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La industria tabacalera uruguaya está, hoy, reducida a la mínima expresión en una perspectiva histórica. Tanto que en el renglón referido al sector del índice de Volumen Físico que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde hace una década figura con una “s”: se le asigna a las divisiones fabriles que por su reducido tamaño o del universo que representa no es posible divulgar información, en virtud del secreto estadístico previsto por ley.
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Con la Compañía Industrial de Tabacos Montepaz a la cabeza, los datos de exportaciones muestran de todos modos que el sector tabacalero uruguayo late pero con dificultad. En enero-noviembre tramitaron ventas al exterior por US$ 18,8 millones, según información aduanera procesada por el Instituto Uruguay XXI. Ese monto es algo menor a lo exportado en todo el 2020 (US$ 21 millones), y perfila que el 2021 será bajo en comparación con los años anteriores (US$ 40 millones en 2017, US$ 32,2 millones en 2018 y US$ 30,9 millones en 2019).
A escala global, y también en Uruguay con fuerza durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, esta industria convive con políticas públicas que apuntan a desalentar el consumo de tabaco y cigarrillos por razones sanitarias. Además de restricciones en los espacios habilitados para fumar, se elevó la carga impositiva sobre estos productos.
En ese contexto, la Interferencia de la Industria Tabacalera aumentó en Uruguay, según el índice que elaboran el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo y la Sociedad Uruguaya de Tabacología, en colaboración con Global Center for Good Governance in Tobacco Control Corporate Accountability. Su puntaje pasó de 34 en 2020 a 49 en 2021; eso es la sumatoria de una puntuación en diferentes aspectos relacionados con la influencia empresarial que se califica con valores de entre 0 (sin interferencia) y 5 (nivel más alto de interferencia de las tabacaleras), por lo que un menor puntaje indica un mejor desempeño del país en evitar la injerencia de la industria.
Imagen “dañada”.
En su informe sobre Uruguay, presentado la semana pasada, señala que ese deterioro “en algunos aspectos se ha hecho visible de forma explícita y en otros de forma implícita”. Eso, según los autores, hizo que se viera “dañada” la “imagen internacional como un país de referencia” en cuanto a la aplicación de políticas de control de tabaco.
Entre otros puntos, señalan que a pesar de que Uruguay cuenta con una ley que prohíbe la contribución a partidos políticos por parte de la industria, “se constató que la principal tabacalera nacional realizó aportes a la campaña electoral del actual presidente”.
Como otro retroceso observan que en Artigas había comenzado la experiencia de “estimular la sustitución de cultivo de tabaco por otras plantaciones. Lamentablemente, las actuales autoridades de ese departamento públicamente han resaltado la importancia que ellos consideran que tienen las plantaciones de tabaco para la mano de obra local y para el sustento de las familias vinculadas a esta actividad”. Vinculado también al cultivo, añaden que el gobierno nacional dio una exoneración de impuestos a agroquímicos vinculados a este tipo de plantaciones, entre otras. Y mencionan que como parte de una acción de donación a los presos en las cárceles se les brindó una “canasta con alimentos” que incluyó una cajilla de cigarrillos.
Uno de los hechos “más relevantes” con influencia negativa sobre las políticas antitabaco fue la aprobación de un decreto que liberó la venta de dispositivos electrónicos para calentar tabaco, conforme con el reporte. “Esto no solo permitió la comercialización de estos dispositivos, sino que sirvió para que la industria tabacalera presionara a otros países de la región, utilizando a Uruguay como ejemplo”, afirma. Agrega que “el proceso de aprobación de este decreto no fue el usual o recomendado” por haberse omitido consultas al Programa Nacional de Control de Tabaco, a la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control del Tabaco, en la cual además participa la sociedad civil. Como una “curiosidad sobre esta situación”, apunta que días antes a aprobarse el decreto el presidente Luis Lacalle Pou, en conferencia de prensa, “agradeció la ayuda para conseguir vacunas Pfizer” al abogado Nicolás Herrera, una “persona vinculada a la defensa de la industria tabacalera” en un juicio contra el Estado uruguayo.
Recomendaciones
El informe cierra con varias recomendaciones, en el entendido de que “si bien aún Uruguay cuenta con buenas medidas de control del tabaco, el incremento de la interferencia de la industria tabacalera es una amenaza para las mismas. No se debe continuar dando beneficios a la industria, no se debe retroceder en el estándar logrado y no deberían aprobar normativas que favorezcan el desarrollo y crecimiento de esta industria y menos aún de sus productos dirigidos al público joven”.
En concreto, las organizaciones sugieren incorporar un Código de Conducta que se aplique a todos los funcionarios gubernamentales cuando deben tener contacto con las empresas del tabaco. También exigir al sector que presente información sobre los “gastos de comercialización u otras actividades, como el lobby, las contribuciones políticas y todas las demás actividades”.
