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El incremento de los subsidios por enfermedad y desempleo en los meses de la emergencia sanitaria por el Covid-19 estuvo acompañado de un aumento en las retenciones judiciales vinculadas con el Banco de Previsión Social (BPS) y destinadas a pensiones alimenticias. El pico en la cantidad de recibos con retenciones aplicadas se produjo en mayo: 10.796. Eso significó 80% más que en abril previo, informó a Búsqueda la directora del ese organismo previsional, Daniela Barindelli.
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En marzo, mes en el que se registraron los primeros casos del nuevo coronavirus en Uruguay, ya se había dado un salto considerable en las retenciones: la cifra fue de 7.711, un aumento de casi 90% respecto al mes anterior. En junio y julio la cantidad de recibos a los que el BPS les aplicó una retención por pensión alimenticia fue 5.623 y 5.490, respectivamente, cifras más altas que en la época prepandemia.
Quienes, por orden judicial, deben pagar una pensión alimenticia en beneficio de un menor dependiente (usualmente un hijo) o una persona incapaz a su cargo se los denomina “obligados alimentarios”. El monto es un porcentaje del sueldo que la empresa empleadora le retiene, en caso de que la persona tenga trabajo. Pero si el obligado está en “seguro de paro” o cobrando un subsidio por enfermedad, es el BPS quien realiza esa retención.
En mayo, el organismo recibió 70.520 nuevas solicitudes de subsidio por desempleo y pagó esa prestación a casi 200.000 personas, un máximo histórico.
Registro
Antes de 2017 se presentaba una dificultad en el ámbito de las pensiones alimenticias, cuando el obligado alimentario cambiaba de empleo o comenzaba a recibir una prestación (“seguro de paro”, subsidio por enfermedad, jubilación, etc.); ocurría muchas veces que la persona no contaba con la información necesaria para notificar al juzgado ese cambio y entonces se discontinuaba el pago de la pensión alimenticia.
En 2017, la ley 19.480 creó el “Registro Nacional de Obligados Alimentarios” (Renoa) que optimizó la comunicación con las partes intervinientes en el proceso: juzgados, empresas que deben realizar retenciones, BPS y obligados alimentarios. Desde su creación hasta la actualidad se han registrado y gestionado más de 30.000 oficios. Las retenciones aplicadas a prestaciones pagadas por organismo previsional se incrementaron en 300%.
Este año el BPS alcanzó un convenio con el Poder Judicial para que los administradores de las pensiones -en general las madres o el adulto a cargo del beneficiario- pudieran solicitar al juzgado, a través de un correo electrónico, que comunicara una sentencia anterior a 2017 al BPS para incluirse en el Renoa. Esto generó un aumento exponencial en la cantidad de recibos con retenciones aplicadas entre enero y agosto. En todo el 2018 la cifra había sido de 17.170, ascendió a 36.929 en 2019, y desde que comenzó el 2020 hasta el pasado martes 18 se registraron 43.257. “Entonces el BPS pudo, sobre todos los subsidios por desempleo que aprobó (correspondientes a obligados alimentarios), hacer la retención” de la pensión, explicó Barindelli.
De la misma forma, se incrementó la cantidad de personas obligadas a abonar una pensión alimenticia. En 2018 fueron 10.363, en 2019 fueron 22.466, y en lo que va del 2020 (hasta el 18 de agosto), 27.821.
El Renoa fue uno de los temas con los que se embanderó Barindelli al asumir el cargo. La jerarca, del Partido Colorado, resaltó la “eficiencia” del Renoa como una herramienta “muy útil para garantizar los derechos de los niños, adolescentes y personas incapaces”.
