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En la caja fuerte del despacho del presidente de la empresa estatal de energía eléctrica, UTE, Gonzalo Casaravilla, se guarda el informe final de la investigación administrativa que el 10 de setiembre inició el Directorio del ente por supuestas irregularidades en varios de sus procedimientos de compra y licitaciones.
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La investigación, encargada al funcionario de la Intendencia de Montevideo Álvaro Richino, comenzó meses después de que el propio Casaravilla presentara una denuncia penal por hechos que ocurrieron en licitaciones por varios millones de dólares (Búsqueda Nº 1.685).
Ahora ese informe descansa en el despacho de Casaravilla, aunque todos los directores tuvieron acceso al expediente, que será tratado en las próximas sesiones del Directorio, dijo el presidente de UTE a Búsqueda, aunque declinó hacer cualquier otro comentario sobre el tema.
Sin embargo, varias fuentes que tuvieron acceso al expediente confirmaron a Búsqueda que la investigación encontró varias irregularidades en los procedimientos del ente en compras y licitaciones, entre las que figuran sobreprecios de más del 100% , falta de controles internos en los gastos y procedimientos de decisión “discrecionales”.
Además el informe sugiere el inicio de una nueva investigación administrativa que analice el funcionamiento de la Gerencia de Compras y Contratos para determinar si las irregularidades que se constataron en los procedimientos son hechos puntuales o forman parte de una política más generalizada.
Una de las fuentes consultadas dijo a Búsqueda que se designará a otro abogado externo a UTE para realizar ese trabajo.
La investigación se basó en decenas de testimonios y expedientes y analizó “al menos diez licitaciones”.
Una de las fuentes que accedieron al informe adelantó que el documento recomienda el inicio de sumarios al subgerente de mantenimiento de Centrales Térmicas, Daniel Hirigoyen, y los jefes de departamento Leonardo Paulerci y Martín Bassagoda.
El informante agregó que el auditor recomendó el traslado de estos funcionarios como una medida cautelar mientras se realizan los sumarios.
El documento también reconoce la falta de controles efectivos de otras dependencias respecto a los gastos de los departamentos ejecutantes y advierte que los funcionarios de las áreas que solicitan las licitaciones tienen una influencia decisiva en la selección de las empresas adjudicatarias, además de supervisar que se realicen las tareas y autorizar los pagos de esos contratos.
Una de las fuentes dijo que la investigación detectó una “debilidad muy importante” en los sistemas internos de control del gasto y que en varios casos no existen documentos que respalden fehacientemente la solicitud de estudios complementarios que terminaron aumentando el costo de una licitación.
La auditoría no descarta que, dadas las circunstancias en las que se realizan estas contrataciones, exista “colusión” entre los trabajadores de UTE y terceros.
La acción penal iniciada por Casaravilla tenía como base la denuncia de la empresa privada Tecnocyl SA, que planteó la existencia de varias irregularidades en la licitación de mantenimiento de centrales térmicas de UTE por U$S 7 millones.
La licitación se abrió en julio del 2011 y fue adjudicada a la empresa Ciemsa-CSI Ingenieros. El ex vicepresidente de UTE durante la administración Vázquez (2005-2010), Pedro de Aurrecoechea, posee el 4% del paquete accionario de Ciemsa.
Esta vinculación hizo que el ex jerarca y actual gerente general de Gas Sayago (empresa privada encargada de administrar la instalación de la planta regasificadora, propiedad a partes iguales de UTE y Ancap) fuera citado a declarar por la Justicia de crimen organizado, que lleva adelante la investigación (Búsqueda Nº 1.686).
Las fuentes que accedieron a la auditoría externa elaborada por Richino dijeron que De Aurrecoechea no fue citado a declarar, aunque sí lo hicieron varias personas del sector privado.
Búsqueda se comunicó con Richino, quien declinó hacer cualquier tipo de comentario. “No tengo nada que decir ni hablar. Es un tema de la UTE”, dijo.
Irregularidades, costos y controles.
Una de las fuentes explicó que se analizó cada licitación, y una de ellas fue la del mantenimiento de las centrales térmicas.
Se constató que se publicó por equivocación un pliego preliminar de esa licitación y que existían dudas sobre los salarios que debería pagar la empresa adjudicataria.
Además se confirmaron algunos de los cuestionamientos que Tecnocyl le hizo a Ciemsa-CSI, como la falta de certificados de construcción nacionales o que no se le exigió, como al resto de los postulantes, el respaldo de una empresa internacional para algunos aspectos técnicos del trabajo.
Las objeciones de Tecnocyl fueron descartadas en forma unánime por el Directorio en enero del 2012, pero ahora el informe revela que algunas pueden tener sustento.
En otra de las licitaciones estudiadas hubo una adecuación de los pliegos que terminó favoreciendo a la empresa ganadora, dijo otra de las fuentes consultas.
Pero la parte más “delicada” de la investigación es la referente a una licitación para estudiar algunos aspectos de la Central Batlle, que fuera adjudicada al consorcio CSI-Soluziona en 2008, cuando De Aurrecoechea seguía siendo vicepresidente de UTE.
En esa licitación se pagaron sobrecostos de más del 100%, dijeron a Búsqueda las fuentes. Añadieron que se detectaron incongruencias en las justificaciones para ampliar los pagos que derivaron en este sobrecosto final.
En esa misma licitación se omitió penalizar a la adjudicataria por errores cometidos y además se falsificaron documentos presentados ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería en los que se aseguró que CSI-Soluziona había sido multada, algo que según la investigación no sucedió.
La auditoría recomienda investigar también este aspecto para ver si el funcionario que elevó ese informe mintió en forma consciente, lo cual puede constituir un delito.
