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El caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira, involucrado en un episodio que incluye audios filtrados en donde se lo escucha sugiriendo la posibilidad de intercambiar favores sexuales por la renovación de pasantías en la Intendencia de ese departamento, volvió como un asunto incómodo al Directorio del Partido Nacional. Tras la renuncia de Moreira a esa colectividad política, a pocos días de las elecciones nacionales de 2019, se logró bajar la efervescencia en torno a la situación. Sin embargo, tras su intención de competir por la reelección como jefe comunal, el asunto se instaló nuevamente como un problema a resolver. En esta semana se propuso que la Comisión de Ética, que ya había elevado un informe que no se llegó a analizar debido a la dimisión, vuelva a analizar el caso e incorpore además el documento que elaboró la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y el fallo judicial que terminó archivando la causa. Lo que está en cuestión es si el directorio avala o no la candidatura de Moreira como integrante del Partido Nacional.
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Ahora hay un nuevo elemento que algunos blancos pretenden poner sobre la mesa al momento de discutir el tema. Y es la legalidad que tendría esa inhabilitación. El catedrático de sistema electoral Oscar Botinelli elaboró un informe donde advierte que las candidaturas aprobadas por el Órgano Deliberativo Departamental (ODD)– como es el caso de Moreira– son “firmes y no revisables, salvo muerte, renuncia o suspensión de la ciudadanía”.
“Ningún órgano del propio partido ni la Justicia Electoral (Corte Electoral, Junta Electoral) tiene potestad alguna para intervenir en las decisiones del ODD”, dice el informe al que accedió Búsqueda. “Puede darse la confusión de que algunos partidos (Colorado, Independiente, Nacional) a ese ODD le dan el carácter de Convención Departamental, es decir, de un órgano partidario con determinadas competencias que surge de la carta orgánica del respectivo partido. Pero cuando funciona en tal calidad nada tiene que ver con cuando funciona como ODD”, que no es elegido por los partidos, sino por los ciudadanos para definir las candidaturas departamentales.