita adjudicar la obra para profundizar el canal Martín García de 32 a 34 pies (cada pie equivale a unos 30 centímetros). Concretar este asunto es fundamental para el desarrollo portuario de Uruguay.
La declaración de Baraibar fue realizada luego de que Timerman pidiera parar la aprobación del pliego ante lo que calificó de “graves, sorpresivas y reiteradas denuncias” relacionadas con la licitación y publicadas en medios uruguayos. El diario “El Observador” y la revista “Caras y Caretas” informaron la sospecha de un “arreglo” entre Riovia y la delegación argentina y de un “intento de coima” que fue rechazado, pero que tenía por objetivo favorecer a la empresa.
Horas después de sus declaraciones, Baraibar presentó su renuncia. Pese a eso, el presidente José Mujica y el canciller Almagro decidieron rechazarla —según informó “La Diaria”— por considerar que no hubo “mala fe” en su accionar y que el jerarca genera una “infinita confianza”.
Pliego y auditoría.
En los contactos que ambos gobiernos mantuvieron en estos días también se pretendió establecer las “competencias” que tendrán los organismos que en Argentina y Uruguay se encargarán de auditar el trabajo de la CARP. La auditoría se realizará como consecuencia del pedido que Timerman planteó en una carta enviada a Almagro la semana pasada. Primero pretendió parar la negociación por el pliego hasta conocer el resultado de la auditoría, pero días después aceptó que ambas cosas deben avanzar de forma paralela.
En tanto, los miembros de la delegación uruguaya ante la CARP se reunieron esta semana para afinar su respuesta ante las objeciones al pliego de licitación que había presentado Argentina en la última reunión del organismo binacional. Según explicaron las fuentes, la mayoría de las objeciones son contemplables y por lo tanto se espera que en la próxima reunión de la comisión —que probablemente sesione la semana entrante— las delegaciones avancen en la aprobación del pliego.
Además, la delegación estudia las condiciones que se deberían tener en cuenta en el caso de que se concrete un concurso de precios por el mantenimiento del canal, de lo cual se hace cargo la actual concesionaria, mediante prórroga de su contrato, desde hace meses.
Mientras, las autoridades de la Cancillería prefieren mantener el silencio hasta el 12 de junio, día en que Almagro asistirá al Senado en régimen de Comisión General para dar explicaciones sobre la negociación.
