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    COFE: “gente pobre” en la función pública “ya existe” por los salarios

    La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) rechazó las declaraciones del presidente José Mujica sobre la función pública y replicó que en los organismos estatales ya existe “gente pobre, teniendo en cuenta el actual costo de vida y los salarios que se pagan”.

    En una carta firmada por su presidente, Pablo Cabrera, y el secretario general, José Lorenzo López, a la que accedió Búsqueda, COFE afirmó que los dichos de Mujica fueron “profundamente agraviantes”.

    En la entrevista publicada por el semanario “Voces” el jueves 29, Mujica opinó que Uruguay debería tener un régimen en el que los funcionarios públicos trabajen en el Estado hasta diez años y que en el acceso a esos puestos tengan prioridad las personas pobres “para resolverles los problemas básicos”.

    Además, consideró que hay un régimen “aristocrático” en el sector público. “Trabajadores con coronita, no seas malo”, exclamó (Búsqueda Nº 1.729).

    Ante esto, COFE cuestionó que “la coronita debe ser ingresar a la función pública con salarios de $ 14.000 nominales en algunos casos, como los compañeros docentes, y muy por debajo de esa cifra en otros casos, en un país en el cual un alquiler para una familia tipo ronda los $ 10.000”.

    Para la confederación “gente pobre ya existe en la función pública, teniendo en cuenta el actual costo de vida y los salarios que se pagan en algunos organismos”.

    “El ingreso a la función pública es un buen mecanismo para corregir inequidades, como se realiza actualmente con las cuotas de ingreso previstas para ciudadanos con alguna discapacidad y las que se proyectan para ciudadanos afrodescendientes. Nos preguntamos por qué el señor presidente no ha implementado el mismo mecanismo para ciudadanos pobres; suponemos que no ha sido por ineptitud u omisión, dado que estas categorías son causales de destitución de la función pública. El señor presidente con su sabiduría infinita tal vez nos pueda desasnar”, dice el documento.

    Por último, cuestionan que “mientras se les niega a 12.500 trabajadores de la salud U$S 49 millones de aumento y a 55.600 trabajadores de la educación se les niegan los U$S 193 millones solicitados por la Administración Nacional de Educación Pública, se entregan a las 100 empresas de mayores ingresos del país subsidios en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas de U$S 250 millones solamente por las leyes de zona franca y promoción de inversiones”.

    “Unos pocos empresarios, fundamentalmente extranjeros, reciben más de lo que se les niega a los trabajadores”, finaliza.