Autoridades detectaron 31 embarazos en menores de 15 años entre enero y mayo

De enero a mayo de este año fueron detectados por el sistema 31 embarazos en niñas menores de 15 años, según un boletín de Amnistía Internacional Uruguay divulgado el 25 de julio. La mayoría de las menores viven en el interior del país y, en muchos casos, se vincula el embarazo detectado con situaciones de abuso sexual, dice el informe, que se basa en datos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Esto se debe, explica, a que se trata de situaciones muy distintas, ya que las diferencias en esas etapas del ciclo vital “son muchas y muy importantes, porque tienen que ver con el desarrollo y la autonomía progresiva”.

“No es lo mismo cursar un embarazo a los 11 años que a los 17. Y en general identificamos que en estas situaciones también hay una vinculación estrecha con situaciones de abuso y violencia sexual”, dice Pérez Chabaneau.

La directora destaca, en ese panorama negativo, que el sistema de notificaciones implementado por ASSE mejora la detección y el seguimiento de los casos. “Eso permite tener una trazabilidad de los casos, al menos a nivel del sistema público”, explica. Pese a ese elogio, advierte que la información todavía es recopilada de manera “artesanal” por el propio equipo de ASSE a partir de las historias clínicas.

Amnistía Internacional ha realizado tres informes sobre este tema, uno en 2018, otro en 2021 y un monitoreo el año pasado. Conforme han avanzado en la producción de datos, se ha podido “complejizar un problema que está invisibilizado”, según Pérez Chabaneau. Es que antes estos casos caían en la misma bolsa que el embarazo adolescente.

Para la directora, cuando se detecta un caso de estas características o una sospecha, los equipos de salud necesitan herramientas y acompañamiento al tener que enfrentar situaciones “donde hay que ir un poco más allá”.

“No es solamente la atención de cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva, sino que, si llega una niña de 12 años con una sospecha de embarazo, independientemente de que se confirme o no, hay que explorar otras cosas”, añade.

En cuanto a la evolución de las cifras, en el Informe Anual 2022 de Amnistía Internacional se indicó que ASSE detectó en 2021 108 casos de embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años, de los cuales 50 devinieron en nacimientos y 58 finalizaron en interrupciones voluntarias del embarazo.

La directora afirma que si bien los nacimientos producto de embarazos infantiles han bajado, las interrupciones voluntarias aumentaron, lo que demuestra que todavía hay niñas en extrema situación de vulnerabilidad. Dice, además, que la violencia y el abuso sexual fueron factores en la mayoría de estos embarazos, según los registros del Sistema Integral de Protección hacia la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).

“Cerca del 23% al 25% de las situaciones detectadas por el Sipiav son situaciones de abuso vinculadas a la violencia sexual, y en la mayoría de los casos son episodios que se repiten en el tiempo”, lamenta Pérez Chabaneau.

La directora de Amnistía Internacional Uruguay dice que si bien es posible observar algunas acciones de la política pública para enfrentar esta problemática, sobre todo en el ámbito de la salud, los esfuerzos todavía son insuficientes y deberían estar abocados a tres pilares fundamentales: prevención, atención y reparación.

“El eje de trabajo de Amnistía tiene que ver con echar luz en aquellos lugares que se encuentran en penumbras. Y decir que las niñas en Uruguay aún están en riesgo es, sin duda, un lugar incómodo, porque habla de algo que no queremos ver y que debería prender todas las alertas”, dice Pérez Chabaneau. “El país ha mejorado su repertorio normativo en relación con la salud sexual y reproductiva, pero todavía hay mucho camino que recorrer con relación a la protección a la infancia, y esto lo demuestra”.