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Buenos Aires y su entorno volvieron este mes a la cuarentena obligatoria, mientras Argentina se acerca a las 1.500 muertes por Covid-19. Así, una economía que estaba en recesión ya antes de la pandemia, profundizó sus problemas. En medio de esa situación, la novela cargada de dramatismo en que se transformó la renegociación de la deuda pública de ese país sumó un nuevo capítulo, aunque esta vez con la perspectiva de un desenlace auspicioso.
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El domingo 5 el gobierno del presidente Alberto Fernández presentó una enmienda a su oferta de canje de bonos por US$ 65.000 millones emitidos bajo legislación extranjera, mejorando la propuesta para los inversores, en particular para aquellos que adhieran primero (podrán comenzar a cobrar su dinero en setiembre de 2021). El valor presente neto será de US$ 53,5 por cada US$ 100 nominales para los títulos emitidos durante la administración de Mauricio Macri, y de US$ 59,5 para los que se canjearon entre 2005 y 2010. En la medida que no encontraba aceptación, la propuesta (originalmente de US$ 38) fue siendo mejorada. Y esta vez la respuesta de algunos grupos de acreedores cambió: los fondos de inversión Gramercy y Fintech Advisory adelantaron su intención de adherir a la operación, que “prevé la sostenibilidad de la deuda. Eso es crucial para un crecimiento económico duradero, alto e inclusivo”. No está claro si acompañarán BlackRock, Fidelity y Rushmore, otros fondos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió el martes 7 que algunos grupos de inversores rechazarán la oferta. “Si no pudiéramos cumplir, no tendría sentido. Con ese sector existió diálogo pero no nos pusimos de acuerdo”, declaró.
Junto con el anuncio de la mejora en la oferta, el gobierno estiró el plazo para recibir adhesiones hasta el 4 de agosto. Para que prospere, deberá ser aceptada por al menos 66,6% del circulante de los bonos (o niveles de entre 50% y 60% si los prospectos de los títulos de 2005 y 2016 son tomados por separado). Lograr altos niveles de participación en la operación es el camino para bloquear reclamos judiciales de aquellos que no adhirieron voluntariamente.
Según fuentes del gobierno argentino citadas por el diario Ámbito Financiero, en muchos de los 21 bonos involucrados en la renegociación ya habría porcentajes de aceptación suficientes y en otros se estaría cerca de alcanzar los mínimos para inhabilitar reclamos de los que no adhirieron. Una fuente del mercado citado por Infobae consideró “obvio que ahora hay más posibilidades de cerrar el acuerdo”, porque Guzmán empezó pensando que bajan “de la Sierra Maestra” y se rindió “en la Quinta Avenida”.
Respaldo.
Después de conocida la mejora en la propuesta hubo una reacción de optimismo en los mercados, el lunes 6, a través de una fuerte valorización de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Si el canje finalmente recoge una alta aceptación, la deuda argentina dejará de ser considerada en default, informaron desde las agencias calificadoras.
En una conversación mantenida el martes 7, la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) le transmitió al presidente argentino su respaldo a la propuesta ajustada. Es “un paso importante”, señaló la búlgara Kristalina Georgieva, informó un portavoz del organismo.
El FMI es, también, acreedor del Estado argentino por unos US$ 44.000 millones que prestó, principalmente, como parte del paquete acordado con la anterior administración de Macri. La deuda con otros organismos multilaterales y bilaterales —incluido el llamado Club de París— ronda los US$ 30.000 millones. En total, a marzo el endeudamiento era de US$ 330.000 millones, equivalente a 92% del Producto Bruto Interno (PBI), según cifras recogidas por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Aunque llegan a fin de 2019, los datos referidos a las provincias permiten concluir que “podrían ser más vulnerables” que el gobierno nacional, sobre todo Buenos Aires, Chubut, Córdoba y Mendoza; algunas tienen en marcha intentos de renegociación.
Analistas advierten que la renegociación está siendo discutida sin que exista un plan económico claro. Ante la profundización de la crisis a raíz del Covid-19, la estimación de la FIEL es que el PBI de Argentina se desplomará 13,5% este año, respecto al anterior, y que el déficit fiscal —sumando el gobierno de la nación y las provincias— rondaría el 8% del Producto, un nivel que se vio por última vez en la década de 1970.
