Los integrantes de los partidos que conformaron una coalición en la segunda vuelta para permitir que Luis Lacalle Pou ganara la presidencia están ante su primera “prueba de fuego”, como dicen algunos dirigentes por estas horas. En pocos días deberán discutir y defender el proyecto de ley de urgente consideración que la semana pasada el gobierno repartió a los legisladores de todos los partidos en el Parlamento.
Atendiendo los planteos del Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, los socios de los blancos en el gobierno, el proyecto tiene cambios con relación a la primera versión que Presidencia hizo circular en febrero. Sin embargo, no todos los reclamos fueron contemplados y en la versión final sobrevivieron artículos cuestionados por los integrantes de la coalición.
Por eso, en estas horas, los principales operadores del Partido Nacional quieren ganar tiempo para negociar con sus socios y encontrar algún punto de acuerdo antes de que comience la discusión formal en el Parlamento. “Hay que arreglar el lío interno antes de empezar a tratar el proyecto”, comentó un legislador blanco.
La idea originaria del gobierno era ingresar el proyecto el lunes 20, pero hay legisladores oficialistas que prefieren esperar unos días para seguir conversando y que el texto comience a ser tratado en los primeros días de mayo. Dado que un proyecto de estas características tiene plazos especiales (la primera Cámara que lo trate tiene 45 días y la segunda 30), darían los tiempos para que una vez aprobada esta iniciativa se ingrese en la discusión de la Rendición de Cuentas y luego, en setiembre, se inicie el tratamiento del Presupuesto quinquenal.
Los principales operadores del Partido Nacional quieren ganar tiempo para negociar con sus socios y encontrar algún punto de acuerdo antes de que comience la discusión formal en el Parlamento. “Hay que arreglar el lío interno antes de empezar a tratar el proyecto”, comentó un legislador blanco.
Pero la tarea para el oficialismo no parece sencilla. Es que colorados, cabildantes e integrantes del Partido Independiente ya adelantaron que hay aspectos de la ley que no van a votar, y les señalaron a sus interlocutores blancos que lo habían dejado en claro cuando se analizó el anteproyecto en febrero pasado.
Antes del ingreso formal del proyecto, y a instancias del Partido Colorado, los negociadores de la coalición trabajarán acercando posiciones para evitar grandes diferencias.
Iván Posada, diputado del Partido Independiente, dijo a Búsqueda que la ley de urgencia es la “primera prueba” del funcionamiento de la coalición y debería ser “exitosa”. Por eso marcó su preocupación, porque hay artículos con los que no están de acuerdo y que no fueron parte del Compromiso por el País firmado por los partidos en noviembre pasado, antes del balotaje. “Cuanto más se ajustara el proyecto a ese compromiso, menos dificultades tendríamos”, afirmó.
Posada sostuvo que ahora la discusión es entre los legisladores, y aclaró que Pablo Mieres, el líder del partido y ministro de Trabajo, opinó en el Poder Ejecutivo sobre los temas de su cartera y firmó el proyecto para habilitar la discusión.
Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, dijo que su partido tiene diferencias con el texto enviado. Aseguró que votarán los artículos que reflejan lo acordado en el Compromiso por el País, ya que es una “obligación ética”. Respecto a los artículos que cuestionan, dijo que esperan ser “escuchados” por el oficialismo.
El Partido Colorado analizó también el proyecto en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional el lunes 13. Allí se habló de buscar un acercamiento con el gobierno para evitar fricciones. De todas formas, se mantienen firmes en que hay aspectos de la ley que no acompañarán con sus votos.
Desde el oficialismo, el coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional, Gustavo Penadés, dijo que el proyecto vendrá con la firma de todos los ministros y eso es un “grado de compromiso importante”. El legislador dijo que no se cierra a la posibilidad de que la iniciativa pueda ser “mejorada” en el Parlamento.
“Lo que no debería de suceder es que ingrese una LUC (ley de urgente consideración) y salga otra LUC. En el margen de lo que se puede hacer, se puede mejorar, hay cosas que se pueden quitar, pero no puede” cambiarse de dirección el proyecto, dijo en entrevista con Búsqueda. Agregó que esta no será la única ni la última ley que van a votar. Por tanto, las diferencias no implican “el fin del mundo”, aseguró.
Diferencias
El proyecto de ley de urgencia divulgado la semana pasada tiene 45 artículos más que el borrador presentado en febrero.
De los 502 artículos, el Partido Colorado tiene, en principio, diferencias con 15.
Uno de los que no están dispuestos a votar es el 229, que deroga el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados a favor de Ancap. Para el Partido Nacional, esta es una vieja reivindicación y por eso la presidencia insistió en colocar el artículo en el proyecto pese a la oposición no solo de los colorados, sino de Cabildo Abierto y el Partido Independiente.
Los colorados discrepan con tres artículos que crean agencias dentro de la Presidencia de la República. “Estuvimos en contra de que el Frente Amplio hiciera este tipo de cosas cuando fue gobierno y no podemos avalarlas ahora”, comentó el diputado Felipe Schipani. Una de las direcciones creadas es la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, y otra refiere a la Agencia Reguladora de Compras Estatales.
Colorados, cabildantes e integrantes del Partido Independiente ya adelantaron que hay aspectos de la ley que no van a votar, y les señalaron a sus interlocutores blancos que lo habían dejado en claro cuando se analizó el anteproyecto en febrero pasado.
Tampoco se comparte el artículo 116 que faculta a que solo por decisión del presidente de la República se pueda derribar un avión que ingrese al espacio aéreo uruguayo y no esté identificado o autorizado a hacerlo. Tanto el Partido Colorado como el Partido Independiente entienden que eso debería ser una decisión del Poder Ejecutivo.
También consideran que no es necesaria la discusión en este proyecto de nueve artículos que realizan cambios al Código Civil.
Los colorados y Cabildo Abierto coinciden en que no es bueno el artículo 435 del proyecto que crea la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana como un organismo desconcentrado. En ambos partidos se entiende que esto quita funciones importantes al Ministerio de Vivienda, hoy comandado por Cabildo Abierto (con la ministra Irene Moreira) y el Partido Colorado (el subsecretario Tabaré Hackenbruch).
En el área de seguridad, Cabildo Abierto tiene diferencias en algunos puntos, como el referido al uso de armas de fuego. También está en desacuerdo con el artículo que permite que los colonos propietarios exploten la tierra pese a no vivir en el predio.
El Partido Independiente también planteó que no comparte el capítulo referido al Instituto Nacional de Colonización.
Pero las mayores diferencias del sector liderado por Mieres están en las normas vinculadas a la seguridad. No se respaldan 22 artículos referidos a normas del Proceso Penal, ni 13 artículos referidos al procedimiento policial. Además, rechazan varios vinculados al aumento de penas a los menores de edad que cometan delitos.
Posada, el único legislador del partido, explicó que no comparten la redacción dada a artículos vinculados a la promoción de las micro, medianas y pequeñas empresas, y las referidas al control sobre sociedades anónimas que pertenecen al Estado.
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