Pero mi intención no era continuar este debate que, sin dudas, despierta pasiones y discusiones que probablemente no tengan término.
Sin embargo, la carta publicada en la pasada edición de Búsqueda (Nº 1.712) por parte del Sr. Julio de Fuentes, nos obliga a responder debido a que ella contiene un grueso error que, por otra parte, es el principal sostén de su fuerte acusación sobre las tergiversaciones en las que supuestamente yo habría incurrido.
En efecto, más allá de las diferencias sobre la interpretación de los hechos ocurridos en el proceso de transición a la democracia, que ciertamente son fuertes y significativas, lo cierto es que el Sr. De Fuentes nos acusa de hacer un uso proselitista e indebido de la imagen de Wilson Ferreira.
Dice el Sr. De Fuentes que tergiverso los hechos: “Lo hace en su carta, y también en un reciente spot publicitario suyo, utilizando inaceptablemente la imagen de Wilson Ferreira Aldunate (y la de Zelmar Michelini) en su propaganda, para su provecho. Ha caído en la tentación de utilizar la figura de Wilson, Sr. Mieres y eso tergiversa la historia, pues induce a pensar que usted y Wilson tuvieron alguna vez algo que ver y eso no es cierto, ¿verdad?”.
En el mismo sentido agrega más adelante: “Vaya anotando, estimado Sr. Mieres, para construir la verdad, dónde estuvo usted y dónde Wilson —ese cuya imagen ahora usted utiliza en su propaganda”, y más abajo agrega: “¿Por qué entonces, Sr. Mieres, en lugar de la foto de Wilson, no utiliza usted en su spot publicitario la de Batalla a quien usted admiraba y hasta siguió en su abandono al Frente? ¿Acaso sus asesores de marketing le instruyeron que no es bueno para su imagen aparecer junto a quien luego fue vicepresidente por el Partido Colorado y posibilitó —¡por segunda vez!— que Sanguinetti fuera presidente?”.
La verdad que me encuentro sorprendido porque el Sr. De Fuentes tendría toda la razón en protestar y cuestionarme por el uso de la imagen de Wilson. En efecto, tengo como todos los uruguayos un profundo respeto por la figura de Wilson y tuve la oportunidad de hacer público mi reconocimiento en un reciente evento organizado por la Juventud de Alianza Nacional, pero tengo muy claro que no me corresponde ni a mí, ni a mi partido usar en forma proselitista su imagen porque, como bien dice el Sr. De Fuentes, esa figura es patrimonio del Partido Nacional y resulta evidente que en su trayectoria política tuvimos diferencias indiscutibles e inocultables.
Pero, justamente, el Sr. De Fuentes no miró bien el spot al que se refiere y seguramente confundió las imágenes, porque justamente las imágenes que aparecen detrás son las de Zelmar Michelini, Hugo Batalla y Juan Pablo Terra. Tres figuras políticas de las que sentimos que hemos recibido legados políticos específicos y de los que nos sentimos legítimos intérpretes.
Le sugiero al Sr. De Fuentes que ingrese en la página web de mi partido: www.partidoindependiente.org o ingrese a www.youtube.com y busque nuestro spot que está subido allí y lo mire sin subjetividades; reconocerá que, justamente, detrás de quien esto escribe se pueden apreciar las figuras de los tres políticos referidos.
Nunca nos avergonzamos de nuestros inspiradores, ni los escondemos u ocultamos. Por eso reivindicamos, contra la creencia del Sr. De Fuentes, la figura del Dr. Hugo Batalla, aunque hayamos discrepado notoriamente con alguna de sus decisiones políticas.
Tampoco nos gusta, ni nos interesa, “vestirnos con plumas ajenas”. Además, no lo necesitamos. Nuestra tradición política y las figuras que sí reivindicamos como inspiradores de nuestro espacio político son suficientemente grandes y significativas para el país, como para tener que andar “robando” imágenes que pertenecen a otros partidos.
