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    Barajar y dar de nuevo

    N° 2052 - 26 de Diciembre de 2019 al 01 de Enero de 2020

    Es inevitable. A partir del 17 de abril de 2022 el presidente Luis Lacalle Pou y los partidos deberán decidir quién será el nuevo fiscal de Corte ante el cese de Jorge Díaz. Es una cuestión medular sobre la que habrá que barajar y dar de nuevo. ¿Que es pronto para plantear el tema? De ninguna manera. Solo mediante finos conciliábulos previos se podrá llegar a esa instancia sin el agua al cuello y con la mejor solución para la sociedad.

    En un país sacudido por una delincuencia cada vez más joven, violenta y con la creencia de ser impune se requiere una selección precisa. No solo por la influencia del cargo, sino porque si el elegido tuviera 60 años de edad o menos su gestión desde 2022 abarcaría el resto del gobierno de Lacalle Pou y se extendería hasta 2032.

    Díaz se retira a los 55 años al llegar al límite constitucional de 10 años en el cargo. Durante ese lapso se produjo una revolución en el proceso penal, se establecieron concursos transparentes para fiscales y el Parlamento respaldó la autonomía del organismo como servicio descentralizado. El sistema político también habilitó a Díaz a impartir instrucciones generales a los fiscales, lo que generó encontronazos que no han terminado.

    Dentro de dos años la decisión será diferente a la que en 2012 lo instaló en el poder. Entonces, los partidos intercambiaron figuritas, votaron a Díaz y pactaron que los jueces Ricardo Pérez Manrique y Julio Chalar asumieran en la Suprema Corte de Justicia y Juan Tobía y Alfredo Gómez Tedeschi en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

    Cuando el presidente José Mujica le ofreció el cargo había desacuerdos, pero por algo desde Aristóteles a Machiavelo se ha coincidido en que la política es el arte de lo posible. Los partidos valoraron afinidades partidarias formalmente presuntas porque nadie las expresa públicamente. La atribución es de quien los impulsa.

    En 2022 no habrá tantos cargos para repartir en el sistema de Justicia y la negociación podría extenderse hacia otros nichos de la administración. Un camino complicado. Con la victoria de los coaligados el tablero político cambió y las visiones son más diversas. Algunos pretenden modificar el Código del Proceso Penal y otros aspiran a que la conducción de la Fiscalía General sea colegiada. Hay quien no descarta que el nuevo fiscal provenga de afuera del sistema de Justicia. No es desatinado. Cuando se designó a Díaz, que era juez, el gremio de los fiscales protestó porque no se había considerado a un fiscal para el cargo. Es probable que nada haya cambiado.

    La solución es compleja. Para la venia del nuevo fiscal –que según la Constitución lo propone el presidente de la República— se requieren los tres quintos de votos del Senado. Aunque con holgada mayoría en ambas cámaras al oficialismo no le alcanzan los votos en el Senado para llegar a los tres quintos. Le falta un voto.

    La postura de una dirección colegiada para el ministerio la desarrolló Brecha en una nota del 6 de diciembre. Señaló que hacia esa posición se inclinan, entre otros, Pablo Mieres, Guido Manini Ríos, Ope Pasquet y Constanza Moreira, aunque ya estará en el CTI.

    Antes, en junio, durante un seminario sobre partidos políticos y Poder Judicial que organizó la Facultad de Ciencias Sociales, Mieres planteó su preocupación por la concentración de poder en la Fiscalía y se refirió a un colegiado (Búsqueda Nº 2.025).

    El politólogo Adolfo Garcé, uno de los organizadores del seminario, compartió su inquietud: “Me pregunto si la Fiscalía no debería ser un cuerpo colegiado”. Aclaró que tiene “la mejor opinión” de Díaz pero planteó su inquietud: “¿Y si mañana tenemos a Trump?”.

    Garcé señaló que en su ponencia Díaz reclamó más poder y autonomía para la Fiscalía. El politólogo dijo que podría ser “siempre y cuando dotemos a la Fiscalía de las mismas garantías que la Suprema Corte de Justicia”. En buen romance, un órgano colegiado.

    La semana pasada, durante una entrevista, Victoria Fernández le planteó a Díaz esa posibilidad. Respondió: “No existe ninguna Fiscalía en el mundo que tenga conducción colegiada. No existe. Primero querría conocer el proyecto, pero la realidad es que ninguna Fiscalía en el mundo funciona así. La Fiscalía apunta a la unidad de acción. Nuestra función es investigar y perseguir. No es debatir y hacer sentencias” (Búsqueda Nº 2.051).

    Un argumento similar había expresado durante el seminario en la Facultad de Ciencias Sociales el procesalista Santiago Pereira Campos.

    Es verdad. No existen en el mundo fiscalías generales colegiadas, pero ese es un argumento de escaso peso. “Como contracara, entre muchos otros ejemplos, se puede plantear que en muchos países existe la prisión permanente revisable y en Uruguay, jurídicamente generoso y falsamente humanista, no existe. Cada país toma decisiones soberanas para garantizar el funcionamiento de un sistema que le ofrezca al ciudadano las mayores garantías”, me comentó un veterano procesalista que prefiere el anonimato.

    De cualquier manera para esa designación no incide solo ese ejemplo minúsculo frente otros intereses de cada partido político. Además, a diferencia del reparto de 2012, ahora habrá otros jugadores y la nueva presencia de Cabildo Abierto, cuyo líder ha planteado severos cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Justicia. No es el único.

    Ante el panorama descrito surge naturalmente una pregunta: ¿el Frente Amplio está dispuesto a quedar al margen de la Fiscalía cuando un candidato suyo podría integrar un organismo colegiado? Sin su voto no se llegará a los tres quintos requeridos para la venia.

    Aquello de que la política es el arte de lo posible sobrevuela con las alas extendidas.

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