Aunque en las normas se define a casas de cambio, agentes de bolsa y otros actores no bancarios como sujetos obligados a informar operaciones que podrían ser lavado de activos, muchos no reportan y además “deben ser considerados por las instituciones bancarias como clientes de alto riesgo”, por lo que son los bancos los que asumen “toda la carga del control”, afirma Andrés Carriquiry, oficial de cumplimiento del Banco República (BROU), recogido en la web de esa entidad estatal.
Ejecutivos de bancos privados afirmaron que esa es una de las razones por las que no mantienen cuentas con el conjunto de corredores de bolsa y lo hacen solo en casos puntuales. Sobre esa política, el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, dijo el jueves 19 en una charla organizada por Somos Uruguay, que ello responde a “directivas de las casas matrices que reaccionan, y a veces sobrerreaccionan”. Instó a actuar de un modo “pragmático”, con “equilibrio entre asumir riesgos y abrir más los servicios financieros”.
Según ejecutivos de los bancos consultados, “el verdadero problema” está en los escribanos o en inmobiliarias que “no tienen cultura” de reportar sospechas de lavado.
En Itaú entienden también que es “conveniente” ajustar la legislación en la identificación de los beneficiarios finales de sociedades anónimas y con acciones al portador, algo que es compartido por los reguladores. Desde ese banco señalaron que se considera necesario contar con “mayor información de carácter público” para mantener actualizada la base de datos de los clientes (de su estado civil, por ejemplo) y así “mitigar el riesgo de que el sistema financiero uruguayo pueda ser utilizado para el lavado de activos”.
Debida diligencia
El BROU tiene un manual de prevención del lavado que es de aplicación en todas sus dependencias, también en el exterior.
Una comisión con participación de algunos directores de la entidad, un oficial de cumplimiento, un comité operacional y una unidad de prevención de lavado de activos es la encargada de controlar los sistemas de detección de operaciones inusuales, y de reportar casos sospechosos al BCU cuando corresponda. El esquema de prevención debe ser evaluado anualmente por auditores externos.
Para los clientes habituales se debe contar con la información básica de la persona, además del estado civil, domicilio, número telefónico y mail, profesión o actividad principal, volumen de ingresos, países con los que va a operar, y una declaración respecto a si opera por cuenta propia o de un tercero (identificando al beneficiario final) y si es una persona políticamente expuesta. Para las empresas se requieren datos similares. Algunos casos precisan de una “debida diligencia ampliada”.
Para la apertura y mantenimiento de relaciones de corresponsalía, el BROU presta atención a la información del gerenciamiento de la institución financiera, su reputación y la naturaleza del negocio, además de las políticas que aplica en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en particular las vinculadas con la aceptación y el conocimiento del cliente. También solicita los estados contables auditados de los últimos tres ejercicios económicos.
El BROU aplica la política de conocimiento de sus propios funcionarios, lo que supone acciones desde su ingreso. Su código de ética exige evitar colocarse en situaciones que puedan generar conflicto entre sus intereses y los de la institución.
Más regulación.
Para los bancos privados de la plaza uruguaya que son subsidiarias de grupos internacionales, “hay poca tolerancia” en el riesgo reputacional que implicaría ser usados para canalizar fondos de actividades ilegales, comentaron las fuentes.
“Post crisis de 2002 el BCU reforzó muchos temas y entre ellos el control de lavado de activos. El estándar local es alto”, dijo un ejecutivo.
Todo eso se traduce en mayores costos operativos.
En Scotiabank hay entre 15 y 20 oficiales de cumplimiento (el área que se encarga de que el banco cumpla con la normativa vigente) dedicados exclusivamente a temas de lavado de activos. Santander aumentó en 50% su presupuesto para esas tareas en los últimos dos años. Itaú dedica el 1% de su fuerza laboral “full time” a estos controles, que consumen además 10% del tiempo de los ejecutivos comerciales. La dotación de recursos directos asignados se incrementó 20% en los últimos dos años, informó el banco.
Como es difícil conseguir personal preparado para estas áreas, el 90% termina siendo capacitada por las propias instituciones financieras, aseguraron.
