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La relación entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y las empresas tercerizadas en los hospitales públicos era una bomba de tiempo que estalló en julio de 2014. Hace meses que estaba bajo sospecha el vínculo que mantenía el ex integrante del directorio en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, y algunos dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), con la empresa Buena Estrella —que se encargaba del servicio de limpieza del Hospital Maciel— y de la que se comprobaron maniobras de sobrefacturación.
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Silva fue procesado sin prisión por el delito de conjunción del interés público con el privado. La Justicia estableció que presionó a directores de distintos hospitales de Uruguay para que contrataran a la cooperativa de limpieza a la que ayudó a formar tras la disolución de Clanider, otra empresa con sobrefacturación comprobada en el Maciel. Junto a Silva fueron procesados ocho empresarios y también —con prisión— el dirigente de la FFSP Heber Tejeira. A Tejeira se le imputó un delito continuado de cohecho por recibir coimas de otras empresas tercerizadas que prestaban servicios de limpieza y seguridad en hospitales.
En ese momento, en medio del escándalo, el entonces representante de la oposición en el directorio de ASSE, el nacionalista Marcelo Sosa, solicitó una auditoría interna para conocer el estado de situación de todas las empresas que prestaban servicios en hospitales. Sosa terminó su gestión sin conocer los resultados. Un año y medio después, el miércoles 9, el diputado blanco Martín Lema logró acceder a esa auditoría. Lema dijo a Búsqueda que lo hizo después de “varios e insistentes reclamos” y que eso “describe la falta de transparencia y los obstáculos que impiden el buen control parlamentario”.
El informe de ASSE revela irregularidades y falta de controles a las empresas tercerizadas en las 20 unidades ejecutoras auditadas. No fueron investigados en su totalidad los 70 hospitales públicos que dependen de ASSE.
En el Hospital Vilardebó la empresa encargada de la limpieza y mantenimiento es Apex. Uno de sus titulares formó parte de la tanda de empresarios procesados sin prisión en julio de 2014 por haber admitido el pago de coimas. Según la auditoría, Apex se encuentra inscripta bajo el rubro “educación no formal”, lo que no se corresponde con el grupo al que pertenece la actividad licitada. Sin embargo, el ajuste de precios sí lo realiza de acuerdo a lo que se negocia en el grupo servicios de limpieza. Se detectaron otras irregularidades. La licitación establece que las medias horas de descanso y las horas de supervisores son de cargo a la firma adjudicataria, pero se comprobó que se validaron esas horas en el total que le facturan a ASSE. Los horarios de planilla de trabajo no coinciden con la marca del reloj. En algunos casos, además, el valor de la hora y la categoría que consta en el recibo de sueldos no coinciden con los registros en la planilla de trabajo.
En el Hospital Maciel también se detectaron irregularidades. El análisis se centra en enero de 2015. La auditoría subraya el hecho de que el 82% de los procedimientos de servicios contratados ese mes no se ajustan a la normativa del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) y está observado por el Tribuna del Cuentas. Se realizaron compras directas cuando, por el monto establecido, correspondía hacer un llamado a licitación. El 24% de la cuantificación de horas presenta “debilidades” por la ausencia de registros, dice el informe.
El análisis del Hospital Pereira Rossell se centró en noviembre de 2014. Algunas de las conclusiones señalan que no existe control sobre el personal administrativo por parte de su dirección y que las dos empresas de mantenimiento tienen diferencias entre las horas facturadas y las que surgen del reloj. Además no existen proyectos educativos y no se cubren diariamente todos los puestos de trabajo como establecen los pliegos y los contratos.
En el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) no se obtuvo la planilla de trabajo de la empresa de limpieza. Además se pagaron horas a encargados que no fueron posibles de verificar si eran operativas o de encargatura, según la auditoría.
En el Hospital Saint Bois hay tres empresas contratadas: limpieza, vigilancia y mantenimiento. En las tres hay horas de descanso facturadas, lo cual no corresponde según el pliego de licitación. La auditoría también revela que entre marzo y julio de 2014 la empresa de limpieza liquidó horas por administrativos no previstos en el pliego.
En el Hospital Pasteur también presta servicios de limpieza y conserjería la empresa Apex. De acuerdo al informe de ASSE —que en este caso se centra en marzo de 2014— la firma no cuenta con un proyecto educativo laboral pese a ser obligatorio. El control de horas de limpieza no es adecuado debido a que no se basa en registros confiables ni objetivos y carece de oposición de intereses. En el servicio de camilleros no se cumple con el contrato, facturándose las medias horas de descanso. La auditoría reveló más irregularidades en la empresa tercerizada del Pasteur y todas se relacionan con debilidades en los controles de horas mensuales trabajadas. La carga horaria semanal excede el tope establecido en los Consejos de Salarios y no hay constancia del pago de horas extras. Los registros en la planilla de trabajo de la empresa de limpieza no reflejan en forma adecuada los días de trabajo y descansos rotativos.
En el Hospital Español la auditoría expresa que los controles efectuados por la dirección administrativa sobre los requisitos de contratación podrían exponer al centro asistencial a reclamos laborales y a realizar pagos por servicios tercerizados sin la totalidad de controles exigidos por la Ley de Tercerizaciones.
“Conclusiones alarmantes”.
El diputado Lema dijo que los resultados de las auditorías revelan una gestión “deficiente” y “repleta de irregularidades”. Además señaló que para algunos de los hospitales auditados las “conclusiones son alarmantes” por las “debilidades” de los controles y la gestión de los servicios tercerizados. “ASSE debe instruir adecuadamente, establecer procedimientos con controles exhaustivos de los documentos y programas de seguimiento permanentes sobre sus unidades”. Argumentó que así se pueden “reducir contingencias, ahorrar costos asociados a futuras demandas laborales y evitar pagos que no correspondan”.
La presidenta del directorio de ASSE, Susana Muñiz, estuvo la semana pasada en el Parlamento y reconoció carencias en los controles del organismo en la pasada gestión. Destacó, incluso, que las auditorías permitieron identificar los problemas y empezar a solucionarlos. Lema contraatacó: “La actual presidenta de ASSE es protagonista de lujo en todo este proceso, ya que fue directora del Segundo Nivel de Atención y ministra de Salud Pública. Cuando vemos la cantidad de irregularidades que muestran las auditorías entendemos las razones por las cuales no se quiso dar la información solicitada”.
