Siento todo lo contrario. Cada vez que alguien pierde su trabajo me produce dolor, porque sé lo que es la angustia de no tener trabajo o de no llegar a fin de mes. No siento el mínimo regocijo cuando alguien sufre un perjuicio, sea quien sea.
Actitudes de este tipo están muy lejos de mi forma de pensar y de caminar por la vida. Créame, y lo saben todos los que me conocen, que no soy así ni pienso así.
Yo no celebré ni festejé nada. Nada tengo que festejar. Lo que he hecho, con toda la firmeza que poseo, ha sido apoyar lo actuado por los magistrados y sus auxiliares que es a quienes les hemos confiado la custodia de nuestras libertades, no solo en este caso sino en todo aquello que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Su independencia es en lo que creo como funcionario y es lo que necesito como ciudadano.
Se me adjudica que he actuado por “pura jactancia”. No es el caso, se lo puedo asegurar. No creo poseer ningún atributo de ninguna naturaleza que me lleve a actuar con jactancia o frivolidad y menos en el ejercicio de la función pública. Es una lástima que el editorialista no me conozca, pero créame que una actitud de ese tipo no se compadece con mi forma de ser y de pensar. A mí me gustan las cosas y las personas simples, sencillas y discretas. Y por otro lado, aunque mi conducta no fuera como la describo, en el caso que nos ocupa no tendría nada de que jactarme puesto que no intervine ni decidí la forma en que se realizaron los procedimientos.
También se me critica porque he utilizado la expresión “delincuentes de cuello blanco”. He utilizado la expresión en forma genérica a efectos de oponerme firmemente frente a cualquier situación que pueda implicar una presión indebida sobre los magistrados y transcribo lo que expresé textualmente: “…No queremos que haya jueces que miren para otro lado cuando se tienen que enfrentar a delincuentes de guante blanco, queremos que miren para adelante como miran en otros casos…”. Esto es lo que he dicho sobre el tema.
Mi intención fue la de hablar de presuntos delitos de guante blanco y si utilicé el término “delincuentes”, lo hice en forma genérica. Pero en todo caso, si se toma el contexto general del reportaje se puede constatar fácilmente que mis precisiones responden a hipótesis y no a hechos definitivamente probados.
Lo que sí quise decir, y aprovecho la ocasión para expresarlo con total claridad, es que nuestra sociedad muchas veces juzga con mayor animosidad a los delincuentes de menor importancia en la organización delictiva y no tiene la misma vara para juzgar socialmente a aquellos que cometen delitos de guante blanco. En los casos en que se realizan procedimientos como los que nos ocupan, los presuntos delitos entran dentro de esta categoría y a eso me referí, pero en sentido genérico y como una expresión filosófica. De ningún modo mi intención implicó un prejuzgamiento, cosa que no me corresponde hacer, puesto que es a los jueces y en última instancia a la Suprema Corte de Justicia como Poder del Estado encargado de dictar justicia en la sociedad a quien le corresponde hacerlo.
En ningún caso he dicho que los clientes o las instituciones financieras que fueron objeto de los dos allanamientos realizados el pasado jueves 13 de junio, por parte del Juzgado Penal de 1er Turno Especializado en Crimen Organizado, fueran delincuentes de ningún tipo, ni de guante blanco, ni de ningún otro color. No lo dije porque no me corresponde calificar, porque no lo sé, y porque en todo caso, reitero, será la Justicia argentina o la Justicia uruguaya quien deba establecerlo.
Se hace referencia a un artículo proyectado que pretende “trasladar” facultades a un organismo de la Presidencia desde la UIAF. No es así. No se pretende seguir la experiencia de otros países que hacen depender a sus UIES de la Presidencia de la República. No se nos ocurriría cuestionar a la UIAF porque no corresponde hacerlo y siempre hemos trabajado confortablemente con esta Unidad y le tenemos una muy alta consideración. De lo que se trata es de fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Para eso fue creada la UIAF y nuestra Secretaría. No se pretende “trasladar” sino “sumar” e igualmente vamos a ser pocos.
En última instancia se me califica como “un funcionario que opina muy livianamente sobre su tarea y que no asume la responsabilidad que su función exige: saber manejar ese delicado equilibrio que debe haber en la lucha contra el lavado de dinero, sin por ello entrometerse en toda la actividad financiera de un país”.
