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El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, ha dicho que la pandemia por el Covid-19 provocó que su ministerio esté en una “emergencia permanente” que no le permite pensar en los temas de largo plazo. Pero con el paso de las semanas y en medio de la discusión presupuestal para el próximo quinquenio, en el equipo de gobierno analizan cuáles serán las prioridades que deberán atender en los próximos años.
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Bartol entiende que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no puede hacer “de todo un poco”. Por lo tanto, en su equipo hablan de concentrarse en determinadas prioridades a atender en un contexto de finanzas en situación crítica, problemas de empleo y posible aumento de la pobreza.
Con ese objetivo en mente, en el Mides están analizando los gastos de cada programa y observan grandes diferencias. Mencionan como ejemplo el servicio destinado a la atención de personas en situación de calle. Cada persona en un refugio llega a costar al Mides $ 37.000 por mes. Por otro lado, una familia en situación de extrema vulnerabilidad recibe menos de $ 7.000 mensuales por la Tarjeta Uruguay Social (TUS).
¿Cómo focalizar mejor los recursos en este esquema?, es la pregunta que se hacen en el ministerio.
Por eso el ministro se propone “afinar la puntería” para determinar en qué áreas debe el Mides prestar más atención. Así lo planteó Bartol ante un grupo de militantes blancos la semana pasada. Contó que el ministerio tiene programas que abarcan a 500 personas cuando tienen un público objetivo de 20.000. “Se repite un programa atrás de otro, programas que tienen el 5% de la población a atender”, dijo. En ese sentido, sostuvo que no se puede “definir que se atenderá 80 problemas y a cada uno le tiramos con alguito”.
“Al final eso no me sirve para mucho”, afirmó.
“Si uno hace pequeñas inversiones en muchos programitas, al final no pasa nada y la sociedad no percibe que hay un cambio en ninguno de esos aspectos”, agregó.
Un análisis de este debate quedó plasmado en un documento interno elaborado por técnicos del Mides que sirve de base para la discusión presupuestal con el equipo económico del gobierno. El documento fue divulgado por la diaria el miércoles 12.
El Mides elaboró tres documentos planteando distintos escenarios sobre el futuro del organismo en caso de aplicar o no recortes de gasto. Las autoridades del Mides están negociando desde hace semanas con el equipo económico buscando que no se les quiten recursos. En uno de los informes, señalan que de aplicar restricciones presupuestales se resentiría la capacidad de gestión del Mides e implicaría una “mutilación” de las posibilidades de atender las situaciones de pobreza extrema.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Cambios
En el capítulo del informe sobre “desafíos y respuestas” para el quinquenio, se plantean tres ejes orientadores: la focalización (“mejora de la puntería”), la “concentración” y la gestión.
Respecto a la focalización, se plantea mejorar la capacidad para incidir en los problemas de las personas. Se propone “rediseñar las intervenciones clave para posibilitar respuestas a mayor escala y con criterios claros de los resultados esperados”.
En cuanto a la concentración, el informe indica que se busca evitar la dispersión de actividades. “Se han definido ejes orientados en torno a los cuales se concentrarán los equipos de trabajo existentes, para pasar de algo más de 50 programas a cinco líneas de acción con modalidades o componentes específicos para ofrecer estrategias complementarias en respuesta a diferentes colectivos y necesidades”.
En cuanto a la mejora de la gestión, se apuesta a monitorear la ejecución de los programas para comprobar que cumplan con los objetivos y resultados esperados.
La evaluación que hacen los técnicos del Mides es que la matriz de protección presenta una cobertura “insuficiente” en la población con mayor nivel de vulnerabilidad. Se encuentran con que un “amplio espectro de prestaciones se dispersa y diluye hacia poblaciones menos vulnerables y de una magnitud que no puede cubrir”, por lo que “los grupos con problemáticas más agudas pierden oportunidades de contar con un abordaje más fuerte e integral”.
Por lo tanto, se plantea ir hacia un sistema unificado de las transferencias monetarias que otorga el Mides y traspasar algunos programas a otros organismos.
También se propone una revisión del Índice de Carencias Críticas, por el cual una persona u hogar puede acceder a determinadas prestaciones que otorga el Mides. El informe indica que es necesario actualizar este índice, ya que está construido con base en datos de 2011. Se plantea a su vez modificar los mecanismos para dar altas y bajas de las prestaciones, y que las declaraciones juradas sean cruzadas con los sistemas de información del Estado para “identificar riesgos de fraude en la declaración”. Hasta ahora el mecanismo utilizado es la visita a los hogares, lo que se vio retrasado debido a la pandemia.
En cuanto a las personas con vulnerabilidad extrema, como quienes viven en la calle, tienen discapacidades severas o avanzada edad, se apunta a ir hacia un sistema de “oferta privada” que sea subsidiada por el Mides, ya que eso sale “más barato” que gestionar todo directamente.
Además, se introducen cambios de gestión interna. Se racionaliza gastos en teléfonos celulares, se reestructura el Departamento de Logística y se “mejoran los pliegos” para que la competencia “empuje los precios a la baja”.
