Desde la otra orilla patean el tablero una vez más (a pesar de la resolución favorable para el Uruguay de la Corte Internacional de Justicia de la Haya y de los resultados de la CARU), con falsedades, prepotencias e irrespetuosidades.
¿Por qué lo hacen? ¿Realmente les importa el medioambiente regional?
* ¿Qué pasa con las plantas de celulosa argentinas que son antiguas contaminantes? Según la agrupación ambientalista Greenpeace, en la Argentina existen 10 fábricas productoras de pulpa que utilizan una tecnología similar y hasta inferior a la uruguaya. Hay 3 en Misiones, 1 en Tucumán, 1 en Santa Fe, 1 en Jujuy, 1 en Río Negro y 3 en la provincia de Buenos Aires.
* ¿Qué pasa con las aguas servidas de Buenos Aires?
* ¿Qué pasa con el Riachuelo?
* ¿Qué pasa con las plantas nucleares 1 y 2 de Atucha? Ambas ubicadas sobre el río Paraná de las Palmas, en Zárate, provincia de Buenos Aires, a unos 115 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires.
* ¿Dónde están sus normas de buenas costumbres con los “hermanos” orientales y las éticas sobre relaciones públicas con quien integra el Mercosur? ¿No será que, como el tero, graznan para que no les descubran el nido (léase matufia) recurriendo al manido y recontra conocido recurso? ¿Qué ocultan con esta mascarada?
Se sabe internacionalmente que:
* Los votos de las elecciones y la reelección se subsidiaron con fondos públicos.
* Casi el 50% de la población “recibe” dinero del gobierno.
* Sus reservas vienen cayendo en millones de dólares.
* Su inflación es del 26%.
* Su población sufre espirales descendentes en materia de instrucción, educación, seguridad, salud e infraestructura.
* Esta charada de la papelera es para obtener el voto de los entrerrianos.
Todo parece como si el objetivo es aumentar la ignorancia del pueblo para seguir manipulándolo.
No debería importarnos si no fuera porque las actitudes bipolares e hybricidas de la Kortesana y su séquito nos molestan emocionalmente, nos dañan económicamente y nos perjudican políticamente.
Nos mortifica la ingenua actitud del que, de buena fe, creyó en tal “amistad” y fue usado una y otra vez.
Nos da bronca que la embajada de allá y los asesores de acá no lo alertaron en tiempo y forma.
Nos exaspera que los dragados de Martín García y el río Uruguay no solo sigan en veremos sino que pretendan independizarse ignorando lo que pregonan.
Nos fastidia que nuestras exportaciones sean trabadas sistemáticamente.
Nos irrita que nos hayan denunciado como paraíso fiscal a sabiendas de que no era cierto.
Nos enfada que exijan reciprocidad tributaria.
Nos enerva que los puentes que nos unen sean unilateralmente cerrados por patanes financiados.
Nos indigna que nos usen para sus viles designios y nos hagan sentir los malos de la película.
Que se quieran apropiar del dulce de leche… vaya y pase, pero de Gardel y de Artigas es demasiado.
Nuevamente el mítico ejemplo de David y Goliat y la frustrada intención de apropiarse de nuestro territorio.
¿Es que nada han aprendido de la Biblia y de la historia del Río de la Plata?
Arq. Ignacio David Weisz
CI 612.364-2
El conflicto con Argentina (II)
Sr. Director:
La industria de la celulosa en Uruguay y la autorización del Poder Ejecutivo. Durante más de un año se sometió a una empresa uruguaya, de capitales integrados por accionistas internacionales y nacionales, a trabajar por debajo de su capacidad, con todo el impacto que esto tuvo para la empresa y toda la cadena productiva que está detrás: eso es insólito, en la medida que no existen razones técnicas y que la empresa no estaba solicitando nuevas instalaciones sino un aprovechamiento de las que construyó.
