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El debate sobre la aplicación en Uruguay de una renta básica universal que asegure un ingreso mínimo a todos sus ciudadanos cobró fuerza en los últimos meses. Los principales impulsores de la discusión son integrantes del oficialismo: legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP), dirigentes del Frente en Movimiento y hasta el director de Derechos Humanos de la Presidencia, Nelson Villarreal. Incluso la Oficina de Planeamiento y Presupuesto analizó los costos de aplicar una medida de ese tenor.
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Al ministro de Economía, Danilo Astori, la idea le preocupa. Lo planteó en la interna del Poder Ejecutivo y los últimos días lo hizo en público. Astori opinó que no es momento para que se aplique una renta básica universal y añadió que el tema se podría debatir con seriedad si el país tuviera una situación fiscal “más estable”.
La idea de la renta básica es que cada ciudadano obtenga un ingreso mínimo (sin importar si trabaja o no, o si es rico o pobre). En Europa la discusión sobre esa iniciativa está más avanzada. Incluso, Finlandia puso en marcha un plan piloto.
En Uruguay, el MPP anunció en octubre que está trabajando para presentar un proyecto de ley. Pocos meses antes, Villarreal había dicho en una entrevista con Búsqueda que Uruguay debía embarcarse en esa discusión, pero con el objetivo de aplicarla dentro de varios años.
En declaraciones publicadas el martes 28 en el periódico La Semana, de Libertad, el ministro se refirió a esos planteos. “Es un tema a analizar con mucha calma, es una herramienta que se ha venido utilizando, pero no creo que este sea el momento en la historia del Uruguay en que tengamos que apostar a un instrumento de este tipo”, dijo.
Astori agregó que no descartaba su aplicación en el futuro, pero explicó que primero se debe “reflexionar mucho, porque no es algo sencillo de establecer, sobre todo respecto a las posibilidades de funcionamiento equilibrado de la economía en su conjunto”.
Destacó que se han utilizado “otras vías” exitosas para combatir la pobreza, que pasó del 40% en 2004 al 9% en 2017. En ese período “prácticamente” desapareció la indigencia. “Las políticas sociales del gobierno han tenido su resultado positivo”, aseguró.
“Con un país que tuviera una situación fiscal más estable, equilibrada, se podría recurrir a una herramienta de este tipo. En las circunstancias que vivimos hoy, me parece bien que empecemos a pensar en una posibilidad de este tipo, pero no estamos en el momento de aplicarla”, dijo.
A mediados de este año, el Congreso del MPP analizó la necesidad de impulsar un proyecto sobre este tema. La diputada Lilián Galán dijo que el proyecto parte del derecho de cualquier ciudadano “a tener aseguradas sus necesidades materiales básicas” para poder “pensar su vida y su trabajo de distinta forma”. “Queremos ponerlo sobre la mesa como un derecho, y plantearlo en este momento en que hay grandes cambios en el mundo del trabajo y tenemos que hacer propuestas como legisladores y trabajadores”, dijo en declaraciones a La Diaria el 10 de octubre.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) también estudia la posibilidad de establecer una renta básica universal.
La oficina calculó escenarios suponiendo una renta básica de carácter universal (para toda la población), pero también para dos grupos etáreos específicos: de cero a tres años y todos los menores de dieciocho.
Un primer escenario simulado por la OPP supuso el otorgamiento de una renta básica equivalente al monto que estima el Instituto Nacional de Estadística como “línea de pobreza” (el mínimo necesario para poder adquirir una canasta de bienes y servicios básicos). Eso corresponde a $ 10.030 (a pesos de 2014, equivalentes a $ 12.456 de agosto de 2017) para un hogar unipersonal de Montevideo.
Si se paga dicha renta a toda la población, se logra eliminar por completo la pobreza y la indigencia. Una segunda simulación apuntó a evaluar el impacto de la renta básica equivalente a la línea de pobreza (los $ 12.456 actuales) acotando su alcance a los menores de 18 años de edad. En esta hipótesis, la pobreza cae a 1,17% de la población total, un “gran impacto” que se explica en que el 92% de las personas pobres son o viven con menores de edad en el hogar. La indigencia virtualmente desaparece (0,02%). El costo fiscal asciende a 8% del PBI ( Búsqueda Nº 1936).