Lento desarrollo.
Sánchez, quien inició este año su segundo mandato al frente de la Intendencia, reclama que el gobierno nacional ponga “la mirada” en Treinta y Tres. Dice que la región Este del país ha venido desarrollándose “muy lentamente” respecto al litoral y al área metropolitana, y que necesita “atraer inversiones” para inyectar dinamismo y mejorar la calidad de vida de la población.
Es que algunos emprendimientos que se proyectaban en especial en el sector minero quedaron por el camino en los últimos años. También la anunciada “terminal de cargas La Charqueada”, un corredor ferro-hidroviario que se proyectó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez pensado para sacar la producción de la zona a través de barcazas hacia Rio Grande do Sul.
Lo que se concretó fue la instalación de una planta de cal de Cementos del Plata, propiedad de Ancap, en la zona de Isla Patrulla, cuya producción (150 toneladas diarias) es comprada por una compañía de generación térmica de electricidad de Brasil para mitigar la lluvia ácida que provoca.
Una vieja planta de cemento —la ex Compañía Industrializadora de Minerales (Cimsa), ahora denominada Cemento Charrúa tras ser comprada por los futbolistas Diego Godín y Diego Lugano— está en proceso de puesta a punto para volver a producir. Por ahora importa y distribuye.
Sin embargo, otros dos emprendimientos para explotar yacimientos calcáreos no se concretaron. Lo mismo pasó con el proyecto de la minera Aratirí, tras las exploraciones y perforaciones que hubo en Valentines y zonas aledañas.
Sánchez espera que la producción minera repunte cuando mejore la situación económica de Brasil.
También proyecta que se desarrolle la actividad forestal, puesto que de las 450.000 hectáreas declaradas con prioridad para ese uso solo están siendo explotadas 100.000. De hecho, apuntó el intendente, se está por inaugurar una planta —Energía Limpia Treinta y Tres— que generará electricidad a partir de residuos forestales y el mismo grupo empresarial proyecta instalar otra similar en el futuro.
Sánchez destacó también el potencial de la producción de olivos. Hay unas 1.300 hectáreas plantadas, que en tiempo de cosecha emplean a más de 100 personas.
Nuevo Manantial, del empresario argentino Alejandro Bulgheroni, industrializa aceite de oliva y se prevé que amplíe sus instalaciones en el departamento.
Sánchez se propone impulsar la creación de una Agencia de Desarrollo local, seguir con programas que fortalezcan a las micro y pequeñas firmas así como las vinculadas a los servicios turísticos, para que los visitantes atraídos por las actividades de pesca y ecología opten por quedarse más de dos días en el departamento.
“Treinta y Tres está muy lejos de todo, el tipo de cambio no nos favorece, los índices de desocupación, de necesidades insatisfechas, de repetición, etc., nos ubican últimos o anteúltimos a nivel país. El gobierno nacional tendría que poner la mirada en el departamento para apostar a un polo de desarrollo importante, algo similar a Alur, que sea exitoso”, reclamó.
Vacunos y arroz
En todo Treinta y Tres había más de 1.500 explotaciones agropecuarias que ocupaban unas 871.000 hectáreas (70% dedicadas a la producción de carne vacuna, 15% empleadas en el cultivo de arroz, 7% vinculadas a la forestación), según datos del censo de 2011. El 81% de los productores eran ganaderos. Justamente esa actividad tuvo dificultades este año por la falta de pasto y de agua para alimentar los animales, y de hecho el departamento fue uno de los nueve declarados en “emergencia agropecuaria”.
En la zona “siguen los coletazos del invierno, hubo mortandad de animales, pero no fue algo masivo si no casos puntuales”, comentó el técnico del Instituto Plan Agropecuario Santiago Barreto. Consideró que esa situación puede incidir en una menor preñez del ganado.
El arroz es un rubro fuerte en Treinta y Tres. El vicepresidente de la asociación de cultivadores, Hernán Zorrilla, dijo que la Laguna Merín tiene un importante volumen de agua para iniciar la siembra esta primavera. La cosecha será entre marzo y mayo.
En los últimos años, los costos de producción habían llevado a los arroceros a complementar su actividad tradicional con el cultivo de soja, pero la caída del precio de esa oleaginosa está desalentando dicha estrategia. Zorrilla, que es un productor olimareño, afirmó que los dos cultivos están en situación difícil por precios y por altos costos a pesar del “excelente” rendimiento del arroz frente al de la soja.
“Es brutal cómo se nota en la cantidad de gente buscando trabajo y la falta de movimiento”, dijo ese empresario rural. Apuntó que eso se vuelve más “evidente” en los pueblos que son “muy dependientes” de los arrozales como La Charqueada, Cebollatí y Vergara.
El tren no entró este año hasta la planta de Arrozur. No fue necesario. La producción, menguada, salió en camiones.