En el momento en el que el gobierno nacional aprobó el proyecto de la entonces Botnia, a nivel internacional, más precisamente la rama de créditos privados del Banco Mundial, exigió a Botnia y a Ence la preparación de un informe de impacto conjunto de las dos plantas que fueron autorizadas a instalarse sobre el río Uruguay: se preparó, discutió y aprobó un estudio de impacto conjunto de ambas plantas, y se aprobó la producción de 1,5 millones de toneladas/año en la zona de influencia del río Uruguay. Para ubicar al lector, esto sucedió en noviembre del año 2005.
La Corte Internacional de La Haya fue testigo, en el comienzo del tratamiento del diferendo con Argentina en el año 2006, de una presentación de una ambientalista argentina en la que aparecían entre otras atrocidades provocadas por la fabricación de celulosa, niños con malformaciones. Con estas pruebas tuvo que trabajar arduamente y con un importante costo, un equipo internacional de abogados que durante más de 4 años siguieron todos los aspectos de una decisión que finalmente fue laudada en forma inequívoca a favor de Uruguay.
La reciente autorización, extraña y arbitrariamente decide topear la producción en 1,2 millones, con consideraciones públicas de que la empresa no puede matar la “gallina de los huevos de oro” y luego de intentar que se difunda que “se exigirán mejoras ambientales” casi calladamente, dos miembros del Poder Ejecutivo informan sobre la realidad de las cifras de los aspectos ambientales involucrados. Extrañamente, el presidente de la República habla de temperatura del agua que se vierte al río Uruguay y del contenido de fósforo. Es extraña esta preocupación porque en forma casi continua, desde que asumió la Presidencia, desde la Torre Ejecutiva seguramente ve las chimeneas de la Central Batlle de la UTE que, en medio de la ciudad, emite diferente tipo de material gaseoso y partículas que impactan en el ambiente y toman agua y vierten agua desde la bahía de Montevideo. En su mismo horizonte, la planta de refinación de Ancap, también sobre la bahía de Montevideo, mantiene casi continuamente encendidas sus chimeneas que cuando niños titulábamos “el monumento al fósforo”. ¿Qué pasó con la playa Capurro, sus casonas y paseos?
Y prefiero no entrar en el tema que en el presente año conmovió a los habitantes de Montevideo cuando al utilizar el agua de sus casas, encontraron sabor y olor que provocaron otra ola de manifestaciones públicas.
El aspecto que deseo destacar es que resulta increíble que se continúe actuando en forma discrecional, en contra del interés general de la población y ni qué decir, hostigando a quienes asumen el riesgo inversor en el país; el Poder Ejecutivo decide no en función de la opinión de los organismos que como la Dinama, que opinaron que no hay obstáculos para que UPM incremente su producción en los límites solicitados; también autoriza uno por uno los emprendimientos que a su juicio pueden mantener sus acciones en Sociedades Anónimas con acciones al portador.
Nuestro único interés es perforar una de las tantas “cortinas de humo” que distraen la opinión pública y sacudir a la opinión pública para que se haga responsable, como ciudadano, de aquellos actos que día a día están cambiando los hechos, los valores, la calidad de vida y el derecho a vivir responsablemente, no pasivamente, desde el lugar donde cada uno ocupa en la sociedad.
Acad. Ing. Rosario Pou Ferrari
El conflicto con Argentina (III)
Sr. Director:
Hoy me levanté con otros planes, pero la alevosa invasión de los entrerrianos a nuestra República independiente para echar abajo la planta procesadora de celulosa de UPM me ha dejado muy mal e invito a los lectores de su prestigioso semanario a que me contradigan lo que pienso.
Mirando este alevoso hecho a través de un microscopio y sin ánimo de patrioterismo barato, debo decir que la invasión fue totalmente justificada. Una planta industrial de cualquier tipo es siempre un adefesio. Contamina siempre, más si echa humo y desperdicios a la tierra y al agua como hizo Botnia primero y UPM ahora. Además, el beneficio que deja la empresa a la población es discutible. Se ha discutido si los montes de eucaliptus que usa UPM para su procesamiento cubriendo los mejores campos son o no redituables para el país, pero eso es otro asunto. Es probable que cada eucalipto, que absorbe cientos de litros de agua como una esponja durante su vida, nos deje tierras empobrecidas cuando se retire la empresa dentro de unos años.