Le recomiendo al Sr. De Fuentes que se compre lentes o que mire los hechos sin el excesivo apasionamiento que lleva, inevitablemente, a que termine siendo él quien tergiverse los hechos. No hemos usado ni usaremos nunca la figura de Wilson, no porque no le tengamos respeto y admiración, sino simplemente porque no nos pertenece.
Finalmente, que no refiera en esta carta a las otras acusaciones del Sr. De Fuentes no significa que las dé por buenas. Defendí, en su momento, la salida negociada a través del Pacto del Club Naval y sigo reivindicando que en ella no se pactó impunidad alguna. He tenido la suerte de ser amigo y correligionario de toda la vida del Cr. Juan Young, ya fallecido, quien fue partícipe directo de aquella negociación y tengo, entonces, la certeza por saberlo de su propia boca, sobre cuál fue el alcance real de aquel acuerdo.
Efectivamente, tal como el Sr. De Fuentes supone, estuve en el Acto del Obelisco el 27 de noviembre de 1983 y por esas casualidades de la vida, que no por trayectoria o merecimientos, me tocó formar parte del estrado, hecho que se ubica en el primer lugar de las razones que me enorgullecen de mi actuación política. Pero no solo eso, también trabajé junto a miles y miles de ciudadanos en la lucha por la libertad y la democracia, igual que el Sr. De Fuentes. Ni más ni menos. Obviamente ese camino determinó la existencia de dolorosas diferencias que determinaron derroteros diferentes cuya polémica seguirá abierta, probablemente, indefinidamente.
Pero más allá de esas y otras diferencias que tuvimos y quizás tendremos, lo que debe tener muy claro el Sr. De Fuentes es que nunca haremos uso de figuras políticas que no pertenecen a nuestro espacio político, entre otras cosas porque las que están vinculadas a nuestro espacio político son más que suficientes para fundar nuestra historia y tradición.
Sin otro particular, saluda a Ud muy cordialmente,
Dr. Pablo Mieres
Presidente
Partido Independiente
La renuncia del coordinador de Museología
Sr. Director:
En referencia a la nota publicada en el Semanario Búsqueda (Nº 1.712, 9 de mayo, 2013) le envío en adjunto y en el cuerpo del mail las aclaraciones del Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Dr. Álvaro Rico.
Le saluda cordialmente.
Carolina Olhaberry
Secretaría Decanato
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación
Ante la renuncia del coordinador de la tecnicatura en Museología y sus acusaciones públicas al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República
Aclaraciones:
1.- La creación de la Tecnicatura Universitaria en Museología integra la estrategia de la Universidad hacia la universalización y diversificación de la educación terciaria y universitaria y da respuesta a una necesidad del campo museológico nacional. Fue aprobada por el Consejo Directivo Central de la UdelaR el 28 de abril de 2009 y su puesta en marcha es producto del esfuerzo conjunto de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (FHCE-UdelaR), el Ministerio de Turismo y Deportes, el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia Municipal de Montevideo, instituciones que aportaron los primeros fondos para financiar la Tecnicatura.
2.- La FHCE-UdelaR posee el personal docente idóneo, los mecanismos de co-gobierno y convenios de cooperación para garantizar la formación, las decisiones y la cooperación que aseguren el normal desarrollo y la continuidad de la Tecnicatura con la calidad académica que corresponde y como ha sucedido hasta el presente.
3.- Respecto a la implementación de las pasantías curriculares de la Tecnicatura Universitaria en Museología, en todos los casos, las decisiones y directivas adoptadas por el Decano fueron discutidas y votadas por unanimidad por el Consejo de la FHCE-UdelaR, obedeciendo a la siguiente situación:
-El listado de instituciones para la realización de las pasantías fue solicitada reiteradamente por la administración al Lic. Arturo Toscano en mayo de 2012 de tal forma de asegurar la tramitación de los convenios correspondientes. En la misma fecha se le solicitó la elaboración del Reglamento de Pasantías y se dispusieron recursos humanos altamente calificados para apoyarlo en esa materia;
-En octubre se recibió el borrador de Reglamento pero sin un Plan de Trabajo adjunto, que se le solicitó y fue recién remitido en el último Consejo de la FHCE del año 2012, el 28 de diciembre, aunque el mismo no aportaba los elementos que hicieran posible su puesta en marcha ni la lista de instituciones antes mencionada;
-También la Facultad realizó el esfuerzo económico para las contrataciones docentes necesarias para el inicio de las pasantías, fijado para el mes de marzo de 2013.