En Itaú se han incrementado los costos en infraestructura con “importantes inversiones” en mejoras tecnológicas, tanto en software como desarrollos internos de sistemas. Solo el mantenimiento de uno de estos programas dedicado exclusivamente al control de giros desde y hacia el exterior puede costar U$S 100.000, dijeron fuentes bancarias.
“En Uruguay la mayoría de los bancos privados son sedes pequeñas en los números totales de sus matrices, y de existir un problema de reputación hay cero tolerancia”, subrayó un ejecutivo.
Las instituciones con matrices en Norteamérica fijan exigencias para el combate al lavado superiores a la local. En Scotiabank, de origen canadiense, “es muy restringida” la operativa permitida con sociedades al portador y si bien se habilitó para Uruguay —dadas las particularidades de la plaza— la “metodología de monitoreo del cliente es más exigente”. También el brasileño Itaú, al cotizar en bolsas internacionales y manejarse con regulación estadounidense, tiene una normativa más estricta.
No es inusual que algunos rechacen abrir cuentas a clientes que terminan yendo “a la competencia”, dijo una fuente.
Las casas matrices envían mails y llaman a directores de riesgo en Uruguay cuando el país se ve involucrado en algún caso de lavado de activos con relevancia internacional. Esto sucedió —comentó una fuente— con el caso del ex dirigente de fútbol Eugenio Figueredo, procesado con prisión en el marco de una investigación por corrupción en la FIFA.
En otras oportunidades, ejecutivos de las casas matrices decidieron viajar y chequear personalmente el desarrollo de la operativa local, para cerciorarse de que el negocio uruguayo no supusiera un riesgo reputacional para la marca. Así, para las instituciones consultadas el objetivo es tener “cero multas” por parte del BCU.
En lo que va de 2016 las sanciones por incumplimiento de esa normativa han sido para cambios, sociedades de bolsa y emisores de dinero electrónico, señalaron.
Chequeando listas
Los recientes casos de lavado de activos vinculados al narcotráfico o fondos irregulares que fueron descubiertos a raíz de la divulgación de los “Panama Papers” —una investigación en la que participó Búsqueda junto al Consorcio Internacional de Periodistas y otros medios de comunicación— significaron un trabajo extra para las áreas de riesgo de los bancos locales. Además de revisar uno por uno los nombres publicados con relación a Uruguay, las instituciones recibieron desde sus matrices listados para chequear.
Algunos sectores de actividad son mirados con más atención, como los casinos, el fútbol y los hoteles. El país de origen o destino de las transacciones, así como el tipo de producto también son indicios de una posible actividad sospechosa. Tanto el BROU como los privados chequean los nombres de sus clientes con las personas físicas o jurídicas incluidas en las listas de la Office of Foreign Assets, o con individuos que hayan sido declarados terroristas o procesados por delitos relacionados con el lavado de activos.
Luego, y con la ayuda de sistemas informáticos, se realiza una matriz de las operaciones consideradas normales para el nivel de ingresos que la persona o empresa declara. Así, en su historial con el banco, todo lo que escape de esa franja prende una alarma.
La mayoría de los gerentes consultados afirmaron que, al recibir una transferencia fuera de fronteras (inclusive desde sus casas matrices) realizan todo el proceso de chequeo de fondos. “Hay puntos hasta los que podés llegar”, reconoció una fuente.
Una reciente normativa del BCU establece que deben identificar también a la persona o empresa para la que trabaja su propio cliente.
Puede ocurrir que operaciones que en un momento no despertaban sospechas, lo hagan tiempo después. Esto sucedió con la venta del campo El Entrevero de Maldonado —canalizada a través de Santander— al empresario argentino Lázaro Báez, recientemente procesado por lavado de activos en su vinculación con la “ruta del dinero K”. Ejecutivos consultados consideraron que el banco se vio “engañado en su buena fe”.
Para mitigar ese riesgo, “conocer al cliente” es el criterio que aplican. “Mandás gente a los comercios, ves qué les pareció. Si el cliente se resiste a dar información o si la historia que cuenta no te convence, es un indicio. En el extremo es pedir lo que dice la ley y si no lo presenta, no aceptarlo. Lo que hay que ver es la racionalidad y la fortaleza de su explicación”, afirmó una fuente.