Como ciudadano montevideano y lejos del lugar, me fastidia lo que ha hecho este gobierno nacional y los anteriores que permitieron la construcción del adefesio, justo en la margen de un hermoso cauce de agua como es el río Uruguay. Para el entrerriano, le hemos destruido el lugar. Para el fraybentino que vive de este lado pero aguas abajo, la maldita planta que nos ha ocasionado todo tipo de líos es una fuente de recursos pero no tanto. Hace muchos años, la ciudad se hizo gracias a un frigorífico también contaminante, pero los entrerrianos de la época eran pocos y no se enfadaron. Ahora, el fraybentino no tiene una fábrica horrorosa enfrente; mira la planta de costado, tragando el humo, olores y agua contaminada porque no tiene más remedio y quizá piensa que algo de provecho saca, pero nunca como lo hizo con el frigorífico.
Ese día de invasión, se presentaron argentinos de todos colores, entre ellos damas y caballeros muy bien vestidos. Los revólveres, fusiles, bombas molotov y quién sabe qué otras armas mortíferas estaban muy bien escondidas entre sus ropas. Eran miles y miles, cubriendo todo el puente, un mar de personas terriblemente afectadas. Metían terror. Un helicóptero uruguayo sobrevolaba la zona emitiendo comunicaciones de espanto al comando de Prefectura Nacional que tuvo un frente de batalla armado a guerra, como así también al comando de fuerzas de élite del Ministerio del Interior que llevó una guardia de choque capaz de soportar a una linchada de los Hermanos Musulmanes de Egipto. Evidentemente, el gobierno uruguayo tuvo noticias de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa que algo feo se venía y que habría que contener. No vi tanques y ametralladoras en las fotografías de la prensa que quizá no consiguió llegar a los matorrales donde las Fuerzas Conjuntas estarían camufladas en alguna parte de los accesos a Fray Bentos y a la susodicha planta.
Al otro día, la prensa difundía aquella presencia argentina con alarma. El Sr. Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior, sugirió a los cronistas que habría que minimizar el asunto, creo para no seguir metiendo más la pata. También se vio al pobre intendente del lado uruguayo con cara de decepción ya que tenía todo pronto para recibir a su colega para hacer un poco de publicidad, marketing y quizá sondeo, no sea cosa que el entrerriano se consiga una planta industrial igual a UPM, o más grande, para instalar justo frente a Fray Bentos. Pero el pobre intendente, con cara de desgraciado, no pudo cebar mate ni hacer un asadito de confraternidad con su contraparte. Tenía todo preparado para una buena recepción y estos estúpidos armados hasta los dientes no le dejaron hacer lo suyo. Visto el panorama bélico uruguayo, las señoras y los señores argentinos con todas sus armas y banderas regresaron a ese país ahora lejano, con su intendente y comitiva incluida. Para nosotros, me resulta bochornoso, absurdo y estúpido. El gobierno autoriza mayor producción de celulosa a UPM para incrementar su producción, siempre y cuando la empresa haga las ampliaciones necesarias para evitar más contaminaciones, por lo que da por hecho que las hay, sin duda. Si la empresa vino al Uruguay con una producción calculada, entonces que la cumpla y que no haga presión al gobierno de turno para incrementarla justo cuando tenemos problemas con el país vecino. Al amenazar con un cierre de su fábrica por unos días, los sindicatos se alarman y presionan al gobierno que a su vez comete estupideces. Bastante hicieron mal los gobiernos anteriores en permitir la instalación de semejante planta. Unos pocos kilómetros tierra adentro y fuera de la visión de nuestros vecinos hubiera sido mucho mejor. Una línea ferroviaria al río con terminal portuaria adecuada no es lo mismo que instalar una fábrica. Pero no, nosotros nunca caminamos por la cebra, preferimos ir por cualquier lado, mirar para el lado opuesto al tráfico hasta que ocurra el choque inevitable. Y volveremos a La Haya.
Como esto tiende a seguir y seguir, sugiero que nuestros hermanos argentinos se encuentren cómodos para venir y expresar su tremenda y muy justificada molestia. Dejen paso libre para que vengan a compartir su bronca pero también un mate fraterno y que encuentren que ambas poblaciones han caído en una trampa. La confraternidad es mucho mejor que ese despliegue bélico innecesario, agresivo y fanfarrón.