4.- Lugares de pasantías.
-La Facultad solicitó tanto al MEC como a la Intendencia de Montevideo una interpretación amplia del Convenio interinstitucional firmado para amparar también las pasantías de los estudiantes y poder así iniciarlas en las fechas fijadas. Ante la imposibilidad jurídica de hacerlo por parte de ambas instituciones, se resolvió de común acuerdo avanzar en la tramitación rápida de un convenio específico, habiéndose alcanzado el mismo con el MEC y estando en trámite de aprobación con la IMM;
-Mientras se tramitaban esos acuerdos específicos, se comenzó en la Facultad con la implementación de pasantías en todas aquellas dependencias y proyectos de la Udelar acordes para dicha finalidad así como su planificación en la sede del Museo MAPI por contar la Facultad con un convenio institucional vigente, firmado en febrero de 2013.
5.- Sobre el Convenio con el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI).
-Dicho Convenio fue durante más de un año tramitado y modificado, en consulta previa con docentes de las áreas de conocimiento específicas en la Facultad, firmándose una vez logradas las garantías de las partes;
-En base a un relacionamiento de reciprocidad y cooperación interinstitucional, fundamentado técnica, jurídica y éticamente, el convenio FHCE-MAPI fue previamente evaluado por la Comisión ad hoc del Consejo de Facultad, la Dirección Jurídica de la Universidad, el propio Consejo de Facultad, la Unidad de Cooperación central y el Consejo Delegado Académico de la Udelar, siendo finalmente suscrito por el Rector y el Decano;
-Es de recordar que el Convenio firmado por la UdelaR-FHCE con el MAPI se establece que en el desarrollo de sus actividades conjuntas las partes se comprometen a cumplir con las normas internacionales vigentes en materia de tenencia, conservación y adquisición patrimonio cultural;
-Además, en el marco de las actividades que el propio convenio prevé, la Universidad de la República-FHCE, accedió a la invitación cursada por la Dirección del Museo MAPI para recomendar o constituir un equipo de especialistas con referencias sobre la temática y con el fin de realizar nuevos análisis que permitan dirimir las diferencias existentes sobre la autenticidad o no de piezas en exposición.
Finalmente:
-Una decisión unilateral e inconsulta con la Administración del Coordinador de la Tecnicatura, Lic. Arturo Toscano, desconoció la existencia del Convenio institucional; distorsionó el espíritu de los acuerdos internos alcanzados para encauzar la situación entre consejeros, docentes y estudiantes; incumplió una Resolución del Consejo sobre fecha y sitio de pasantías; perjudicó a un núcleo de 17 estudiantes cuya práctica debía haber comenzado a partir del lunes 29 de abril pasado y difundió públicamente su nota-renuncia de modo tal que las sucesivas omisiones funcionales fueran presentadas como ejemplo de ética profesional.
-La renuncia presentada por el Lic. Arturo Toscano generó una situación de hecho que resultó perjudicial para la institución, y que por su carácter de “indeclinable”, estamos obligados a aceptar. Así aconteció en la sesión del Consejo de fecha 10 de mayo pasado, designándose como Coordinadora interina de la TUM a la Prof. Raquel Pontet, asegurando así el Consejo de Facultad la continuidad de lo planificado en relación a las pasantías y el derecho de más de 200 estudiantes universitarios.
