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Una delegación de alto nivel de las Naciones Unidas (ONU) que estuvo en los últimos días en Uruguay para evaluar las acciones que el país está llevando adelante en el combate al terrorismo transmitió a jerarcas con los que se entrevistó que observa “algunas debilidades” en materia legislativa.
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La comitiva, encabezada por Jean-Paul Laborde, director ejecutivo del Comité Contra el Terrorismo, visitó Montevideo para evaluar la situación del país en el combate al terrorismo, informó el martes 20 “El Observador”. El análisis del organismo internacional se debe a que Uruguay aspira a ocupar un puesto como Miembro No Permanente en el Consejo de Seguridad de ONU para el período 2016-2017.
Entre otros jerarcas con los que conversó, el delegado de la ONU tuvo un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, con el titular de la Secretaría Antilavado de Activos de la Presidencia, Carlos Díaz, y con los jueces y fiscales especializados en Crimen Organizado.
Según fuentes del Poder Judicial que consultó Búsqueda, el experto señaló que observa debilidades en la ley 17.835 de “prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo”. A su juicio, la norma hace mucho foco en el lavado de activos vinculado al narcotráfico pero descuida las actividades terroristas con objetivo político. Los integrantes del Poder Judicial con los que conversó le transmitieron al experto que esos comentarios debía hacerlos a los legisladores porque —en función del principio de separación de poderes— los jueces se encargan de aplicar las leyes que dicta el Parlamento.
El artículo 14 de la norma cuestionada declara de naturaleza terrorista “los delitos que se ejecuten con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
El resto del articulado de la ley establece la obligación de las personas físicas y jurídicas sometidas al control del Banco Central del Uruguay a informar las actividades sospechosas, así como establece la cantidad de dinero que puede ingresarse sin declarar al país. También define el concepto de entrega vigilada de dinero a los efectos de una investigación, entre otros aspectos.
En los hechos, Uruguay recoge las convenciones internacionales en la materia, pero no tiene tipificado el delito de terrorismo sino el de “asistencia al terrorismo”, explicaron los informantes.
Más allá de esos cuestionamientos, fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que el balance de la visita es “muy positivo” y que se está más cerca de cumplir su objetivo. Si supera las evaluaciones y consigue los apoyos internacionales necesarios en la ONU, Uruguay espera sumarse al Consejo de Seguridad en 2016. Ese órgano tiene la “responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales”. Está integrado por 15 miembros, cinco de carácter permanente (China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos) y 10 rotativos.
A su vez, esta observación sobre las debilidades del país en materia de combate al terrorismo se produce en un contexto en el que el presidente José Mujica acordó con el presidente de Estados Unidos Barack Obama la recepción en Uruguay de varios presos de la cárcel de Guantánamo, algunos acusados de pertenecer a la organización terrorista Al Qaeda. Si bien esos prisioneros no tienen sentencia, fueron considerados en su momento por el gobierno de Estados Unidos como eventuales terroristas.
Aún no está claro la categoría con la que ingresarán al país, si lo harán como refugiados o con una visa de trabajo. Este tema formó parte de las conversaciones que la delegación del gobierno de Uruguay mantuvo con jerarcas de Estados Unidos en la reciente visita del presidente Mujica a la Casa Blanca en Washington (ver nota aparte).