Gordon F. Little
CI 600.388-2
La “ley de medios”
Sr. Director:
Más allá de los aplausos. La conferencia de expertos convocada por la Presidencia de la República, en Montevideo, para analizar el proyecto de ley de comunicación audiovisual, así como el proceso de consultas y deliberación que ha tenido lugar, es digno de aplauso y así lo resaltaron todos los panelistas, algunos de los cuales calificaron el proceso como ejemplar.
Como presidente de la AIR agradezco haber sido recibido por el presidente Mujica para analizar en profundidad los alcances del proyecto y haber sido escuchado por la comisión legislativa correspondiente; mal podría restarme a esos elogios.
Sin embargo, una cosa es un proceso ejemplar, que por cierto contrasta con los casos de Ecuador, Venezuela o Argentina, y otra muy distinta es inferir, a partir de los elogios al proceso, que estamos ante una “ley modélica para América Latina”. El proceso va bien y será impecable en la medida que las opiniones de los expertos sean tomadas en cuenta y no sean utilizadas solo para legitimar el proceso, sin corregir el proyecto de ley.
Para continuar con un proceso deliberativo democrático y llegar a una buena ley, son fundamentales la actitud de diálogo propiciada por el Ejecutivo y una discusión parlamentaria seria, que alcance consensos amplios, en una materia tan delicada para la democracia. La buena fe y la ponderación en el uso del lenguaje, de todas las partes involucradas, especialmente de las autoridades, ayudará mucho a ese propósito.
Todos los expertos convocados coincidieron en que algunas de las modificaciones enviadas por el Ejecutivo mejoraban sustancialmente el proyecto, en tanto subsisten varias materias cuya corrección resulta indispensable para ajustarse a los estándares internacionales. No se trata, por cierto, de observaciones menores.
Una absoluta coincidencia fue la necesidad de normar adecuadamente las cadenas obligatorias, que según la CIDH deben ser utilizadas solo “en casos excepcionales” para transmitir información “estrictamente necesaria, para atender necesidades urgentes de claro y genuino interés público y durante el tiempo estrictamente necesario”.
Otra coincidencia es la referida a revisar seriamente el alcance de las normas antidiscriminación y de los principios rectores que propone el proyecto. Todos compartimos ciertos valores, pero darle facultades discrecionales a un órgano superior para interpretar esos valores y aplicar sanciones es contrario a los estándares, como dejaron muy claro los conferencistas.
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se mostró derechamente partidario de la eliminación del artículo 27. A su juicio, la única conducta o discurso que podría ser objeto de sanción es la incitación a la violencia. La relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, por su parte, señaló como condición para ajustarse a los estándares de Libertad de Expresión, que “de ninguna manera pueda inferirse que constituyen obligaciones específicas, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones”.
Otro aspecto que resulta manifiesto es la necesidad de eliminar las ambigüedades que puedan generar en el futuro condiciones para el ejercicio discrecional de las facultades sancionatorias, las que pueden traducirse en una forma de presión indirecta. Presiones que no basta con que estén expresamente prohibidas por ley, sino que debe reducirse al máximo su posibilidad.
Todos elogiaron la nueva forma de integración del Consejo Audiovisual, sin duda un avance al exigir una mayoría especial que supone un elevado consenso basado en las condiciones de cada uno de sus integrantes. Pero en caso de no alcanzarse la mayoría de los dos tercios se elegirá por mayoría absoluta, y lo que es más grave, la potestad de remover a los consejeros recae en el Ejecutivo, con lo cual se afecta seriamente su autonomía e independencia, como bien lo hizo notar la relatora para Libertad de Expresión.
Igualmente incoherente resulta que la facultad de aplicar sanciones graves, incluida la revocación de concesiones, recaiga en el Ejecutivo. ¿Qué sentido tiene entonces crear un órgano autónomo e independiente? Sin perjuicio de la enorme burocracia de organismos destinados a controlar, vigilar y sancionar a los medios audiovisuales que se crean a partir de esta ley.