Álvaro Rico
CI 1.325.026-0
Decano
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación
La diputada y el presidente
Sr. Director:
Qué tranquilidad me dio la explicación de “la Daisy” luego de las expresiones sobre el presidente de la República que salieron a la luz en los últimos días.
Y es que había quedado realmente alarmado por la forma en que la ex ministra del Interior se refería al primer mandatario de nuestro país. Pero creo que todos habíamos pecado de prejuiciosos. No conocíamos la relación de “entrecasa” que enmarcaba los dichos de “la Daisy”. Fuimos nuevamente injustos con este personaje tan castigado en la política uruguaya. ¿Cómo sacar de un contexto de familiaridad sus expresiones? Si cualquiera de nosotros se refiere así a las personas de su entorno, ¿o no?
¿Quién de nosotros no armó una cadena de mails con los primos para ir con todo y romperle el c&@# a nuestro abuelo, el viejo de m#@#@? Claro, si enmarcamos sus dichos en este tipo de relaciones, la entendemos. ¿O nunca quisimos golpear con todas nuestras fuerzas y amotinarnos contra nuestro padre convocando a los hermanos para hacerle frente al viejo de m#@?
El propio Mujica le respondió con el cariño de cualquier abuelo justificando sus dichos, porque cuando “la Daisy” se toma una de más dice cosas así.
Y cuán sencillo hubiera sido si todos entendiéramos esto y “la Cristina” hubiera tomado las expresiones de Mujica con la familiaridad y el cariño que fueron dichos. Con una simple respuesta del estilo que nos acostumbra nuestro presidente hubiera bastado. Podría haberle dicho, “y bue, sabemos que cuando abre la boca dice disparates”. Pero no. Se le busca la quinta pata al gato y allá vamos con los problemas diplomáticos que tan poco importan.
Es evidente la persecución que hay de ciertos personajes y sectores de la política. Uno no puede hablar con el lenguaje que utiliza en casa para dirigirse al presidente que ya hay algún ventajista buscando sacar provecho escrachando a quien habla en confianza. Vamos mal por este camino.
En fin, luego de las justificaciones creo que todos podemos estar tranquilos. No hubo falta de respeto ni expresiones fuera de lugar. Simplemente se habló como se habla en casa. Qué tranquilidad que así sea. Lo único que debemos cambiar ahora es a la sociedad entera, porque si “la Daisy” tiene razón “vamos de mal en pior”.
Haga el esfuerzo, Daisy. Y haga el esfuerzo Sr. Presidente. Hablen como se debe. Como se debe en cada casa, en cada lugar, y también en la política. Porque no estamos ante distintas maneras de hacer política. Estamos ante situaciones que deben reprimirse. En las casas, en las aulas y en cualquier ámbito. Si quieren ser ejemplo, empiecen por lo más sencillo: respeto.
Ignacio Alonso Reybaud
CI 4.252.210-5
Delitos de militares en dictadura
Sr. Director:
En definitiva, ¿los delitos cometidos por militares durante la dictadura prescribieron o no? Actualmente, el ciudadano que no tiene una formación jurídica no sabe si estos delitos prescribieron o no, es decir, no entiende si se van a juzgar hoy, en 2013, o de lo contrario caducaron porque caducó justamente la pretensión punitiva del Estado.
Conviene, entonces, hacer una serie de aclaraciones. En primer lugar, es importante recordar que nuestro país sufrió un gobierno de facto desde 1973 a 1985, y una vez retomada la democracia y el Estado Constitucional de Derecho, se dictó la “ley de caducidad” que estableció que había caducado la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por militares y policías. Esta ley fue dictada para poder retomar la vida democrática y considero que fue una solución lógica y acertada para ese momento.
En segundo lugar, cabe mencionar que años más tarde se presentó un recurso de referéndum contra esta ley y se convocó al Cuerpo Electoral para que se pronunciara mediante el voto secreto. El resultado fue contrario al recurso, es decir, el Cuerpo Electoral confirmó la ley. Continuando con lo ocurrido, en 1988 se presentó una declaración de inconstitucionalidad de dicha ley y la Suprema Corte de Justicia rechazó la petición, entendiendo a la ley conforme a la Carta.