Ingresé a la Administración Pública en el año 1967 y trabajo en el combate al lavado de activos desde que se inició el tema en el Uruguay, cuando me nombraron como auxiliar de la sede penal para la investigación del “Polar Cap” o “La Mina”, en el año 1990. En dicha oportunidad fueron lavados para Pablo Escobar 1.200 millones de dólares.
He inspeccionado, intervenido y allanado varios bancos que trabajaban con residentes y “offshore”. La mayoría de ellos ya no existen. Alguno todavía trabaja exitosamente. Jamás tuve un solo inconveniente y no han sido actuaciones fáciles.
No actúo con liviandad, simplemente actúo como auxiliar de la Justicia con la seriedad, humildad y responsabilidad que ello requiere.
Precisamente la única razón que han tenido mis intervenciones en la prensa (eso lo saben bien todos los periodistas que me han entrevistado, inclusive los de Búsqueda), ha sido defender lo actuado por los magistrados y sus auxiliares.
Soy de los que piensan que solamente la Suprema Corte de Justicia puede cuestionar a los jueces.
Para no extenderme más quisiera reafirmarle algo que es lo que me ha llevado a exponerme en los medios.
He tenido el privilegio de trabajar con todos los señores jueces y fiscales especializados en Crimen Organizado y con las distintas Direcciones del Ministerio del Interior afectadas al combate del crimen organizado.
Créame que con su capacidad técnica, con su compromiso y con su ética son un ejemplo y un orgullo para nuestro país. Los conozco bien.
Como ya lo he dicho: respaldo absolutamente lo actuado por los señores magistrados, la Policía y mis funcionarios. Es mi deber y me resulta un gran honor hacerlo.
Agradezco su espacio y con mi mayor consideración, le saludo atentamente,
Lic. Carlos Díaz Fraga
Secretario General
Secretaría Nacional Antilavado de Activos
Presidencia de la República
Teatro Solís
Sr. Director:
Mi nombre es Walter Bagnasco y vengo desempeñando el cargo interino de director del Teatro Solís desde enero del presente año. El motivo de esta carta es ejercer mi derecho de respuesta ante un artículo que saliera publicado en la última edición del 11 de setiembre pasado, sobre las supuestas denuncias realizadas en mi contra ante Adeom por el Comité de Base del Teatro.
De manera informal, hace más de dos meses, se me comunicó que una funcionaria, la Sra. Mercedes Olivera, estaba en desacuerdo con la manera en que yo había manejado una situación laboral con ella. Digo de manera informal, ya que la manera formal hubiera sido la presentación de una denuncia ante Salud Ocupacional de la Intendencia de Montevideo y su correspondiente tramitación, cosa que hasta el día de hoy no he sabido que se realizara.
Ante tal situación, luego de interesarme en el asunto como corresponde a mi cargo pero más aún a mi persona, llamé a mi despacho a la Sra. Mercedes Olivera. Le planteé la situación, en presencia de mi asistente, la Sra. Marianela Longres y la Sra. Norma Salvo, funcionaria también del Teatro Solís, enfocado especialmente a las disculpas —correspondieran o no— para poder seguir trabajando cordialmente como siempre lo hemos hecho. La Sra. Mercedes Olivera aceptó mis disculpas y entendí habíamos zanjado las diferencias y desarticulado un mal entendido.
Al poco tiempo de esta reunión —aproximadamente hace dos meses— recibí también a los delegados de Adeom en mi despecho del Teatro, donde mantuve una muy amigable reunión en la que me informan que había otros funcionarios que se manifestaron al Comité en desacuerdo con mi forma de trabajo. Les solicité que más que transmitirme estos temas, me vieran trabajar de modo de tener de primera mano la impresión de la manera de desempeñar mi función. No conozco ni reconozco incidente alguno con ningún otro empleado del Teatro ni formal ni informalmente en este momento pero mi posición nunca sería punitiva sino componedora. Por lo que me cuesta entender el anonimato adoptado.
Todo este asunto de la apreciación de mi manejo de alguna situación puntual en el Teatro es algo que sucedió hace varios meses ya y que en el momento, realmente, carece de fundamento presentarlo como noticia. Más que nada porque en la convivencia humana, muchos roces pueden ocurrir. Pero está en nosotros saber cómo hacer para que esos roces no entorpezcan la labor mayor que se nos pone en nuestras manos. Y, además de la tarea de Dirección General del Teatro Solís, buscar la manera de que nuestro trabajo resulte para beneficio de todos los montevideanos y que, dentro del Teatro, las relaciones sean lo más cordiales posibles, es una de mis mayores empresas.
