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    Balance de la última década

    Sr. Director:

    Década despilfarrada. Terminó el quinquenio del presidente José Mujica y con él una década de gobierno del Frente Amplio. Parece un buen momento para dejar constancia del estado del país en algunos de los aspectos básicos que hacen a su desarrollo.

    La economía, que después de la crisis del 2002 había comenzado a crecer en buena forma, lo siguió haciendo durante toda la década, llegando ha hacerlo casi a “tasas chinas”, lo que ha transformado a Uruguay en un país más rico. El gobierno asegura que es mérito suyo pero lo cierto es que la globalización y la situación del mundo le dieron un enorme impulso, fundamentalmente con altísimos precios para las commodities, enorme disponibilidad de capitales y tasas de interés muy bajas, a lo que hay que agregar la influencia de la economía de  Brasil y en un principio de la Argentina. Sin embargo, la economía sólo creció, no se desarrolló, es decir no se diversificó, no se crearon ni desarrollaron empresas nuevas y con actividades innovadoras salvo las pasteras, que son la culminación de las políticas forestales iniciadas con la recuperación de la democracia.

    Durante toda la década la inflación fue alta o muy alta, terminando en el 2014 en 8,26%, lo que es una de las más altas de América y unas 4 o 5 veces más que la de los países desarrollados. La combinación de alta inflación con la revaluación del peso ha transformado al país en uno muy caro lo que dificulta las exportaciones y el turismo. A pesar del crecimiento de la economía y del enorme aumento de la presión tributaria, el gobierno termina con un déficit fiscal enorme, 3,5% del PIB, y con un crecimiento importante de la deuda, aunque aún es un porcentaje aceptable del PIB, pero que cuando las tasas de interés comiencen a subir se transformará en un problema para los futuros gobiernos. En síntesis, la economía creció pero no va bien y para peor ya muestra signos de debilidad.

    “Lo político está por encima de lo jurídico” declaró el presidente Mujica luego de la reunión de presidentes del Mercosur en la que, violando sus normas, con las presidentas de Argentina y Brasil, habían suspendido a Paraguay y admitido como miembro a Venezuela. En uno de los últimos actos de su gobierno ha decidido seguir violando la ley, aprobada por el Frente Amplio a su iniciativa y continuar sin pagar lo que les corresponde al Poder Judicial, a  los fiscales y a los demás funcionarios involucrados, creando un enorme conflicto de poderes, que además perjudica gratuitamente a los ciudadanos. Dos veces intentó no cumplir con la ley, que juró respetar, aprobando leyes que la modificaban y que fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Lo cierto que en su período de gobierno la Suprema Corte de Justicia ha debido declarar inconstitucionales varias leyes que él promovió y que fueron votadas por los legisladores del Frente Amplio mostrando un desprecio por la Constitución inaudito. Lo mismo ocurrió con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y muchos decretos y resoluciones que terminaron anulados por ser contrarios a la ley. Además, violó la Constitución participando activamente en la campaña electoral. Hay que destacar lo de PLUNA donde intentó apoderarse de sus aviones para corregir los groseros errores que su gobierno y el de su predecesor habían cometido. No es ninguna novedad: él, varios ministros y legisladores, medio siglo atrás intentaron imponer sus ideas políticas por medio del terrorismo.

    Como si eso no fuera suficiente el Frente Amplio ha gobernado teniendo la mayoría de los legisladores en ambas Cámaras por lo que se encontró que sólo con sus votos podía aprobar las leyes que necesitaba o quería. Esto hizo que no necesitara votos de los legisladores de los partidos de oposición, negoció las leyes entre los dirigentes de los partidos que lo componen e ignoró la opinión de los legisladores de los otros, que son los representantes de la mitad mayor de los uruguayos. Es una actitud soberbia, que llevó a la aprobación de pésimas leyes, que, sobre todo daña a la democracia.

    El presidente Mujica, como  otros dirigentes del Frente Amplio,  le ha faltado el respeto, ha menospreciado, ninguneado y hasta insultado groseramente y en forma reiterada a dirigentes de los demás partidos políticos y hasta a todo ciudadano que no compartiera sus ideas. Esta actitud no sólo rebaja a la institución presidencial sino que divide y polariza a la sociedad, exactamente lo opuesto a lo que un presidente y su gobierno deberían tener como prioridad, es decir auspiciar la diversidad en una sociedad integrada, tolerante y respetuosa. La polarización es la antesala de la violencia social, que por cierto en la última década ha venido creciendo, como la que desarrollan los sindicatos, con el auspicio y apoyo del propio gobierno.

