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    Aunque en los últimos años disminuyó el trabajo de los jueces civiles, la rapidez de los procesos no mejoró, según estudio

    En Uruguay la cantidad de jueces por habitantes (uno cada 6.520) ubica al país en un lugar privilegiado con relación al resto del mundo. Además, la carga de trabajo de los tribunales es en general “muy razonable” para lo que es el contexto latinoamericano. En el caso de los juzgados civiles de la capital, la cantidad de causas ha incluso disminuido en la última década. No obstante, esa reducción del trabajo no se reflejó en una mayor rapidez de los juicios, que demoran un promedio de 20 meses en resolverse, concluyó un estudio del Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA), que analizó el funcionamiento de la Justicia Civil en Uruguay y en particular de los juzgados civiles de Montevideo.

    De acuerdo con el informe, no se encontraron “motivos relevantes” que expliquen esa situación. “En tanto la mayor parte de los tribunales presenta una carga de trabajo muy razonable, que ha incluso disminuido en los últimos años, no deberían existir obstáculos para mejorar los tiempos de duración de los procesos civiles”, destacó el informe, que fue dirigido por el abogado uruguayo y presidente del CEJA, Santiago Pereira Campos.

    Los tribunales de apelaciones civiles, en cambio, sí consiguieron disminuir “sensiblemente la duración” de los procesos en los últimos años, señalan los investigadores, con lo cual “resulta llamativo” que los juzgados no obtuvieran una mejora similar. Hoy los juicios de segunda instancia tardan en promedio cinco meses.

    “Si bien hubo una mejora significativa en los tribunales de apelaciones, en la primera instancia todavía tenemos plazos bastante superiores a un año, lo cual no parece tener demasiada lógica en tanto las cifras demuestran que bajó la cantidad de casos en los juzgados civiles en Montevideo”, dijo Pereira Campos a Búsqueda.

    Y no solo disminuyó la cantidad de causas, sino también el número de sentencias y de audiencias realizadas, añadió.

    Según relevó el estudio, el número de asuntos de los juzgados civiles capitalinos descendió 32% si se comparan los datos de 2006 con los de 2015. Además, la cantidad de sentencias definitivas dictadas en promedio por cada juzgado en 2015 (59) cayó 34% con relación a 2006 (89). Y en relación al año anterior (2014), hubo una caída de 28,6%.

    Algo similar ocurrió con las audiencias convocadas por las jueces, dónde también se advirtió un “descenso significativo”. Mientras que en 2015 se celebraron un promedio de 350 audiencias por juzgado por año, en 2006 fueron 513 (una disminución de casi 32%).

    Como parte del análisis, los investigadores observaron durante un mes la totalidad de las audiencias de procesos ordinarios en ocho juzgados civiles de Montevideo. Según ese relevamiento, realizado en 2016, el número de audiencias fijadas en promedio por cada juez fue de 1,73 por día hábil, mientras que en 2007 se fijaban un promedio de 2,5 audiencias por día.

    El estudio también detectó que la duración mediana de los causas “varía sustancialmente” entre las distintas sedes. Así, por ejemplo, mientras en la sede con mejor desempeño las causas demoran una mediana de 8,8 meses, la sede con peor resultado tiene una demora de 27,7 meses para resolver un caso.

    “Mientras algunos tienen muy buena performance, otros tienen una duración que no parece razonable”, señaló Pereira Campos. “Todo hace pensar que puede haber cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento y organización de la oficina”, añadió.

    De acuerdo con el estudio, las diferencias constatadas “permiten concluir que el modo de organización de trabajo y eficiencia de cada juez y sus funcionarios, son claves para obtener una mejor eficiencia y una duración más razonable de los procesos”. En ese sentido, “la incorporación de criterios uniformes y profesionalizados de organización y gestión en las oficinas judiciales permitiría seguramente mejorar sensiblemente los términos de duración de los procesos”, sostiene.

    El estudio destaca que precisamente en el área de gestión sea donde quizás “el sistema de justicia civil uruguayo requiera mayores esfuerzos”.

    “Indicadores muy positivos”.

    El CEJA es un organismo internacional con sede en Santiago de Chile, creado en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. El reciente estudio, que está siendo difundido en estos días, fue realizado con el apoyo de Global Affairs of Canada, y analizó la experiencia uruguaya en la reforma de la Justicia Civil, a partir de la aprobación del Código General del Proceso (CGP) en 1989, que incorporó la oralidad y la inmediación en los procesos civiles.

    CEJA ya había realizado un análisis similar en 2007, por lo cual en el presente estudio buscó comparar dichos resultados con los relevados en 2016.

    “Como conclusiones generales surge que el sistema procesal mixto escrito y oral se ha consolidado, y todo el mundo está de acuerdo en que este es un sistema adecuado. Las discusiones están en por qué hay algunas cosas que no funcionan tan bien como deberían funcionar, como por ejemplo la duración de los procesos”, explicó Pereira Campos.

    De acuerdo al estudio, en general la Justicia Civil uruguaya “presenta indicadores muy positivos, pudiendo compararse con países avanzados en materia procesal civil como son Alemania, Canadá o España”.

    Entre los aspectos que relevó el estudio de campo sobre los ocho juzgados, se destaca que los jueces concurren a todas las audiencias y que no hay inconvenientes para que el público esté presente —salvo las carencias de infraestructura que dificultan el ingreso por la falta de espacio—. También señala que si bien los procesos y las audiencias son públicas, es bajo el porcentaje de asistentes (no llega al 21% las audiencias a las que asiste público).

    Aunque aclara que en todos los casos relevados se tuvo acceso a la agenda de audiencias, el estudio dice que “es necesario que estén accesibles a cualquier ciudadano” por Internet o en carteleras en los juzgados. En ese sentido, Pereira Campos dijo a Búsqueda que “hay que seguir trabajando en la transparencia para acercar la Justicia a la gente, ya que a veces es difícil saber qué audiencias hay, cuáles son los temas y cómo se accede a las salas”.