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    Atento a la evolución de la pandemia y al caos educativo en Argentina, el gobierno proyecta ampliar el blindaje en mayo

    Gremio de maestros apoya la medida de extender la no presencialidad en “defensa del derecho a la vida y la seguridad”, mientras el colectivo de familiares por la educación pública implora por la vuelta a las aulas

    La tensión entre el gobierno argentino y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cierre de las clases presenciales, ante una nueva ola de Covid-19 en Argentina, es seguida con “especial atención” por el Poder Ejecutivo y las autoridades educativas en Uruguay.

    Con más de 25.000 contagios diarios y ante un posible colapso del sistema de salud, el presidente Alberto Fernández anunció el miércoles 7 una serie de restricciones de circulación pública que en general fueron bien recibidas entre los argentinos.

    Pero a los pocos días y de forma sorpresiva, Fernández anunció la suspensión de las clases presenciales desde el lunes 19 hasta el 30 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población argentina y donde creció aceleradamente el número de casos de coronavirus.

    La decisión provocó una ola de indignación y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó una demanda judicial para bloquear la medida. Tras un fallo favorable de la Justicia porteña, aseguró el domingo 18 que al día siguiente habría clases en la capital.

    El litigio entre el gobierno argentino y la Ciudad de Buenos Aires tuvo un nuevo giro el martes 20, cuando la Justicia Federal volvió a suspender las clases presenciales en la capital debido a “la gravedad institucional y el escándalo jurídico”.

    Con un ojo puesto en el conflicto argentino y sobre todo atento a la evolución de la crisis sanitaria local, el gobierno uruguayo evalúa extender “el blindaje educativo” a mayo.

    La idea de “blindar abril”, que llevó a la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles de la educación obligatoria, fue retomada por el presidente Luis Lacalle Pou.

    “Compartimos el blindaje del mes de abril, pero posteriormente deberá ser el de mayo”, dijo, consultado en rueda de prensa el lunes 19 en Soriano.

    “Blindar mayo implica cerrar todo, sin presencialidad en las aulas, como hasta ahora”, explicó a Búsqueda una autoridad de la educación. Sin arriesgar fechas, indicó que la vuelta a las aulas será escalonada y con la idea de que una vez que comience no tenga marcha atrás.

    Sobre el conflicto educativo en Argentina, desde el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Eduación Pública (ANEP) descartaron que se dé un escenario similar en Uruguay.

    El titular del Codicen, Robert Silva, dijo a Búsqueda que “lo de Argentina es incompatible ya que prácticamente no tuvieron clases el año pasado, a diferencia de Uruguay, que es la absoluta excepción”.

    “Nada de lo que pasa en Argentina se da acá, porque en Uruguay todas las decisiones las tomó siempre el ente autónomo (el Codicen) en consonancia con la Presidencia y las autoridades sanitarias. En nuestro caso también hay coincidencia con los sindicatos, y esa es otra diferencia con nuestros hermanos argentinos”, dijo el representante del gobierno en el Codicen, Juan Gabito, a Búsqueda.

    “La lógica de los dientes de sierra”

    El Codicen está en diálogo con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y se reunirá con el Ministerio de Salud Pública para avanzar en la adopción de medidas, que incluyen modificar los protocolos sanitarios para el regreso a las clases presenciales, informó El Observador el lunes 19.

    “Ahora tenemos que recibir el insumo de Salud Pública para saber cómo considerar el hecho nuevo de los docentes vacunados, que habiendo adquirido inmunidad completa, presuntamente no tienen por qué entrar en cuarentena en caso de haber tenido algún contacto con un positivo”, explicó Gabito.

    Sobre la continuidad de la educación virtual, el consejero afirmó: “Nuestra idea es seguir haciendo prevalecer el derecho a la vida y la seguridad”.

    Esta idea es respaldada por la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu), entre otros motivos, por la alta movilidad que implica la actividad educativa.

    “El país vive un momento en que no tiene total claridad de lo que sucederá al día siguiente o a los dos días. ¡No agregar mayor zozobra!”, resumió a Búsqueda la secretaria general del gremio, Daisy Iglesias.

    De lo contrario, dijo, “el riesgo es caer en la lógica de los dientes de sierra: hoy venimos a clases, pero mañana tenemos que suspender, y así una y otra vez…”.

    “Esos dientes de sierra no favorecen ni el clima ni la estabilidad de trabajo, por lo que si (el gobierno) no tiene claro si dentro de dos semanas tendrá que volver a suspender las clases, mejor que se tome tiempo para hacerlo en condiciones”, planteó Iglesias.

    La postura gremial contrasta con la irritación transmitida por otros colectivos sociales. “Las decisiones sobre la educación no funcionan con el miedo y la parálisis”, dijo a Búsqueda Natalia Cámara, vocera de Familias Organizadas de la Escuela Pública.

    Desde este colectivo aseguran que los daños vinculados a los centros educativos cerrados son mayores a los asociados al Covid-19 y que la educación a distancia no está al alcance de todos. “El Internet no es gratuito y claramente hay niños que quedan excluidos”, afirmó Cámara.

    La plataforma CREA del Plan Ceibal “se cayó” el martes 20, o funcionó de forma “inestable”, según informó María Inés Fernández, coordinadora de la plataforma CREA.

    En su informe Aristas Primaria 2020, presentado el miércoles 14, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) comprobó cómo se vio afectada la educación en el primer año de pandemia en el país. Según el informe, la deserción escolar aumentó al cierre de 2020 y entre los niños de sectores más pobres llegó a un 5%.

    En una carta publicada en esta edición de Búsqueda, el titular del Ineed, Javier Lasida, indicó que, contrariamente a lo que varias autoridades creían —incluido él—, la evaluación mostró que “globalmente” los resultados fueron similares a los de 2017.

    “Algunos pensábamos que las privadas habían contado con mejores condiciones, pero nuevamente la inequidad de resultados es similar a las públicas”, indicó.

    Lasida resumió el panorama: “Empeoramos poco, a pesar de las condiciones fuertemente adversas. Pero a la vez debemos reconocer que venimos mal, con resultados bajos en general y además muy desigualmente distribuidos, tal como mostraron varias mediciones anteriores, en distintos niveles educativos”.

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