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En setiembre de 2012, un temporal cerró por unos días el hospital de Río Branco, en Cerro Largo. Las intensas lluvias dejaron blocks inundados y uno de los techos se voló. El tiempo pasó y recién en febrero de 2013 comenzaron las obras de reparación. Meses después los funcionarios de la maternidad del Hospital Pereira Rossell denunciaron goteras, desprendimientos en el techo, humedad y ratas en una de las salas.
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Los problemas aparecían uno tras otro. Y ante esa situación el entonces director de la oposición en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcelo Sosa, pidió una auditoría interna a la División Arquitectura para saber qué sucedía. El ex jerarca explicó a Búsqueda que planteó la investigación interna luego de sumar irregularidades edilicias que comprobó durante sus visitas a hospitales de todo el país y “demoras” de la División Arquitectura en solucionar temas “urgentes”. El pedido lo hizo en mayo de 2013; en febrero del siguiente año le llegaron los resultados e inmediatamente pidió la renuncia de los encargados de la División Arquitectura de ASSE. “Quedó comprobado que el funcionamiento de esa división era desastroso”, argumentó. Pero su moción no fue acompañada por el resto del directorio y la auditoría no se hizo pública. El diputado nacionalista Martín Lema, que asumió en esta legislatura, pidió esos resultados el 3 de agosto, pero el plazo venció y aún no obtuvo una respuesta formal del organismo.
La auditoría interna de ASSE, a la que accedió Búsqueda, detectó que a noviembre de 2013 ejecutó el 92% de las obras planificadas para 2011 “con un costo real que supera en $ 350.323.777 el costo estimado, lo que representa un 140% sobre los valores estimados”. Constató también, que “existen obras de mantenimiento que no están inscriptas en el Banco de Previsión Social (BPS)”.
Además verificó “pagos referidos a avances de obras sin la debida supervisión”, y que la Dirección de Recursos Materiales “no realiza un análisis comparativo entre los porcentajes de avance de obras con los montos de dinero transferidos”.
En las comisiones de obras comprobaron que en el primer semestre de 2013 el organismo pagó por ejecución de obras $ 194.162.949, que equivale al 41,17% de lo depositado en las cuentas bancarias de las comisiones. La auditoría encontró que el Centro Departamental de Lavalleja no cumple con el depósito del dinero en bancos oficiales. “Un alto porcentaje de las rendiciones de cuentas no son supervisadas por el gerente de las unidades ejecutoras” y “en la mayoría de las rendiciones no se encontraron registros contables que respalden los movimientos”.
La lista de irregularidades es extensa. El personal de las obras no es controlado por los supervisores, la División Arquitectura no pide la planilla de trabajo y no controla si están en la nómina del BPS, el control de los aportes sociales se hace después de haber pagado y se detectaron varios casos en que hubo aportes de más.
En la planificación también constataron deficiencias: diferentes planificaciones anuales según el nivel jerárquico, dificultades para el control, obras ejecutadas que no figuran en los planes y que no existe un relevamiento del total de metros cuadrados construidos.
Ante esta situación, los seis profesionales que realizaron la auditoría concluyen que “las debilidades de control interno detectadas en su organización y funcionamiento, impactan en la eficacia y eficiencia de su gestión administrativa, financiera y contable”.
ASSE a Diputados.
El diputado Lema dijo a Búsqueda que está al tanto de este tema. Identificó problemas edilicios en centros como el Hospital Vilardebó, estructuras en peligro de derrumbe, pésimas situación de los baños y riesgos sanitarios. A raíz de eso, el 23 de abril realizó un pedido de informes solicitando las evaluaciones que hizo la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social desde el 1º de enero de 2005 a la fecha y las medidas que tomaron.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, respondió el 16 de octubre. En su respuesta, divulgada por “El País” el lunes 9, enumera cinco inspecciones entre setiembre de 2013 y febrero pasado, en las que constataron el riesgo de derrumbe en algunos sectores, riesgo edilicio, eléctrico, de incendio, biológico, de altura y ergonómico, entre otros.
El 16 de junio el diputado solicitó los resultados de las investigaciones administrativas que realizaron tras las muertes en las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi. El plazo venció el 21 de agosto pero no hubo respuesta.
El 3 de agosto Lema volvió a pedir informes de los resultados de la auditoría interna y externa sobre las empresas que prestan servicios tercerizados por ASSE, de la ampliación de la investigación administrativa del hospital de Las Piedras, de la auditoría realizada en el Centro Auxiliar de la Ciudad de la Costa, de la auditoría en la División Arquitectura, de la investigación administrativa al ex representante de los trabajadores en el Directorio de ASSE Alfredo Silva y al empresario Heber Texeira —procesados sin y con prisión respectivamente— y de la auditoría interna y externa por el dinero en cuentas bancarias de los pacientes de las colonias. El plazo para responder venció el 8 de octubre.
Ayer miércoles Lema decidió citar a las autoridades de ASSE a la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, para que expliquen “la situación dramática del Hospital Vilardebó, las dificultades edilicias de muchos centros de salud de ASSE y la ausencia de respuestas”.
El diputado dijo que “es necesario conocer si hay un plan de acción para solucionar los problemas edilicios”, porque situaciones como la del Vilardebó “violan los derechos humanos de los pacientes y ponen en peligro la integridad física de los trabajadores”.