En 2009 la ciudadanía se enfrentó a un plebiscito que pretendía declarar la inconstitucionalidad e inexistencia de la “ley de caducidad”; el Cuerpo Electoral nuevamente se pronunció a favor de la ley. En ese mismo año la Suprema Corte de Justicia cambió de opinión y declaró inconstitucional la “ley de caducidad” (es importante tener en cuenta que los efectos de dicho pronunciamiento son para el caso concreto exclusivamente).
Posteriormente, se dictó la ley interpretativa de la “ley de caducidad” y los artículos que entendían que los delitos no prescribieron fueron declarados inconstitucionales.
Luego de explicado el asunto, es importante destacar algunos aspectos jurídicos que son de suma relevancia. Uruguay en 1985 ratificó la Convención Americana y pasó a estar sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, ratificó el Estatuto de Roma (el cual entró en vigor en el año 2002) y este Tratado es el que establece que los delitos de lesa humanidad y el genocidio (entre otros) no prescriben.
El tema es el siguiente: puede entenderse que el Estatuto de Roma tiene efectos retroactivos porque la condición de imprescriptibilidad de estos delitos era una regla de ius cogens (tal como entiende el Tribunal Constitucional alemán) o puede entenderse que no tiene efectos retroactivos de acuerdo a los principios generales del Derecho Penal liberal clásico. El asunto es que, no importa la decisión que tengan los jueces de la Suprema Corte de Justicia o cualquier juez de Uruguay, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció al respecto y consideró en rangos generales que los delitos de genocidio y de lesa humanidad no prescriben. Es decir, la Corte Interamericana se adhirió a una posición que, de hecho, no considero acertada, pero Uruguay se sometió a su jurisdicción y no podemos desconocer sus fallos. Las sentencias de la Corte son obligatorias.
En síntesis, por más que no estemos de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana, porque entendemos que el Estatuto de Roma no puede tener efectos retroactivos, Uruguay debe ajustar su comportamiento a ese fallo. Por ende, estemos o no conformes, los delitos cometidos por militares durante la dictadura no prescribieron y se deben seguir juzgando. Sin perjuicio de que, cuando lleguen a la Suprema Corte de Justicia por casación, ya conocemos lo que esta considera. A mi juicio, esta actitud que debe tomar Uruguay respecto a los delitos cometidos por militares es totalmente injusta. El país necesita seguir avanzando y a veces para avanzar debemos olvidar y perdonar, y más injusta es si pensamos en el principio de igualdad, porque no hay que dejar de tener en cuenta que sobre la ley de amnistía nada se ha dicho. Entonces: ¿los militares privados de su libertad y los tupamaros gobernando? Es una situación que sin duda debemos revertir.
Rafaella Viera
CI 4.705.017-3
El procesamiento del general Dalmao (I)
Sr. Director:
Triunfó la injusticia y la infamia. Eso es algo que nos negábamos a creer pensando que en nuestro país aún existía un mínimo de respeto por el Estado de derecho.
Pero no, no es así. Esta afirmación se demuestra al tomar conocimiento de que la jueza Dolores Sánchez condenó al general Miguel Dalmao a 28 años de prisión por un crimen que no existió y que, a pesar de todo tipo de artimañas, no pudieron demostrarlo.
Sí, ese Miguel Dalmao que en el año 2010 “se comió un garrón”; sí, ese Miguel Dalmao procesado y encarcelado por convicción, “sin pruebas”; el mismo.
Si el relato imaginativo del Tribunal de Apelaciones fue disparatado y, según manifestaron dirigentes políticos, no se explican cómo llegó a las conclusiones que plasmó en el papel, ya que del expediente no surgen las mismas, esta acusación lo superó.
La jueza tomó parte de ese relato, le sumó la disparatada acusación y solicitud de condena del fiscal subrogante Negro y lo abonó con aportes propios.
