El pasado jueves 20 Uruguay colocó en el mercado global su primer bono “verde” por US$ 1.500 millones, al indexar su tasa de interés al resultado de su comportamiento ambiental reflejado en indicadores vinculados a objetivos de mitigación del cambio climático y la conservación de la naturaleza. Pese a la novedad de la herramienta, los objetivos involucrados no son nuevos sino que son prácticamente los mismos a los que el país ya se comprometió años atrás en el Acuerdo de París.
Distintos expertos consultados por Búsqueda indicaron que, a través de políticas como la transformación de la generación energética, Uruguay ya recorrió buena parte del camino de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero se trató de la parte “más sencilla” de las transformaciones y todavía le queda por delante la más desafiante, como los cambios en el sistema de transporte, el agro y la industria. Ante ese escenario, algunos no dudaron en calificar las metas asumidas por el Ministerio de Economía (MEF) como “altamente ambiciosas”, mientras para otros son “medianamente ambiciosas”. En paralelo, deslizaron algunos cuestionamientos a la forma de elaboración de ciertos índices de impacto ambiental.
El MEF hizo público días atrás el Marco de Referencia para potenciales emisiones de futuros bonos sostenibles, un documento en el cual se establecen las metas respecto a dos indicadores de desempeño: el primero es lograr una reducción del 50% de la intensidad de emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) por unidad real de producto bruto interno (PBI) para 2025, con respecto a 1990; el segundo es el mantenimiento y conservación del 100% del área de bosque nativo del país respecto a 2012, también hacia 2025.
Ignacio Lorenzo, ex director nacional de Cambio Climático, investigador y experto en cambio climático y sostenibilidad ambiental, explicó que esos objetivos “con algunos ajustes metodológicos” son los mismos que Uruguay asumió en el marco del Acuerdo de París a través de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN) planteada en 2016. Como ejemplo, el experto —que actualmente se desempeña como director de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo— explicó que uno de los cambios introducidos es que mientras que la CDN considera los tres GEI por separado (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) y establece porcentajes diferentes de reducción para cada uno, el bono habla de una sola meta de emisiones en lo que se denomina “CO2 equivalente” para simplificar el concepto.
Igualmente destacó que se trata de metas muy ambiciosas de “descarbonización de la economía”, ya que “cada unidad de PIB” va a requerir la mitad de las emisiones que requería en 1990.
Uruguay parecería no estar tan alejado de ese objetivo. Según los últimos datos oficiales, en 2019 el país ya había alcanzado una reducción del 47% de sus emisiones de GEI, por lo que las metas implicarían avanzar un 3% más en ese sentido.
Para Lorenzo, esto da cuenta de una “dirección clara de trabajo” impulsada por aspectos como el cambio en la matriz energética y avances en materia agropecuaria y de conservación forestal. Para cumplir las metas en 2025, dijo, será necesario no solo mantener las líneas de trabajo en curso sino “aumentar los niveles de inversión pública”. Entre los principales desafíos por delante, destacó la “electrificación del transporte público” y “el uso de alternativas para el transporte de carga como podría ser el hidrógeno verde”.
El documento considerado como second opinion al que accedió Búsqueda, elaborado por la consultora Sustainalytics, que pretendió hacer una evaluación externa del marco de referencia y las características del bono, plantea que ambas metas propuestas en la emisión de deuda son “ambiciosas”. En particular, el objetivo de aumentar un 3% el área de bosque nativo respecto a los años de referencia es calificado como “altamente ambiciosa”.
“Hoy hay un crecimiento muy grande de este tipo de herramientas financieras en las cuales se empieza a discutir la ambición y la robustez de los indicadores. En el caso de Uruguay, estamos ante un escenario de mecanismos de verificación fuertes que permiten generar confianza”, opinó Lorenzo.
Para el químico y magíster en energías renovables y consultor para la Coalición Clima y Aire Limpio, Emilio Deagosto, la meta propuesta en el bono respecto a la reducción de emisiones es “medianamente ambiciosa”. Explicó que son objetivos que “ya se venían monitoreando” a partir de lo planteado en las CDN. “No por eso deja de ser desafiante”, aclaró.
En ese sentido, afirmó que avanzar otro 3% en términos de intensidad de emisiones no es sencillo. Según dijo, hasta ahora se avanzó en algunos sectores más directos como el cambio de matriz energética, pero restan otros “más desafiantes” como el agro, el transporte y la industria. Por tanto, para el también docente de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad Católica, si bien “es un desafío que empuja hacia el lugar donde Uruguay ya se encaminaba”, no es algo que se haya cumplido.
“Además estamos pisando el 2023, entonces el margen de tiempo es bastante poco”, explicó.
Indicadores
Deagosto cuestionó que el marco tome únicamente un año como referencia para el cumplimiento de las metas planteadas (2025), ya que esto podría estar atado a temas coyunturales, como el clima. Un año con poca lluvia y poca generación eléctrica implica utilizar otras alternativas térmicas, dijo, o también podrían existir “decisiones comerciales” que impliquen cumplimiento o no cumplimiento.
“Parecería más razonable hacer un promedio de los últimos años”, opinó.
Por otro lado, señaló que mientras haya crecimiento real de PBI puede haber más emisiones absolutas, por lo que se podría cumplir con la meta planteada y aun así emitir más. Al respecto, Deagosto explicó que tanto UPM como Montes del Plata juegan un papel fundamental en la construcción del indicador, ya que son empresas que tienen la capacidad de aumentar significativamente el PBI, pero no contribuyen en gran medida a la generación de emisiones de origen fósil, que son las que se contabilizan.
“Al sistema climático le importa muy poco si sos más o menos eficiente produciendo. Lo que les importa es cuánto carbono llega a la atmósfera; si hacés las cosas muy bien y mejorás muchísimo la productividad —en el sentido de que se emite poco por unidad de producto— es un gran avance, pero en definitiva si producís tanto más y terminás emitiendo más... el problema surge por un acumulado de emisiones, no por el relativo”, explicó.
El doctor Rafael Terra, del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, coincidió con este punto. “En particular en el agro han bajado fuertemente las emisiones por unidad de producto, pero no así las emisiones absolutas y eso no está contemplado ni en la CDN ni en el marco del Acuerdo de París”, dijo a Búsqueda.
En relación con la conservación del monte nativo, Terra indicó que “sería muy difícil no cumplir la meta, a menos que cambie el camino que se está siguiendo actualmente”. Esto se debe a que la reducción de este ecosistema ya está penada por ley; además, hoy la preocupación mayor no es la reducción de sus áreas, sino la invasión de especies exóticas, mencionó.
Consultado sobre el hecho de que se trate de las mismas metas que Uruguay ya tenía, Terra explicó que el Acuerdo de París no establecía ninguna penalización, solamente se ponía en juego la credibilidad.
“Lo que está buscando el MEF es monetizar esa credibilidad. Más allá de lo que uno piensa sobre las emisiones de deuda, a la interna genera un incentivo muy positivo, ya que pone del mismo lado del mostrador a Economía y Ambiente, que protegen intereses distintos”, opinó el experto.
Para Terra, lo interesante será ver a partir de ahora “cómo se desarrolla la película y qué tan fiel es el MEF” respecto a los objetivos planteados.
