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Los casos conocidos no son muchos, pero algunos que la prensa sacó a la luz tuvieron fuerte impacto en la opinión pública. El más notorio es la licenciatura en Genética Humana atribuida a Raúl Sendic, que terminó siendo un curso corto hecho en Cuba por el ahora exvicepresidente de la República. Otro es el de la “abogada trucha” del Ministerio de Industria, quien acaba de ser formalizada por la Justicia y va camino a la destitución.
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Si no se sabe de más casos, probablemente sea por las debilidades en los controles a la currícula declarada por los funcionarios públicos. Para atacar ese problema —y, más globalmente, tratar de hacer un uso más eficiente de los recursos humanos en el Estado—, se va expandiendo el legajo electrónico, en una primera etapa entre los escalafones de profesionales y técnicos.
Hasta ahora se lleva cargada la información de 836 funcionarios de las seis unidades ejecutoras de los ministerios de Transporte y las también seis de Trabajo, además de la Dirección General de Registros y la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), mientras que está en proceso de implantación en otras 36. De los datos que obtuvo Búsqueda surge que en las 14 dependencias con el legajo digital ya “en producción” revisten 153 abogados, 116 escribanos, 80 contadores, 45 licenciados en economía, 39 ingenieros civiles, 31 arquitectos, 29 con “licenciatura en psicología”, 25 técnicos en administración, 24 procuradores y 21 sociólogos, por mencionar las titulaciones más numerosas. También figuran, por ejemplo, 11 analistas en computación, cinco químicos farmacéuticos, dos licenciados en informática, un especialista en cardiología, seis psicólogos y un rematador.
Consultado por Búsqueda, el director de la ONSC, Alberto Scavarelli, aclaró que esos datos son apenas “un muestreo, una biopsia”. Un análisis más fino podrá hacerse cuando haya un universo mayor de oficinas abarcadas, y cuando la información pase por el microscopio del Observatorio de la Gestión Humana del Estado que actúa dentro de esa repartición de la Presidencia de la República.
“Yo me rasco…”.
El control de que un funcionario público posee efectivamente los estudios que asegura tener empezó a hacerse de manera sistematizada, por vía digital, en 2017, cuando la ONSC integró un módulo referido a los legajos al Sistema de Gestión Humana-SGH (que hoy monitorea el presentismo de 32.059 funcionarios, pero se sigue extendiendo a más áreas del Estado). Primero fue a modo de piloto con el personal propio, luego se amplió al resto de la Presidencia, hasta llegar al medio centenar en la actualidad sumando las unidades ejecutoras “en producción” y las que están “en proceso de implantación”, siempre en esta etapa para los escalafones de profesionales y técnicos.
El módulo de legajo electrónico incluye documentación escaneada probatoria de los estudios. “Si dice que es abogado y no lo es, el sistema lo mata. No alcanza con una foja o una fotocopia mal sacada” para alegar que se tiene un título profesional, explicó Scavarelli.
Ya hay vigente una disposición de la Contaduría General de la Nación según la cual los organismos no pueden pagar sueldos sin haber sido notificados—ahora digitalmente— de que el funcionario está al día con la Caja de Profesionales.
Un segundo nivel que tendrá el módulo de legajos, que está en una etapa de desarrollo, recolectará información acerca de qué sabe hacer cada funcionario, si habla idiomas y qué otras destrezas tiene, complementando los datos sobre los estudios cursados. “Esto va a terminar con la posible autoinvocación de aptitudes que no se tienen. Como manejo del talento humano, va a ser la primera vez que contemos con una herramienta de este tipo en el Estado para saber quién hace qué, qué sabe hacer y dónde trabaja. Eso no lo supimos nunca”, afirmó el jerarca.
Con esa información, si hay voluntad política, se podrá actuar para utilizar de modo más eficiente los recursos humanos. Y Scavarelli asegura que el gobierno la tiene. “Hay que acabar con los compartimentos estancos y con eso de: ‘Yo me rasco mientras vos te matás, y vos te matás mientras yo me rasco’”.
Contó que en la órbita de Servicio Civil creó una unidad para monitorear los tiempos que pasa un expediente en manos de cada funcionario, de forma que sus jefes puedan hacer un seguimiento. Esto tiene la lógica de que hay “conductas por acción u omisión”, y que el retardo de un proceso administrativo “puede ser una forma indirecta de corrupción”, alegó el jerarca. “No es un sistema persecutorio y sancionatorio; es por el convencimiento de que tenemos que procurar la eficiencia. Que se cumpla con los cometidos al menor costo y tiempo posible”.
Su intención es llevar al resto de la administración central esta práctica que, según dijo, prendió con fuerza entre sus colegas del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo que él actualmente preside. “Se toman decisiones sesudas, pero el gran problema actual de las administraciones y sus recursos humanos —salvo en las grandes organizaciones y empresas— está en el seguimiento del cumplimiento”.