Lo raro de esto, entre otras cosas, es que todo surge de un mismo expediente, sin agregados nuevos y que no contiene una sola prueba ni testimonio que lo indique a Miguel como autor del crimen que le imputan, extremo que se desprende de la propia sentencia.
Todos los testimonios que figuran en el expediente lo ubican al alférez Dalmao después de ocurridos los hechos. Nadie vio ni oyó absolutamente nada.
Nació esta pesadilla con el armado del caso, que ya había sido archivado en 2006 por el mismísimo juez Vomero, por falta de pruebas y no descartando el suicidio.
La ex fiscal Guianze lo reflota y aporta “testimonios de oídas” (una milagrosa aparición de declarantes que dicen haber escuchado a un supuesto soldado desconocido que comentó que había fallecido una detenida y que parecía que al “cabezón Dalmao” se le habría ido la mano), sin valor ni relevancia jurídica para inculpar a Dalmao. La propia Guianze cuando se refiere a las declaraciones de Fernández Huidobro sobre la inocencia de Miguel dice que es un “testimonio de oídas” y que este tipo de testimonio no tiene “relevancia jurídica” (Semanario Búsqueda, 17/01/13). Parece que varía la validez y la relevancia según convenga.
Guianze fue, supuestamente, la que más años estudió el caso y la que manifestó en una entrevista que nunca lo acusó de autor de homicidio porque no tenía pruebas:
Entrevista de “El Diario” digital de 9/12/12: Periodista. “‘¿Y por qué no pidió usted la condena por autoría entonces?”. Guianze: “Pero no lo tengo probado plenamente de que él fue el que la mató, pero sí que estaba en el grupo de gente que la torturó y la mató”.
O sea, le viene bien cualquier cosa. No tiene pruebas de que la mató pero dice que perteneció al grupo que la mató, que tampoco tiene pruebas, y si no, lo que sea, cualquier cosa con tal de inculparlo de algo. Todas elucubraciones.
Muy bien, entonces, ¿cómo se explica que la jueza Sánchez haya llegado a la conclusión que Dalmao fue el autor del supuesto homicidio?
Sólo con esta contradicción da para pensar.
A todo lo ya inventado, esta nueva jueza expresa que Miguel, el mismo alférez Miguel Dalmao, de 23 años, tiernito y sin experiencia como lo calificó un alto jerarca de este gobierno, dispuso su detención, interrogó y mató a Sabalsagaray. ¿En qué cabeza cabe que tuviera semejante poder?
Increíble, por no decir ridículo. Pensar que un alférez en aquella época, con casi 8 meses de recibido y cuatro meses en el cuartel, venido del interior, tuviera semejante poder. El último perejil, lo que se dice un recluta, con más de 12 oficiales con mayor jerarquía que él, realmente descabellado.
Entonces, ¿de dónde sacó las conclusiones de que Dalmao fue el que organizó y ejecutó todo lo que ella describe? ¿Qué pruebas tiene? ¿Es ésta una carrera al que inventa más y mejor?
Es un solo expediente que no dice nada de eso.
Entre toda una serie de divagues habla de la dictadura, de los derechos humanos en el mundo y del Plan Cóndor.
Pregunto: ¿qué tiene que ver el Plan Cóndor con este caso y con mi marido? NADA. El mencionado plan nació un año y medio después de los hechos que se le imputan.
¿Por qué lo pone en la sentencia? ¿Para llenar hojas? De repente es para enchastrar la cancha y así inclinar y predisponer a la gente en contra de Miguel y hundirlo más.
Afirma, además, en un pasaje de la acusación, que Dalmao era integrante de la OCOA.
Pregunto: ¿de dónde sacó eso? Miguel nunca perteneció a la OCOA y es fácilmente comprobable.
No sé qué historia leyó la jueza. ¿Por qué la necesidad de poner cosas que no son ciertas? ¿Será para camuflar que no existen pruebas para inculpar a mi esposo y que no actuaron bien?