No quiero terminar esta carta sin aclarar además que, de querer hablar conmigo —como lo ha hecho innumerables veces la revista Galería de su redacción; sin ir más lejos, se me realizó una nota el jueves pasado— se sirvan comunicarse con mi oficina en el Teatro (Tel. 1950 3323 Interno 105), o con mi celular que es 095720051 o soliciten una entrevista a mi e-mail.
Saludos cordiales,
Walter “Cacho” Bagnasco
Director General del Teatro Solís (i)
Imputabilidad penal y derecho a voto
Sr. Director:
El motivo de la presente es agregar información a la nota publicada en la edición de Búsqueda el pasado jueves 12, referida a la rebaja de la edad de imputabilidad penal. En el curso de la misma fueron citadas las opiniones de varios actores vinculados con el tema. Sin embargo, no se da cuenta de que en el Parlamento ya hay —desde el año 2011— un proyecto de ley que justamente procura evitar “la discriminación cívica” y que está a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. El referido proyecto —cuya iniciativa corresponde a quien suscribe— prevé modificaciones a varios artículos de la Constitución.
Cuando lo presentamos en el Parlamento, hace ya dos años, argumentamos que del reconocimiento de que a los 16 (dieciséis) años se es apto para tomar una decisión, derivan dos vertientes: la punitiva y la de los derechos. La consecuencia de la primera es la imputabilidad; la consecuencia de la segunda es el voto.
Somos conscientes de la complejidad de causas que conducen al menor a infringir la ley, así como del esfuerzo que el país ha realizado para promover políticas de protección social orientadas a corregir las inequidades en la distribución de la riqueza. Por eso, frente a estas circunstancias enfrentamos varios dilemas. Por un lado, cómo garantizar la convivencia social y la vigencia del Estado de derecho, en el cual el orden social reposa en la “adhesión” y “obediencia” al orden legal legítimo. Por otro, cómo interpretar las conductas que se apartan del respeto a la legalidad y cuando se trata de menores, cómo proteger ese capital futuro que es la juventud; cómo revertir los procesos de socialización que apartan al menor de sus derechos a una plena integración social. Todas estas interrogantes nos asaltan a la hora de enfrentar el tema de la rebaja de la edad de imputabilidad.
Por tanto, si ha de prosperar la iniciativa, si es opinión generalizada que debemos avanzar en ese sentido, con este proyecto de ley lo que proponemos es equilibrar sus consecuencias. De ese modo, los deberes y responsabilidades que se atribuyen deberán tener como contrapartida el reconocimiento del derecho al voto. Como se podrá advertir, el politólogo Oscar Bottinelli —citado en la referida nota— coincide en su comentario con la tesis que sostuvimos al presentar este proyecto de ley.
Esto significa que si se atribuye responsabilidad ante la infracción de la ley, se le está reconociendo capacidad para discernir, conciencia de las decisiones que se toman. Entonces, deberá reconocerse el mismo estatus frente al sufragio y la misma capacidad respecto a la más básica de las decisiones.
José Carlos Cardoso
Representante Nacional por Rocha
Partido Nacional
“Canal lateral argentino”
Sr. Director:
He leído con atención la carta remitida y publicada por ese semanario por parte del embajador Koncke donde alude a mi persona en reiteradas oportunidades.
Este diplomático, que sería designado representante permanente del Uruguay ante la ONU, en su nota ofrece dos aspectos, uno institucional y otro personal.
En lo institucional intenta rectificar algunas precisiones fácticas realizadas por el suscrito. Sostiene que se han aprobado una serie de acuerdos con Argentina, que pienso pueden en un futuro sumarse a los ya existentes por notas reversales no cumplidos por el gobierno de ese país, que la CARP adquirió de Riovía tres embarcaciones auxiliares, que ahora los canales de Martín García se están dragando en forma conjunta y que nunca se dio oficialmente el consentimiento para el canal lateral argentino.
El embajador Koncke aporta información valedera en algunos aspectos y contradictoria en otros. Por un lado sostiene que “la CARP y ambos países han venido realizando el mantenimiento del canal… con absoluta normalidad” y por el otro reconoce “que efectivamente la ANP se encuentra a cargo del dragado de mantenimiento del Martín García y el Servicio de Balizamiento de la Armada Nacional”.
