Frustración en la Senaclaft por falta de condenas por lavado vinculadas a delitos tributarios

Entre 2021 y 2026 hubo 77 denuncias presentadas por la Dirección General Impositiva (DGI). “Nos quedamos muy en la superficie” en el tema de delito fiscal y “nos consta que la DGI ha hecho su trabajo, pero no existen condenas y no quiere decir que no existan casos que estén judicializados”, dijo Libonatti. Añadió que algo similar ocurre con el contrabando, otro delito precedente que existe en el país, pero que no ha provocado condenas por lavado al menos en los últimos dos años.

En la estrategia nacional sobre combate al blanqueo de capitales, aprobada en 2025 por el gobierno, se menciona entre las “principales amenazas”, es decir, los delitos que generan activos a ser lavados, el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, la estafa, el tráfico de armas, los delitos tributarios y la corrupción.

Entre 2021 y 2025, según datos de la Senaclaft, hubo 40 personas condenadas por lavado de activos, la mayoría (26) por el delito precedente de narcotráfico, según un informe elaborado por el organismo.

La falta de condenas no parece ser atribuible a la DGI, según las autoridades. La conducta de esa repartición respecto a este tema cambió en los últimos años. El consultor que elaboró la evaluación nacional de riesgos, Alejandro Montesdeoca, había dicho en 2023 que a la administración tributaria le faltaba proactividad a la hora de sumar su esfuerzo al combate antilavado, pese a que desde el 2018 la defraudación tributaria es un delito precedente del blanqueo de capitales. En el documento que presentó en aquella oportunidad, dice que es necesario “mejorar el involucramiento” de la DGI y el BPS, “analizando específicamente sus políticas y procedimientos para el tratamiento y denuncia de posibles casos de defraudación tributaria”. Y añade entre paréntesis: “no siempre estos organismos han optado por denunciar penalmente estos delitos, sino que han priorizado la recaudación en la mayoría de los casos”.

De acuedo a los datos oficiales, 23 de las 77 denuncias por defraudación tributaria fueron presentadas en 2025, lo que marca el cambio de actitud de la DGI, según fuentes del gobierno.

El sector inmobiliario

En su intervención, Libonatti no escondió su molestia por lo que ocurre con otras actividades económicas en las que el riesgo potencial de lavado es alto. Cuestionó que no haya condenas por ciberdelitos y, en particular, por la falta de información en el rubro desarrollo inmobiliario.

“No estamos pudiendo detectar operaciones de lavado” en esa área, dijo la jerarca. “Y creo que tenemos que dar una vuelta de rosca”. Libonatti reconoció que es “un poco frustrante” tener “una evaluación de riesgo” donde el sector inmobiliario aparece como clave, donde “todos creen” que hay lavado, y más ahora con el crecimiento de la construcción de proyectos, pero no hay “reportes adecuados, investigaciones vinculadas” al área ni se “detectan operaciones sospechosas”.

Minutos más tarde, el moderador de la charla les preguntó a Libonatti y Espinosa dónde creen que están los sectores con “mayor riesgo”.

“Estamos trabajando en lo que es el análisis sectorial para el sector inmobiliario, lo que tiene una dificultad. La información a veces no transmite lo que son los negocios que están por detrás. Por eso es muy importante el sujeto obligado (a reportar operaciones sospechosas), el que conoce el negocio, cómo operan las distintas partes, cómo se vincula el promotor, con el inversor, con el desarrollador”, respondió Libonatti. “Es un sector donde nos debemos ese análisis de riesgo” para “poder identificar dónde están los puntos claves en el sector inmobiliario y de la construcción”.

La secretaria antilavado dijo también que las zonas francas son un “eje importante” de trabajo para su oficina, como quedó reflejado en su estrategia nacional de riesgo. Aseguró que la falta de información “es transversal”, es un “problema del sector no financiero”. No solo es un problema de ausencia de información, añadió, “sino la calidad de esa información”.

Libonatti afirmó que la Senaclaft también tiene en la mira a las sociedades anónimas simplificadas (SAS), que se pueden abrir a distancia.

Tras su intervención, Espinosa dijo que más allá de las preocupaciones que despierta el sector no financiero, el financiero seguirá considerado de riesgo “eternamente” porque es el que maneja más “productos” y “volumen”. A eso se agrega una complejidad extra, sostuvo, porque ya “no es solo la banca tradicional”, sino que cada vez aparecen más operadores, “sistemas de pago” y activos virtuales. “Es todo una incertidumbre hacia el futuro”, subrayó.