Esta planta que se especializa en el parboilizado del arroz funciona desde fines de los años setenta. Se formó por la sociedad de cuatro molinos: Saman, Arrozal 33, Casarone y Coopar para abastecer los mercados de Europa, África, y otros de América como Perú a los que exporta más del 95% de lo que produce.
En su origen comenzó con unas 45.000 toneladas anuales, pero con el aumento de la demanda mundial los accionistas invirtieron en ampliar la capacidad instalada, que hoy es más del triple (150.000 toneladas). El pico de producción fue de 132.000 toneladas, un récord que se alcanzó en la última zafra cerrada en febrero y que dio empleo a 210 personas. “Y ahí se nos cayó el mercado”, resumió Alejandro López, jefe de logística y calidad de Arrozur. Contó que este año agrícola se proyecta alcanzar a producir unas 73.000 toneladas, prácticamente la mitad de la anterior zafra.
Esta caída en la actividad provocó que los 90 trabajadores dedicados a la planta del parboilizado estuvieran en “seguro de paro” cinco meses este año. En octubre se volverá a producir pero para eso se resolvió hacer una reestructura que dejará a 40 operarios sin empleo. “El panorama es desolador”, reconoció López al recorrer las instalaciones y el “corazón del molino”, donde el arroz con cáscara, luego de haberse cocido y secado, se pule para transformarlo en un parboiled que saldrá embolsado para el cliente final.
“Somos tomadores de precio”, explicó. Y afirmó que países como Tailandia y Vietnam venden más barato de lo que cuesta producir parboiled en Uruguay, más allá de que la calidad nacional sea superior. Agregó que los costos de flete, energía eléctrica y salarios inciden cada vez más y tornan al negocio difícil.
López no recuerda un momento tan complicado como el actual: “Tuvimos un seguro de paro en 2002 pero fue de 15 días y este año llevamos cinco meses”, ilustró.
Arrozur también produce aceite de arroz, cuya materia prima es el salvado o afrechillo y tiene por destino el mercado interno. Esta producción no está siendo afectada por la reestructura.
El complejo industrial se complementa con Galofer, una planta de generación eléctrica a partir de la quema de la cáscara de arroz, otro desecho al que se le agrega valor . La producción (10 megavatios) se sube a la red de UTE. También provee de vapor a la planta de parboiled.
Galofer funciona desde 2011-2012 y es propiedad de cinco molinos (a los cuatro de Arrozur se le suma Glencore). Emplea a 46 trabajadores directamente, pero es operada en cada turno por menos de una decena de trabajadores.
“Bronca” comercial
Solo algunos liceales alborotan a su paso la tranquilidad de la calle Juan Antonio Lavalleja —la principal de la capital—, que acusa una baja generalizada de la actividad comercial. El sector vive su apogeo en Semana de Turismo, cuando unas 40.000 personas asisten al Festival del Olimar.
Las tiendas de ropa y calzado, mueblerías, ópticas, casas de repuestos, distribución de refrescos, barracas y pinturerías, autoservicio y pollerías están sintiendo una merma en las ventas. Es que a la situación que atraviesa el campo se le suma la desventaja cambiaria en relación con Brasil y se volvió un imán para los uruguayos que “de paseo” van a hacer las compras al otro lado de la frontera.
El dueño de una pinturería describió la situación como “horrible” porque la actividad cayó “más del 50%” respecto al año pasado. Tomó la decisión de vender el negocio.
Algunos tenderos hablan de “crisis” y la preocupación aumenta cuando se refieren al contrabando.
Gutiérrez, presidente del centro comercial, contó que más de 60 empresas refrendaron una carta enviada el lunes 14 a la Dirección General Impositiva (DGI), al Ministerio de Economía y al Parlamento, donde advierten por el ingreso de mercadería en forma ilegal desde Brasil. La misiva fue en respuesta a una serie de notificaciones que realizó la DGI a principios de agosto a la gremial y a varias empresas para informar que serían auditadas “con miras a detectar omisiones en las declaraciones de impuestos, inconsistencias y la presencia de saldos a pagar”. En alguna de esas notas la Impositiva afirma que si la evasión de impuestos fuera “un 10% menos, la recaudación adicional alcanzaría para todo lo siguiente: entregar 42.000 Ceibalitas, construir cuatro liceos, nueve escuelas y dos centros educativos de UTU, adquirir 80 patrulleros, contratar 500 policías, 87.000 horas de médicos en hospitales públicos, 660 maestros, construir 1.000 viviendas sociales de 50 metros cuadrados, e inclusive sobrarían recursos que podrían destinarse a reducir la carga fiscal”.
Gutiérrez señaló que hay un sentimiento de “bronca” y preocupación entre el empresariado porque son los “que pagan el pato” y están cansados de que “siempre se fiscalice a los mismos actores”. Y se quejó: “Estaba la emergencia agropecuaria y vinieron igual. Tras de cuernos, palos”.