Me quiere corregir cuando digo que el dragado lo efectúa exclusivamente nuestro país y termina reconociendo que ello es así…
Por otro lado sostiene que “ninguna instancia oficial uruguaya ha confirmado el presunto consentimiento” al trazado del canal lateral argentino y se pone en contradicción con el propio canciller Almagro, porque su aseveración no se concilia con lo manifestado por éste a “El Observador” del 29 de agosto pasado, donde sostuvo que se había dado “un consentimiento primario” condicionado a que se dragara el Canal Martín García a 36 pies.
De cualquier manera, considero positivo que la Cancillería rectifique cuando corresponde, admita que el dragado del canal Martín García lo hace la ANP y sobre todo que informe, como lo hace en su nota, el citado diplomático.
En lo personal, me sorprenden los calificativos que vierte sobre mi persona, atribuyéndome intenciones políticas y endilgándome afirmaciones que nunca he realizado.
Es entendible que se haya podido confundir y que haya incurrido en las contradicciones referidas, pero atribuir intenciones y afirmar que sostengo una posición que nunca he sostenido constituye, no solo una clara falta de respeto, sino además, una muy grave equivocación.
Lo de la intencionalidad política lo rechazo enérgicamente porque para mí siempre ha estado el Derecho por encima de la política y en cuanto a atribuirme que he sostenido que Uruguay puede actuar unilateralmente sin cumplir con el procedimiento previsto en los arts. 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay, ello constituye una falsedad impropia de un diplomático de su categoría.
Cuando el canciller Almagro se refirió a este punto, varios amigos me dijeron: “No puede ser que un canciller hable sin fundamento. Está hablando por ‘boca de ganso’”. Y resulta que ahora nos enteramos quién habría sido el que asesoró al señor canciller y lo llevó a cometer ese grave error.
No es correcta la afirmación que me atribuye el embajador Koncke, que pudo generar el equívoco del canciller. Nunca he sostenido que se puede prescindir del proceso y los plazos previstos en los arts. 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay del cual fui uno de los negociadores.
Además de mis publicaciones, me voy a referir a dos manifestaciones efectuadas a lo largo del tiempo por el suscrito. La más reciente, bajo el título “Experto: Vencidos plazos se decide”, en “El País” del 2 del corriente sostuve “que la sentencia de la Corte de la Haya de abril de 2010 establece claramente que vencidos los plazos de 30 días de conocimiento de la CARU y luego de 180 días de negociaciones directas, cada parte queda en libertad”.
La más antigua refiere al canal de Casas Blancas, donde en el acta Nº 7/96, del 23.8.1996, pág. 1.066, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, en mi condición de presidente de la delegación uruguaya, sostuve que, después de transcurridos los 30 días del art. 7º, “el artículo 8º del Estatuto del Río Uruguay establece un plazo de seis meses y si dentro de esos seis meses no hubiera respuesta, establece que se pueden llevar a cabo las obras”.
Siempre he pensado lo mismo y desafío al citado diplomático para que pruebe lo contrario presentando un trabajo de mi autoría con el criterio que me adjudica.
Para terminar, tenía un buen concepto del embajador Koncke, cuyo anterior destino fue como cónsul en Santiago de Compostela, pero pienso que los cargos jerárquicos que ha ejercido, últimamente, lo han mareado y que ha extraviado el camino al atribuirme una posición que nunca he sostenido y que, incluso, podría haber inducido en error al mismo canciller.
Por otra parte, pretender descalificarme en base a falsedades me plantea la interrogante de si está en condiciones de representar a nuestro país ante la ONU con la responsabilidad, la moderación y la experiencia necesarias a fin de garantizarle al Uruguay el prestigio que ha adquirido, ante ese máximo organismo internacional, a través de gestiones brillantes como la del Dr. Didier Opertti cuando fue presidente de la Asamblea General del mismo, cuando el cargo para el cual sería designado fue desempeñado por personalidades de la talla de Carlos Giambruno, Felipe Paolillo, Julio César Lupinacci y el que ha seguido adquiriendo con la excelente labor desarrollada por el embajador José Luis Cancela que desempeña actualmente esa responsabilidad.
Dr. Edison González Lapeyre
CI 662.864-2
