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El juez penal de segundo turno, Pedro Salazar, concurrió la semana pasada junto al jefe del equipo de antropólogos forenses, José López Mazz, al predio del Ejército conocido como “300 Carlos”, en el que funcionó una unidad de detención y tortura de detenidos durante la dictadura (1973-1985) para realizar una inspección ocular.
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Según dijeron a Búsqueda fuentes judiciales, el magistrado constató indicios de que en ese lugar pueden hallarse restos de detenidos desaparecidos, por lo cual dispuso una medida de “no innovar”, es decir que no se realice ningún tipo de construcción o movimiento en esa zona que pueda alterar el escenario. Más aún, el magistrado dispuso que se utilice un aparato conocido como “georradar” que puede indicar la existencia de restos óseos antes de proceder a nuevas excavaciones.
Según las fuentes, estas medidas serán notificadas en los próximos días al Ministerio de Defensa Nacional para que tome los recaudos correspondientes.
Hasta el momento se hallaron los restos de Ubagesner Cháves en una chacra cercana a Pando, los de Fernando Miranda en el Batallón Nº 13 y los del maestro Julio Castro en el Batallón Nº 14. La pericia forense de este último caso constató que Castro había muerto por el estallido de cráneo producto de una ejecución efectuada por un arma de fuego a corta distancia.
Además de estos casos, el juez Salazar autorizó el envío a un laboratorio en Estados Unidos de pequeños fragmentos óseos hallados en los batallones 13 y 14 para compararlos con la base de datos que se tiene de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Según estudios que ya se realizaron en Argentina, se determinó que los restos son humanos pero debido a su tamaño es difícil extraer muestras de ADN. Los resultados aún no están disponibles.