Me he referido solo a algunos de los aspectos —los más relevantes— que abordaron los expertos convocados por la Presidencia, pero son muchas más las materias contenidas en los 183 artículos del proyecto y las 80 modificaciones recientemente enviadas por el Ejecutivo, que ameritan una seria revisión.
Por ello, para que los aplausos al proceso puedan extenderse a la calidad de la ley es necesario entre otras cosas que el Poder Legislativo incorpore efectivamente las recomendaciones indispensables para cumplir con los estándares internacionales y que prime la rigurosidad y la buena fe por sobre la conveniencia y la contingencia.
Un efectivo ajuste del texto en la Cámara de Diputados para cumplir con los estándares señalados por los expertos y una rigurosa revisión del mismo en el Senado, son parte de la corrección del proceso, en contraste con las tramitaciones express que se han impuesto en otras latitudes, donde la democracia y la libertad de expresión no poseen el prestigio y valoración que distingue al Uruguay.
Luis Pardo Sáinz
Presidente
Asociación Internacional de Radiodifusión
Santiago de Chile
Medicamentos
Sr. Director:
Aclaración sobre artículo publicado en Búsqueda. En la edición del día 3 de octubre, la periodista María Paz Sartori publicó una nota periodística basada en una disertación de la Dra. Patricia Esperón en el Congreso de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay.
La publicación —que fue considerada de importancia tal que fue nota de tapa— refiere a que hay “médicos que indican en Uruguay fármacos que sin estudios genéticos previos pueden generar efectos adversos e incluso la muerte”.
Luego de esa acusación, profundiza y se introduce en la oncología. Específicamente, en el medicamento 6-mercaptopurina, indicado para el tratamiento de leucemias del niño.
Allí, la conferencista afirmó que la droga “es trágica, porque el que tiene el gen mutado y se le da una dosis normal se muere”. “Si a un individuo mutado se le da la misma dosis que a uno normal, lo único que se logra es que aparezca cáncer en otra célula”. Luego afirmó: “No sé si hay poca o gran mortalidad en Uruguay por efectos farmacogenéticos porque no hay estadística ni registro. Cuando entra un paciente se le registra que tiene mal, diarrea, vómitos o si se muere por infección generalizada, lo manejan como dentro de la patología, pero nadie dice que ocurrió por el fármaco, no enfocan a eso”.
Las aseveraciones vertidas en el artículo periodístico referidas a la droga 6-mercaptopurina y sus efectos secundarios suman certezas con errores, producto seguramente del desconocimiento práctico de la temática.
En el mundo desarrollado actual existen varios grupos de investigadores clínicos que trabajamos cooperativamente en estudios internacionales sobre las leucemias del niño.
Ninguno de los más relevantes de esos grupos —el COG que nuclea a más 50 universidades americanas, ni el BFM internacional con la mayoría de los países europeos y Uruguay— requiere los estudios farmacogenéticos para la administración de la droga 6-mercaptopurina.
La dosis de la droga se ajusta quincenalmente de acuerdo a valores hematimétricos y no hay en los registros de estos grupos (de los que somos parte) muertes causadas por efectos de la droga relacionada a ausencia del estudio del genotipo TPMT.
También es destacable que cuando ocurre una muerte, las causas de ese deceso no se describen con la ligereza aludida, sino que cada caso (que, afortunadamente, son cada vez menos) consta de una comunicación muy exhaustiva y cuidadosa que se evalúa por expertos internacionales.
Todos los citostáticos son potencialmente carcinogénicos, pero no al extremo de que cuando le damos la droga a un paciente que es portador de la mutación, “lo único que se logra es que aparezca cáncer en otra célula”.
Las afirmaciones vertidas en la publicación hacen referencia a un hecho científico cierto, motivo de investigación, en un campo relativamente moderno que es la farmacogenética.
Sin embargo, las consecuencias aludidas como la falta de control en Uruguay y los riesgos de provocar muertes tóxicas a las que, en teoría, exponemos a nuestros pacientes son inexactas, imprudentes y debidas al desconocimiento de la práctica médica.
Dr. Luis Alberto Castillo