    La sociedad ha quedado dividida y está profundizando la brecha cultural entre los  jóvenes de las nuevas generaciones debido al estrepitoso fracaso del Sistema Nacional de Educación Publica. La educación venía con problemas pero estos se incrementaron, en forma exponencial, desde el inicio del primer gobierno del presidente Vázquez debido a las ideas y políticas educativas aplicadas, cuyo broche de oro fue la ley de Educación aprobada durante su Oresidencia. El efecto, expuesto claramente en los resultados de las últimas pruebas PISA y los “ni-ni”, es que alrededor de 7 de cada 10 jóvenes no tienen los valores, los conocimientos o las competencias mínimas como para seguir estudiando o para desempeñarse exitosamente en los mercados de trabajo del mundo en el que vivirán. Los otros 3 no podrán ser tan productivos como para mantenerlos y mantener a los ciudadanos ya retirados. Sin duda alguna, las consecuencias de las políticas educativas  de la década frenteamplista son la mayor catástrofe que le ha ocurrido al país desde su independencia.

    Las políticas desarrolladas han llevado a la devaluación o pérdida de los valores tradicionales que han sido los motores de la movilidad social como la honradez, disciplina, trabajo duro, orgullo de hacer las cosas bien, cumplimiento de las obligaciones, estudio, respeto y tolerancia y los ha sustituido con la cultura de los “derechos”. Ahora hay que reclamarlos, son los demás, los preparados, los emprendedores, los que trabajan duro, los exitosos, los que deben hacerse cargo de los “ni-ni”, de los que no se preparan, de los que no están dispuestos a romperse el lomo en una quinta, etc. La subversión de los valores que estas ideas y políticas han traído son nefastas y destruyen el capital social nacional. El desarrollo es consecuencia de la acumulación de capital social y esta ha sido la década de su mayor destrucción.

    El deterioro de la seguridad ha sido enorme especialmente con un crecimiento formidable de los delitos violentos y asesinatos. Excusas y justificaciones de las causas del desarrollo de la criminalidad y de la violencia ha habido de todo tipo, muy difíciles de entender y mucho menos de compartir. Lo cierto es que quienes ejercen el gobierno no son comentaristas de las situaciones ni “filósofos de boliche” que explican, entre copa y copa, por qué las cosas son como son o cómo se arreglan, sino que son los que deben actuar, dentro de la ley, ejecutando políticas adecuadas y eficaces persiguiendo al delito y dándole tranquilidad y confianza a los ciudadanos. La idea de que la sociedad es la culpable de que algunos se hagan delincuentes ha sido y sigue siendo la base de sus acciones y la principal razón de de fracaso.

    Las infraestructuras viales han sido abandonadas lo mismo que los canales de acceso a los puertos; del desastre de AFE ni hablar. Llama la atención que en una década en la que los ingresos del gobierno se multiplicaron enormemente no encontraran siquiera los mínimos fondos como para mantenerlas. Si a estas políticas se le agregan los astronómicos precios de los combustibles, es evidente que las políticas aplicadas a los sistemas de transporte, vitales para el desarrollo, han sido pésimas. El resultado es que han hecho crecer el “costo país”, que lo pagamos todos y que llega incluso a comprometer la rentabilidad de las producciones nacionales.

    La vida contemporánea requiere de enormes cantidades de energía y el desarrollo no es posible sin contar con energías abundantes y baratas. Salvo la política de generación eólica, que constituye un importante avance, la década deja al país con energías muy caras y sin ningún avance en la racionalización de sus usos o en su conservación. Es más: continúan los despilfarros increíbles como los que resultan de la falta de fluidez del tránsito o de medidas de conservación de energía en las edificaciones.

    En todos los aspectos claves para el desarrollo el país se encuentra igual o peor que hace una década, pero la subversión y la pérdida de valores lo han hecho mucho más vulnerable y débil para enfrentar los problemas del futuro.

    Arq. Juan Andrés Sienra

    CI 998.166-3

    Punta del Este (Maldonado)