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    Cárcel para rehabilitar y no para “su martirio”

    La Oficina de Planeamiento y Presupuesto coordina con otros organismos estatales la implementación de un préstamo de U$S 5 millones de la Unión Europea para la mejora del sistema de Justicia penal y de los establecimientos penitenciarios de adultos y adolescentes.

    El coordinador general de la OPP, Gerardo Siri, quien fue juez durante más de 10 años, dijo a Búsqueda que el proyecto es “muy importante” porque procura poner en práctica el principio constitucional de que las cárceles sirven para la rehabilitación de las personas y no para su martirio.

    El gobierno entiende que en ámbitos de la Unión Europea llama la atención que un país como Uruguay, con los índices sociales que tiene, mantenga un sistema penal de tipo inquisitivo y pésimas condiciones de reclusión en algunos establecimientos carcelarios. En función de eso resolvió financiar el convenio que fue firmado el 19 de agosto de 2011.

    Pese a que ni las cárceles ni el sistema judicial están bajo su órbita, “la OPP interviene porque tiene como objetivo promover la mejora de las políticas públicas”, señaló Siri.

    “Se promueve una gestión transversal y se colabora con la resolución de problemas que requiere una debida articulación y sostenibilidad de las políticas”, agregó el jerarca.

    “La finalidad de este programa es promover la inclusión social a través de la Justicia con un sistema penal eficiente y respetuoso de los derechos humanos”, prosiguió.

    Para ello, el programa trabaja en dos vertientes. Una de ellas está relacionada a la “sensibilización” de diversos operadores con respecto a la necesidad de reformar el Código Penal y el Código del Proceso Penal. Para ello están previstas una serie de actividades con legisladores de todos los partidos políticos y con jueces, fiscales y defensores públicos en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU).

    En esa misma línea de trabajo se procura reforzar la aplicación de penas alternativas a la prisión preventiva.

    En cuanto a la mejora de las condiciones de vida de los reclusos se hace hincapié en la salud, la educación y la reinserción de los presos.

    Para eso, se coordina con el Ministerio del Interior, de Salud Pública, de Educación, de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas, la Fiscalía de Corte y la Administración Nacional de Educación Pública, entre otros organismos.

    El proyecto prevé apoyar algunos programas para que los reclusos trabajen, tales como la confección de sábanas y otro tipo de indumentaria para los propios presos y proyectos metalúrgicos.

    Con esta medida se procura que los presos aprendan un oficio y se pueda bajar el índice de reinserción que actualmente es superior al 60%.