Entrevera y confunde hechos, no reconoce los estudios de los técnicos que presentó la defensa, serios y profesionales, y sólo valida los presentados por la fiscalía. De cualquier forma ninguno descarta el suicidio. ¿Cómo llega al veredicto final, 40 años después de sucedidos los hechos, sin haberlos vivido y sin testigos ni pruebas? Realmente, no sé pero me imagino.
Las pruebas, como lo han dicho los juristas, son fundamentales en el derecho penal y reitero: no hay una sola prueba, sólo comentarios hechos a la medida.
¿Cómo pueden culpar a una persona de un delito que nunca probaron que haya existido? ¿Es el único caso que se suicida una persona privada de libertad? NO.
Está indicada esta situación, el arresto, el aislamiento como motivo que puede llevar a tomar la decisión de suicidarse (guía de prevención y detección de factores de riesgo de conductas suicidas. MSP).
Hemos tenido casos bastante recientes. Por ejemplo, hace un par de meses sucedieron dos casos: uno en una comisaría y otro en una dependencia del INAU. Un poco más atrás en el tiempo, caso Bozzata. Intentos en cárcel de Cabildo. Estos son sólo casos conocidos; los que sucederán que no nos enteramos.
La jueza critica a la Justicia militar y afirma que se armó un escenario del suicidio.
Primero, no estuvo allí y nadie de los que sí estuvieron en ese momento vieron semejante cosa y, además, ¿qué necesidad tenían de armar un escenario y de hacer todos los trámites que exigía la ley, dando intervención a la policía técnica, forenses y juez? Si hubieran sucedido los hechos como quieren hacer creer los jueces y fiscales que han tenido intervención en el caso, lo lógico hubiera sido hacer desaparecer el cuerpo del delito. Una persona que llevaba apenas unas horas de detenida, que nadie sabía quién era, en plena dictadura, ¿no les parece ilógico meter la pata y darle intervención a tantos actores, comprándose un problema?
Todo es tan disparatado que si no fuera trágico me haría reír.
No puedo creer que esto nos esté pasando y que suceda hoy en día en nuestro país. Es una persecución con tanta saña que parece la inquisición y es tan evidente la intención que no entiendo cómo llegamos a este punto.
Realmente me asusta. Y sobre todo me asusta el silencio; sí, el silencio.
Me refiero al silencio de aquellos que tienen el poder y el deber de velar y defender los derechos humanos de mi esposo, que también los tiene.
Derechos humanos que no se han respetado, que se han pisoteado y atropellado. Derecho a un juicio justo e imparcial, no esto que todos sabemos cómo fue manipulado.
No por tener uniforme carece de esos derechos. Es un ser humano, un ciudadano que han condenado a 28 años de cárcel, condena histórica, sin una sola prueba.
Lo procesaron por convicción, según dijo públicamente el entonces juez Vomero. No pueden condenarlo a 28 años por convicción. Porque es el mismo expediente con las mismas declaraciones, sin cambio alguno.
No me pueden conformar diciéndome que todo es político, que nada tiene que ver lo jurídico.
No pueden dejarlo pudrir en la cárcel con ese argumento. Es gravísimo.
No se puede utilizar la libertad y la vida de un ser humano inocente para vengarse de la institución militar y de quienes la integran.
Tanto se ha criticado y se critica la justicia durante la dictadura, ¿y esto es justicia?
Me gustaría que alguien me dijera en qué parte del expediente está lo que en la sentencia se afirma. Personas que nada tienen que ver con el tema militar han comentado que desde que comenzó todo en el año 2010, parecen casos diferentes.
No se puede repetir el eslogan de que la justicia es independiente y hay que acatarla. Cuando se comete una injusticia debe existir alguna forma de revertir el fallo. Es un tema de responsabilidad y de conciencia.
“Una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad” pero parece que una verdad repetida mil veces no tiene el mismo efecto. ¿Será que puede mas la mentira?
Alicia Burgueño de Dalmao
CI 1.372.281-1
