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La Blanqueada, Salto, La Coronilla, Quebracho, Chuy. A lo largo del año esos y otros lugares fueron asociados a actos delictivos, contribuyeron a elevar nuevamente la violencia como protagonista de la agenda pública y política, y profundizaron las reprobaciones al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. También permiten entender, al menos en parte, por qué el Poder Ejecutivo ha colocado la seguridad como su segundo objetivo presupuestal de cara a la elaboración de la Rendición de Cuentas.
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Vázquez ratificó esta semana que, luego de la educación, la seguridad es su principal preocupación, y admitió su contrariedad por los últimos casos delictivos. “Lamentablemente, la violencia está muy a flor de piel en la relación de nuestras sociedades en el mundo, y Uruguay, que no es una isla, no podía escapar a esa situación. Si le agregamos la irrupción violenta del narcotráfico en nuestro país, bueno, sumen y van a ver los problemas que pueden surgir”, dijo el lunes 9 en una rueda de prensa previa al Consejo de Ministros abierto de Playa Pascual.
Durante la mañana del lunes, la seguridad fue parte de los reclamos del movimiento Un Solo Uruguay, cuyos representantes concurrieron a Playa Pascual. Incluso, el único momento de la jornada en que un ministro fue interrumpido por los manifestantes fue cuando tomó la palabra Bonomi. “Señor ministro, perdón...”, le pidió Vázquez a Bonomi, quien intentaba explicar los alcances de un decreto en medio de los abucheos y los cánticos.
Variar según el momento.
A inicios de febrero, en la primera reunión del año con su gabinete, Vázquez solicitó a cada cartera un balance de la gestión en 2017 y dos objetivos de trabajo para 2018. Tras el resumen, los ministros y el presidente acordaron siete prioridades para esta Rendición de Cuentas. “Son educación, salud, seguridad, Sistema Nacional Integrado de Cuidados, vivienda, infraestructura y continuar con las líneas de apoyo al desarrollo productivo e innovador”, enumeró Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el 5 de febrero en conferencia de prensa. Allí García se refirió al Sistema Nacional Integrado de Cuidados como “el buque insignia del gobierno”.
Vázquez ratificó esta semana que, luego de la educación, la seguridad es su principal preocupación, y admitió su contrariedad por los últimos casos delictivos.
De todas formas, explicó que las metas podían cambiar en el futuro “según el momento” y “la importancia que el gobierno les asigne”. En la misma conferencia el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, aseguró que “evidentemente” podía haber variantes en esas metas. Según señaló una fuente del Poder Ejecutivo a Búsqueda, así es el caso actual “a partir de las circunstancias” y “de la coyuntura” en materia de seguridad.
Luego de aquel encuentro de Anchorena han sucedido numerosos casos de violencia que tuvieron una fuerte exposición pública. A su vez, el Ministerio del Interior detectó un aumento de los delitos en los últimos meses, algo que Bonomi atribuyó, en buena medida, a la implementación el 1º de noviembre del nuevo Código del Proceso Penal.
Una encuesta de Equipos, en conocimiento del gobierno, indica que la “inseguridad/delincuencia” es percibida por la población como el principal problema del país, seguida por el desempleo y la educación. La salud está en novena posición y la vivienda y la infraestructura no aparecen en el listado. La preocupación por la seguridad creció con fuerza desde diciembre hasta ahora.
Pese a la inquietud social por la inseguridad y a las críticas públicas que Bonomi ha recibido desde la oposición, Vázquez descartó cambios de cargos.
Pese a la inquietud social por la inseguridad y a las críticas públicas que Bonomi ha recibido desde la oposición, Vázquez descartó cambios de cargos. “El ministro está trabajando bien y hubo respuestas muy importantes. A esos problemas que han surgido el gobierno le ha dado respuesta”, dijo. Aunque a modo muy amplio, adelantó, por ejemplo, que en el caso de los feminicidios las soluciones del gobierno pasarán por “desarrollar todas las acciones necesarias, educativas, sociales, culturales, médicas, para tratar de evitar este flagelo tan lamentable y repudiable”, ya que no es posible “poner un policía en cada casa para controlar la violencia doméstica”.
Por lo pronto, en el Consejo de Ministros aprobó un decreto del Ministerio del Interior que ordena la distribución de 500 funcionarios policiales para integrar el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO): 300 en Jefaturas del interior y 200 en Montevideo.