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En materia de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay “hay cosas que se han hecho muy bien y fueron muy bien evaluadas por Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), sobre todo lo vinculado a lo normativo. (…) Donde no fuimos bien evaluados (y) nos quedan por hacer muchos deberes es en el cumplimiento, en el aterrizaje, en la efectividad concreta. Por supuesto, pensamos hacer los deberes y trabajar en la enseñanza, en el relacionamiento y el traslado de técnicas de realización de la debida diligencia con los distintos colectivos”, explicó el titular de la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak.
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El jerarca detalló algunas acciones planificadas en esa dirección cuando compareció el jueves 11 ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que trata el proyecto de ley de urgente consideración (LUC). Los artículos incluidos bajo el capítulo Libertad financiera hacen opcional para trabajadores, profesionales y los proveedores del Estado el cobro de honorarios en efectivo; reduce a 1 millón de unidades indexadas a la inflación (aproximadamente, US$ 100.000) el monto a partir del cual las compraventas deben hacerse mediante instrumentos de pago electrónico; y en casos y condiciones permite aplicar una “debida diligencia simplificada” a los sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas de lavado de activos.
“Cuando nuestros equipos inspectivos vayan a hacer las inspecciones in situ o telemáticas —porque también estamos analizando esa modalidad—, nos vamos a ceñir a lo que establecen las guías que consensuamos juntos. Entonces, estamos tratando de mejorar el relacionamiento, que siempre puede tener rispideces, entre el organismo de inspección y los sujetos inspeccionados, los sujetos obligados”, para que “hagan mejor su trabajo de debida diligencia”. Informó que, además, están cambiando los equipos o “matrimonios de inspectores” en el que los dos integrantes solían tener “perfil contador de DGI”, de modo que uno de ellos sea abogado, “a los efectos de ampliar el conocimiento profesional de quienes investigan” para que luego “no haya problemas con impugnaciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.
Paralelamente, la Senaclaft incorporó a un analista informático —“por traslado, sin costo”, tranquilizó Chediak— para mejorar su propio análisis de riesgos “por sector, por subsector y hasta por sujeto obligado”, para “focalizar” las inspecciones y evitar hacerlas “en forma indiscriminada”.
El secretario antilavado admitió que “se avanzó un poco por hidráulica, es decir, como el agua”, en las fiscalizaciones a ciertos sectores, como el colectivo de escribanos, que son más de la mitad de los sujetos obligados a reportar sospechas de lavado. “Nos quedan pendientes otros”, como el sector de las zonas francas, “que es complejísimo”, y otro que “recién se está empezando a trabajar y que es enorme, que son las organizaciones sin fines de lucro”: iglesias, partidos políticos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. Allí, a partir del análisis de riesgo, la Senaclaft actuará sobre una “lista acotada del entorno de 500 o 600, porque son miles”.
La situación del Covid-19 obligó a dilatar estas acciones, por lo que “todo va a comenzar en el segundo semestre”, anunció.
“Retroceso”. Legisladores del Frente Amplio reiteraron su oposición a estos artículos por entender que “implican un retroceso importante en materia de inclusión financiera, de transparencia, de combate a la informalidad y al lavado de activos”.
La discusión amagó con derivar en polémica. “Nosotros, en particular, saludamos que este proyecto de ley contenga artículos que nos acerquen a la libertad financiera, sobre todo, en la medida en que el negocio financiero no es gratuito. No creí —lamentable o felizmente, no lo sé— que fuera a llegar a una etapa de mi vida política en la que encontrara a sectores radicales de la vida política del país defendiendo el negocio financiero privado de una forma tan acalorada”, comentó el diputado Daniel Peña, que fue electo por el Partido de la Gente.
“Lo que nos pasa es que preferimos que una actividad de la que desconfiamos bastante —porque hay muchos ilícitos y negocios turbios, y en ella intervienen actores con mucho poder que también tienen representación política— esté regulada”, retrucó el socialista Gonzalo Civila.
“Después de aguas embravecidas, este capítulo será un mar calmo, porque esto lo votamos todos en el Senado”, dijo el presidente de la comisión, Alejo Umipiérrez, para cerrar el análisis de esos artículos y al pasar a otro referido a las pequeñas y medianas empresas.
