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    Autoridades de instituciones de salud no quieren que sus médicos reporten eventos adversos; tienen miedo a las demandas y al daño de la “imagen”

    El proyecto de autopsias clínicas para muertes inexplicadas está en cero por falta de presupuesto

    Tras el episodio de los “enfermeros asesinos” que salió a la luz en marzo del 2012, las autoridades sanitarias anunciaron medidas para incrementar los controles y mejorar la seguridad de los pacientes tras el episodio de los “enfermeros asesinos” que salió a la luz en marzo de ese año. Los planes incluían crear dos centros de autopsias clínicas en el país, para poder analizar las muertes inexplicadas con fines médicos, y crear Comités de Seguridad del Paciente (Cosepa) en todas las instituciones.

    Sin embargo, a más de un año de los anuncios, el proyecto de retomar la realización de autopsias carece de presupuesto, mientras que los Comités tiene problemas de funcionamiento y transparencia, según médicos y funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP).

    En la actualidad el 87% de las instituciones cuentan con un Cosepa en funcionamiento, entre sus funciones está recibir reportes de eventos adversos para analizar los casos, poder mejorar las medidas de seguridad y evitar errores a futuro. Las autoridades de las instituciones temen que los casos salgan a la luz pública, dañen la imagen y puedan terminar en la Justicia, mientras los médicos piden garantías.

    “Si comunicas un evento adverso o algo que hay que corregir, te dicen ‘no, no, de eso se va a encargar el abogado’. Es algo vergonzoso que pasa hoy con los Cosepas y con la seguridad. ¿Un abogado está capacitado para llegar a la verdad en esto? La función del abogado es mejorar la imagen de la institución y le ofrece (a la persona involucrada con el evento adverso) ‘andate y doy buenas referencias de ti o por lo menos neutras’”, dijo Carlos Vivas, integrante de la Comisión Nacional de Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud Pública, durante las Jornadas Uruguayas de Enfermería en Seguridad del Paciente que se realizaron a fines de setiembre.

    “Hay que mejorar la información acerca de los eventos adversos”, reclamó el ex directivo del Sindicato Médico Antonio Turnes en el mismo encuentro.

    Según comentaron a Búsqueda fuentes del sector, hay autoridades de instituciones de salud que le han solicitado al Cosepa de su organización que no dejen actas escritas con los problemas que se presentaron. Prefieren que se les comunique oralmente. De todos modos, según médicos consultados, cuando esto se hace “lo tapan”. No se les permite “ir al fondo” del asunto e investigar para poder solucionar los problemas o evitar que se repitan.

    José Perrier, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, opinó que “los ateneos de mortalidad son útiles, pero hay un problema cuando ocurre un evento centinela, se demuestra que hubo culpa y luego después se difunde”. Algunas instituciones “no autorizan análisis de eventos centinela por temor a la demanda. Es un problema internacional también y tenemos que buscar a nivel del Ministerio de Salud Pública una respuesta”, comentó Perrier durante las jornadas académicas. “Tenemos que tener seguridad de que lo que hacemos nosotros en beneficio del paciente esté cubierto”.

    Esto ocurre tanto a nivel público en ASSE como privado y en todo el país. Ocurre más en el sector privado “porque cuidan la imagen”, comentó una de las fuentes.

    ¿Transparencia?

    Sobre esta tendencia a ocultar los problemas Barbato opinó que “pasa en todos lados del mundo”, porque “las instituciones tienen miedo a la judicialización progresiva”. “Los efectos adversos vinculados a la asistencia es un elemento de ocultamiento permanente”, añadió.

    “Tiene que haber una respuesta definida, una estrategia y política de eventos centinela. Hay que saber comunicar y tener barreras” porque ocurren hasta en los mejores centros, dijo a Búsqueda Marcelo Barbato, el coordinador de la Estrategia Nacional de Seguridad del Paciente. Además anunció que están trabajando en un manual de recomendaciones para desarrollar “políticas seguras”.

    “La transparencia de la información es clave, es fundamental y taponear es malo. Sin embargo al difundir hay que ser muy claro. Una cosa es informar que esto puede ocurrir y otra distinta es generar pánico”, dijo Vivas.

    “Tenemos que asegurarnos de hacer prácticas lo más seguras posibles y cuando vemos algo incorrecto y que está mal comunicarlo para que se investigue”, dijo Perrier. “Si se hacen verbales entonces hagámoslas; por lo menos que haya”.

    “Los Cosepas los activaron en la enorme mayoría de las instituciones y comenzaron a realizarse auditorías. Podría ser un germen de un sistema de garantía de calidad asistencial que existe en muchos países”, concluyó Barbato.

    Autopsias.

    Cuando se inauguró el Hospital de Clínicas en 1953, se hacían autopsias clínicas al 45% de las personas que fallecían. Hoy, ninguna. En los principales hospitales del país las salas antes destinadas a realizar autopsias fueron destinadas a otros fines, por ejemplo, administrativos.

    Las autopsias clínicas han tenido “una triste evolución en Uruguay”, dijo Turnes durante las Jornadas.

    En Uruguay fallecen 30.000 personas al año, cerca del 3% de las muertes no tienen una causa explicable a priori por los médicos. No quiere decir que sean muertes violentas sino simplemente inesperadas, inexplicadas. Los dos centros de autopsias en Uruguay apuntaban a brindar información para intentar explicar estas muertes inopinadas; uno con sede en Montevideo —“operativamente posible”— y otro en el centro del país “más difícil de instrumentar”, dijo Barbato.

    El porcentaje de autopsias clínicas que se realizan en un centro de salud es un indicador de la calidad asistencial y son buenos números cuando rondan el 10%. “Estamos a años luz de poder hacer eso. Requiere inversión”, informó Barbato. “El centro de autopsias está vinculado a una mejora de esta calidad asistencial y se aprende muchísimo, no tiene otro objetivo que ese. No hay financiación suficiente para hacerlo porque requiere de una operativa de traslados, tiempos, y por el momento no ha quedado en la agenda”.

    El traslado del cuerpo era uno de los puntos más complejos para resolver en el interior y su costo aún “no está presupuestado”. Para Montevideo el costo estimado es de U$S 50.000 a U$S 60.000 por semestre.

    “En Uruguay no hay prácticamente autopsias clínicas excepto por Pediatría. No hay dónde ni cómo hacerlo”, comentó Homero Bagnulo, expresidente del Comité de Seguridad del Paciente.